SI EL EXAMEN JURÍDICO DEL COMportamiento de Yidis Medina tiene al Presidente al borde de romper el sistema democrático del país, ¿qué pasaría si la Corte Suprema revisara la conducta de los 71 congresistas que presentaron su impedimento para votar la reforma de la reelección? Como todo el mundo sabe, pero pocos desean recordar, la reelección de Álvaro Uribe se aprobó en el Parlamento con el quórum y los votos del 97% de los “impedidos” y fue declarada, pese a ello, constitucional por la Corte respectiva.
Destapados los verdaderos motivos que llevaron a Medina a cambiar su voto, es imposible que la Corte Constitucional, por muy amistosa que quiera ser con el Presidente, no mire con otros ojos, tal vez avergonzados, lo que en su momento fue incapaz de analizar. El informe del domingo pasado de El Espectador, ‘El carrusel de los impedimentos’, hizo rememorar lo que sucedió. Observado desde esta óptica, el asunto Yidis que tiene tan descompensado al Mandatario parece sólo una pequeña muestra de la monumental irregularidad en la que se fundamentó la reelección presidencial.
El magistrado Jaime Córdoba Triviño —“casualmente” cuestionado hoy por un narco de la peor laya—, dio una árida pelea en el tribunal constitucional por considerar ilegítima una reforma (la de la reelección) tramitada en un debate en “menos de 24 segundos” por manipulación del presidente de la Cámara, y aprobada en buena medida por “congresistas que burlaron el régimen de conflicto de intereses con el único fin de poder participar en dicha votación”. En efecto, a pupitrazo limpio decidieron que todos eran aptos para integrar el quórum mediante un remedo de acto democrático que un país desarrollado no se hubiera tragado: cada uno votaba negando el impedimento de los otros, antes de que el suyo fuera votado. Traducido en lenguaje llano, esto es: “Yo no estoy impedido y tú tampoco lo estás”. Nadie niega que la operación carrusel se apalancó desde Palacio. Por simple curiosidad reparemos en la lista y sus conflictos de interés:
• Por tener familiares cercanos en cargos del Gobierno, líderes de la coalición uribista: Carlos Holguín, Mauricio Pimiento, Álvaro Araújo, Carlos García, Álvaro García, José Renán Trujillo, Alfredo Cuello Baute, entre otros.
• Por tener uno o más parientes en embajadas y consulados, 19 congresistas: Enrique Gómez Hurtado, Piedad Zuccardi, Salomón Saade, Jairo Clopatofsky, Nancy Patricia Gutiérrez, Zulema Jattin, Alfonso Angarita, entre otros.
• Por tener familiares notarios: Mario Salomón Náder, Jorge Hernando Pedraza.
• Por tener parientes en puestos del Ministerio de Protección Social o sus dependencias: 12, entre ellos Hernán Andrade, Flor Gnecco, William Montes, Adalberto Jaimes, Sandra Ceballos.
Aunque nadie lo escuchó, Jaime Córdoba salvó su voto. Otros dos magistrados también lo hicieron, por razones de fondo. Pero la mayoría de la sala plena fue sorda y muda, y gracias a su sometimiento al poder político, ahora estamos al borde de la ruptura institucional. La historia lo registrará. El “paquete básico” del que habló Yidis en una de sus declaraciones, según la cual la oferta del Gobierno a los congresistas para que apoyaran la reelección consistía en un combo compuesto por: dirección de hospital, consulado y notaría, no parece ciencia ficción después de leer con detenimiento los abultados conflictos de interés de quienes nunca debieron votar. Si una reforma aprobada con la fórmula del “yo con yo” no es antidemocrática, entonces digan qué lo es.
SI EL EXAMEN JURÍDICO DEL COMportamiento de Yidis Medina tiene al Presidente al borde de romper el sistema democrático del país, ¿qué pasaría si la Corte Suprema revisara la conducta de los 71 congresistas que presentaron su impedimento para votar la reforma de la reelección? Como todo el mundo sabe, pero pocos desean recordar, la reelección de Álvaro Uribe se aprobó en el Parlamento con el quórum y los votos del 97% de los “impedidos” y fue declarada, pese a ello, constitucional por la Corte respectiva.
Destapados los verdaderos motivos que llevaron a Medina a cambiar su voto, es imposible que la Corte Constitucional, por muy amistosa que quiera ser con el Presidente, no mire con otros ojos, tal vez avergonzados, lo que en su momento fue incapaz de analizar. El informe del domingo pasado de El Espectador, ‘El carrusel de los impedimentos’, hizo rememorar lo que sucedió. Observado desde esta óptica, el asunto Yidis que tiene tan descompensado al Mandatario parece sólo una pequeña muestra de la monumental irregularidad en la que se fundamentó la reelección presidencial.
El magistrado Jaime Córdoba Triviño —“casualmente” cuestionado hoy por un narco de la peor laya—, dio una árida pelea en el tribunal constitucional por considerar ilegítima una reforma (la de la reelección) tramitada en un debate en “menos de 24 segundos” por manipulación del presidente de la Cámara, y aprobada en buena medida por “congresistas que burlaron el régimen de conflicto de intereses con el único fin de poder participar en dicha votación”. En efecto, a pupitrazo limpio decidieron que todos eran aptos para integrar el quórum mediante un remedo de acto democrático que un país desarrollado no se hubiera tragado: cada uno votaba negando el impedimento de los otros, antes de que el suyo fuera votado. Traducido en lenguaje llano, esto es: “Yo no estoy impedido y tú tampoco lo estás”. Nadie niega que la operación carrusel se apalancó desde Palacio. Por simple curiosidad reparemos en la lista y sus conflictos de interés:
• Por tener familiares cercanos en cargos del Gobierno, líderes de la coalición uribista: Carlos Holguín, Mauricio Pimiento, Álvaro Araújo, Carlos García, Álvaro García, José Renán Trujillo, Alfredo Cuello Baute, entre otros.
• Por tener uno o más parientes en embajadas y consulados, 19 congresistas: Enrique Gómez Hurtado, Piedad Zuccardi, Salomón Saade, Jairo Clopatofsky, Nancy Patricia Gutiérrez, Zulema Jattin, Alfonso Angarita, entre otros.
• Por tener familiares notarios: Mario Salomón Náder, Jorge Hernando Pedraza.
• Por tener parientes en puestos del Ministerio de Protección Social o sus dependencias: 12, entre ellos Hernán Andrade, Flor Gnecco, William Montes, Adalberto Jaimes, Sandra Ceballos.
Aunque nadie lo escuchó, Jaime Córdoba salvó su voto. Otros dos magistrados también lo hicieron, por razones de fondo. Pero la mayoría de la sala plena fue sorda y muda, y gracias a su sometimiento al poder político, ahora estamos al borde de la ruptura institucional. La historia lo registrará. El “paquete básico” del que habló Yidis en una de sus declaraciones, según la cual la oferta del Gobierno a los congresistas para que apoyaran la reelección consistía en un combo compuesto por: dirección de hospital, consulado y notaría, no parece ciencia ficción después de leer con detenimiento los abultados conflictos de interés de quienes nunca debieron votar. Si una reforma aprobada con la fórmula del “yo con yo” no es antidemocrática, entonces digan qué lo es.