Visbal Martelo: un victimario, no una víctima

Agalludo: “avariento”; avaricia: “afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas” (RAE). Los dos términos definen, aunque sin suficiencia, a Jorge Visbal Martelo, exvocero de los ganaderos más influyentes del país, asociados en la nunca bien analizada Fedegán que le debe muchas explicaciones a la sociedad sobre sus políticas y alianzas, empezando por él mismo. Lo último que supo Colombia sobre el expresidente de esa federación es que este pobre de solemnidad, que no tiene nadita que comer, será indemnizado por el Estado; en concreto, por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas que se creó, como su nombre lo indica, para resarcir a las víctimas desvalidas del conflicto armado. No a los ricos ni a los victimarios, desde luego. Y el señor Visbal tiene estas dos condiciones, de acuerdo con los fallos que lo condenan y con las noticias que se publican sobre sus actos.

Sin embargo, este personaje nunca se sacia y jamás deja de pedir como si fuera limosnero: estén seguros de que su expediente no apareció de buenas a primeras encima del escritorio del director de Reparación —el firmón de la resolución que lo favorece—, entre los miles de documentos de nueve millones de personas registradas en esa Unidad, con similares aspiraciones de indemnización pero sin expectativa de obtenerla alguna vez. Contrario a lo que ocurre con los desesperanzados, el expresidente de los ganaderos parece contar con poderosos que lo protegen desde la sombra.

El asesor de la Unidad de Víctimas, John Vladimir Martín Ramos, lo explicó de manera cínica: “En el año 2014 la entidad recibió una declaración que contiene la narración sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que, en particular, el señor Visbal rindió ante la Personería de Bogotá; esa declaración ... fue remitida por la Personería a la Unidad para las Víctimas; la Unidad valoró esa información, la contrastó y encontró que lo narrado coincide con la definición de víctima que trae la ley...”. O sea, un acto meramente formal. Y punto. Entonces, se le preguntó, ¿no importa que haya sido condenado como victimario? Su respuesta: “La Unidad no es una autoridad judicial y no le corresponde determinar ... si una persona que está incluida en (nuestro) registro está inmersa en investigaciones penales o en procesos judiciales...” (ver).

Así, sin disimulo, el señor Visbal pasó, oficialmente, de victimario, aliado de asesinos y de despojadores de campesinos a víctima con derecho a recibir dineros públicos para él y su familia. Un repaso por su miserable existencia da idea de quién es: en 2004, después de 13 años de haber representado a Fedegán, este gremio también lo indemnizó por sacarlo de su puesto. Vaya usted a saber qué había por ocultar para que los ganaderos aceptaran entregarle a quien en ese entonces declaraba ante la DIAN que poseía bienes por $4.154 millones la generosa suma de $1.512 millones que distribuyeron en una camioneta de $65 millones valorada en el triple de esa cifra; $580 millones como “pensión extralegal” que se le entregarían en cuotas mensuales de $6 millones hasta 2012 cuando cumpliría edad de pensión reglamentaria; bonificaciones por $788 millones que debía consignarle Fedegán desde Miami (en un operación oscura) a una de sus cuentas bancarias en Islas Caimán, vía Panamá, en dólares (US$300.000 de la época), y $79 millones por la conciliación “amistosa”. Para entonces, Visbal declaraba un salario de $8 millones cuando devengaba $24 millones que recibía en cuentas de otras personas, seguramente para evadir impuestos (ver).

Esta “víctima” paupérrima, contrario a lo que les sucede a las otras 8’999.999 anotadas en la Unidad, cae parada: en cuanto salió de la agremiación de sus amigos con una fortuna considerable, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, lo envió a residir en Canadá con sueldo, casa y vehículo de embajador durante dos años largos; entró al Congreso como senador en 2007 y solo 24 meses después, en 2009, renunció para evitar que la Corte Suprema lo investigara penalmente por sus nexos con las bandas narcoparamilitares. La Fiscalía lo procesó y lo acusó, pero en el entretanto el Gobierno Santos lo volvió a elevar a la categoría de diplomático en Perú con casa, carro y sueldo en dólares. Regresó de Lima cuando le dictaron orden de captura. La Fiscalía logró su condena a nueve años en prisión por concierto para delinquir, solo en 2018. Ese mismo año un tribunal superior ratificó la pena. Y cuando la Corte Suprema se aprestaba a examinarla, Visbal hizo otra jugadita para poder insistir en que no existe sentencia definitiva en su contra: solicitó su ingreso a la JEP como actor o conocedor de delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado. Ah, pero en el interregno intentó obtener otra pensión como congresista a pesar de que solo fue al Senado dos años. Mancuso y alias Don Berna, testigos principales de “la afinidad ideológica” de Visbal Martelo con ellos; de sus “constantes reuniones con las autodefensas en las fincas La 7, La 21 y La 53, todas en la zona de Córdoba”, en donde Fedegán “representada por Visbal coadyuvó a la financiación del grupo armado ilegal pagando cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad”; los asesinos Mancuso y Don Berna, repito, han soportado los asesinatos de sus familiares más cercanos. Pero no por eso pretenden reclamarles al Estado y a la Unidad de Víctimas que los reconozcan como tales: siguen siendo victimarios. Tal como el expresidente de Fedegán quien alega que dos de sus parientes fueron secuestrados por la guerrilla. Vivir para asombrarse.