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El escándalo político-judicial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el más grave caso de corrupción en el gobierno Petro, fue ejecutado por unos funcionarios cercanos al presidente que crearon una sociedad criminal con varios congresistas. Estos habrían hecho, de la oposición al Ejecutivo, un gran negocio: recibirían mucho dinero proveniente de las arcas oficiales a cambio de votar a favor de los proyectos y programas de la administración. De la banda de cuello blanco así conformada solo ha sido condenado el exsubdirector Sneyder Pinilla, de la UNGRD; el exdirector Olmedo López estaría a punto de llegar a un preacuerdo; la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, fue privada de la libertad; los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, además del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, son indagados aunque sus investigaciones se encuentran en etapa inicial. Y del lado del Capitolio, los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name, del Verde, y Andrés Calle, liberal, permanecen en reclusión mientras se adelantan los procesos. Otros cinco parlamentarios fueron vinculados por la Corte Suprema: Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Astrith Manrique (ver). Se trata, pues, de una gran derrota a la moralidad pública, un desastre para el primer gobierno de izquierda en Colombia.
Ahora bien, la justicia, para ser equitativa, tiene que aplicarse en tiempo presente y en tiempo pasado: no debe moverse de acuerdo con las circunstancias políticas ni según las presiones de los grupos de poder. Lastimosamente, Fiscalía y Corte Suprema parecen bailar al ritmo de la popularidad. En la actualidad, casi nadie se acuerda de “las marionetas”, nombre con que se conoció la red corrosiva a la que pertenecieron funcionarios de la administración Duque ubicados en la misma UNGRD que se cuestiona ahora y, también, en el SENA y el Ministerio de Transporte. Ellos se convirtieron en compinches del senador liberal Mario Castaño, de varios miembros de su UTL en el Congreso, y de alcaldes de unos municipios con quienes se repartían porcentajes de los recursos de la Nación que distribuían en contratos de obra que se autoadjudicaron. Así se apropiaron de $60 mil millones (ver). “En las 3.535 llamadas interceptadas aparecen mencionados ministros, gobernadores, congresistas, contralor, procuradora general y hasta la mamá del expresidente Iván Duque” (ver). Aparte del condenado excongresista Castaño (fallecido), y de algunos de sus subalternos y mandatarios de pequeños pueblos que fueron sentenciados, no hubo ministro, gobernador, congresista, ni mucho menos el contralor general o la procuradora Cabello que fueran entrevistados por la Fiscalía o por la Corte Suprema para descartar o comprobar su compromiso con esos hechos ominosos.
En el mismo cuatrienio Duque se reprodujeron “las marionetas” silenciosamente. Paralelo al esquema del corrupto Mario Castaño, se desarrollaba el del héroe del Senado uribista, Ciro Ramírez, representante del Centro Democrático entre 2014 y 2018 y su senador entre 2018 y 2026. Este salió hace una semana de la cárcel La Picota derecho al Salón Elíptico para aportar uno de los dos votos que tumbó la consulta popular después de ser beneficiario de su reposesión inmediata como congresista (en menos de 24 horas) ordenada por el pulquérrimo presidente del Congreso, senador conservador Efraín Cepeda. “Pude demostrar mi inocencia” dijo Ramírez y añadió que “el juicio se acabó” (ver). Consultada la Corte por esta columnista, indicó que las afirmaciones del procesado son falsas: todavía falta, casi nada, la sentencia que lo absolverá o condenará. Entre tanto, hay muchas pruebas en su contra. De acuerdo con las que obran en el expediente, Alejandro Noreña Castro, uno de los lobistas principales del corrupto Mario Castaño, hizo que le presentaran a Ciro Ramírez y le propuso opíparo negocio para ejecutar con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) de la era Duque, dirigido, en contratación, por Pierre García, un excongresista del Centro Democrático cercano a Duque. García salió del país antes de que los jueces lo llamaran. Entre Ciro Ramírez, Pierre García, el lobista Noreña y directivos de la empresa de la gobernación de Quindío, Proyecta, ingeniaron un convenio de más de $48 mil millones de los cuales alrededor de $24 mil millones debían ir a parar a los contratistas señalados por Ramírez (ver). Aparte del funcionario Pierre García y del senador Ramírez, “presuntamente se concertaron (en la misma empresa criminal), los senadores Miguel Ángel Barreto (conservador) y Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical); Julio César García, candidato uribista a la Cámara; Katherine Rivera, enlace de Ciro Ramírez; Óscar Leyton, enlace del senador Barreto; Giancarlo Storino, enlace del senador Motoa y John Jairo Tejada, enlace del candidato García”(ver). Obviamente la fiscalía Barbosa no estaba muy interesada en adelantar investigaciones ni en compulsar copias contra oficiales o congresistas de Duque. Veremos si la fiscal Camargo y la Corte Suprema llevan a juicio a los corruptos de la UNGRD, del DPS y demás entidades de este gobierno y del de Duque. Sabremos, entonces, si trabajan para la justicia o si solo lo hacen para la galería aplastante de la política.
