En medio de la barahúnda política que soporta Colombia por los anuncios disruptivos del Gobierno y la alocada reacción de quienes creen que hay que “tumbar ya” al presidente recién posesionado, se informó la semana pasada, pero sin darle la dimensión que tiene como lección de ética pública, la decisión de la Corte Suprema de inhibirse de abrir investigación por unos hechos penales supuestamente cometidos durante la campaña electoral que llevó a Petro a la Casa de Nariño. Este caso judicial tuvo su origen en denuncias formuladas después de la publicación, en la revista de los banqueros Gilinski, de apartes de conversaciones internas entre los miembros del equipo de Petro, de este mismo y de su esposa, de los cuales se deduciría la comisión de varios delitos. El contenido de tales conversaciones fue grabado en miles de horas de audio y video por alguien cuya identidad no ha sido establecida pero quien, evidentemente, logró infiltrarse en el petrismo profundo para intentar “explotarlo” desde adentro. O para hacerlo implosionar, como se dice en lenguaje actual.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
El destinatario de tales grabaciones era obvio: el medio Gilinski, que los billonarios con ese apellido compraron en un santiamén para comprar, a su vez, opiniones, conciencias y favores; y, claro, para hacer política e influir en las elecciones. Ni más faltaba que quienes adquieren corporaciones, aseguradoras, bancos y cementeras no puedan incidir en la preselección, a su gusto, del triunfador presidencial. Y ellos ya habían escogido como su favorito a Federico Gutiérrez, proclive a satisfacer sus ambiciones, o, cuando este se quedó en el camino, a Rodolfo Hernández, un desquiciado sospechoso de incurrir en actos de corrupción pero, justo por eso, maleable en sus manos. Apenas faltaba una semana para la votación de segunda vuelta cuando tembló el establecimiento con un gran titular: “Petrovideos. Aquí está la mayor filtración que devela lo más deleznable de la política colombiana desde los narcocasetes y el 8.000”. El subtítulo también escandalizaba: “Estas son, una a una, las historias que sacaron a la luz las horas de grabaciones de las reuniones de la campaña de Gustavo Petro”. El efecto bombazo en el ánimo de los electores, días antes de ir a las urnas, no podía fallar porque los fragmentos de las charlas internas de los miembros del Pacto Histórico, tomados con pinzas, sacaban a relucir lo peor de sus estrategias y exhibían una campaña dedicada a destruir a sus contradictores con armas sucias e ilegítimas.
El candidato del Pacto, que, en ese momento, avanzaba en índices de favorabilidad en las encuestas pero que era seguido, de cerca, por un opositor ignorante que, sin embargo, encontró respaldo en lo más granado de la sociedad, respondió el golpe con un trino rápido, seguro del daño que podrían hacerle a su candidatura semejantes revelaciones. Su texto toma hoy actualidad: “Está desesperada la revista Semana con el ascenso en nuestras encuestas. Está publicando simplemente la evidencia de que nos grabaron ilegalmente. ¿Quiénes? Los mismos que le entregaron las grabaciones: el Gobierno (Duque). Un Watergate que debe ser investigado por una comisión independiente”. Pero la cosa no era tan sencilla: la derecha, alborotada con el escándalo que podría liquidar a quien la iba a derrotar, interpuso denuncias penales. Sin ninguna vergüenza, aun cuando fuera por aparentar recato, la esposa de Rodolfo Hernández, Socorro Oliveros, denunció al propio Petro y a los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti. Por razones de competencia, la denuncia contra el presidente pasó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes; la de Benedetti, quien dejó de ser congresista, a la Fiscalía. Y la Sala de Instrucción retuvo la de Roy Barreras de quien la esposa de Hernández aseguró que era sospechoso de haber incurrido en delitos relacionados con aportes ilegales (de dinero) a la campaña. Pues bien, la Sala concluyó que, además de que no existe ninguna evidencia de que Barreras tuviera alguna relación con dineros de la campaña, los videos “publicados el 9 de junio del presente año ... (y) referenciados mediáticamente como «petrovideos»” son “ilícitos” y, por tanto, no constituyen prueba judicial válida. “La Sala concluye la ilicitud en la obtención del video que sustenta la denuncia a causa de la intromisión en el entorno social revestido de la prerrogativa a la intimidad donde se desarrolló la reunión...”. La Corte, sin pretenderlo, ha puesto en su sitio a quienes han revuelto —con intereses protervos— las tareas políticas, electorales, económicas y las periodísticas que solo se deben a la gente.
