Perdida entre las fiestas de fin de año, a los periodistas se nos coló una noticia grave relacionada con la inmoralidad en que ha caído la justicia: un alto miembro de la Fiscalía, Róbinson Sanabria Baracaldo, jefe de la Unidad de Investigación de funcionarios de la Rama Judicial, o sea, el máximo responsable de los procesos que se adelantan contra jueces y auxiliares corruptos, fue destituido o, en términos más diplomáticos, declarado insubsistente por el fiscal Montealegre, por sospecha de corrupción.
Como quien dice, ¡un presunto corrupto investigando la corrupción de otros!
Sanabria era supervisor de los fiscales que se meten al barro a buscar pruebas y evidencias. Entre estos también hay venalidad, pero existen otros que sacan la cara por su honor y el del país, y que terminan siendo víctimas de un jefe sin principios. Como puede haberle sucedido a la fiscal que tiene —¿o tenía?— el proceso de los 11 jueces y auxiliares capturados en el complejo de Paloquemao por haber conformado un cartel de cobro de fallos, reparto amañado de procesos, órdenes ilegales de libertad y tráfico de cupos en las cárceles. Por fortuna, la secretaria de uno de esos jueces, Ricardo del Cristo Rodríguez, decidió revelar la forma en que operaban. Contó que su jefe le ofreció a la esposa de un condenado el traslado de su marido, de la cárcel La Picota a una del pueblo en que creció. El trámite fue sencillo: el juez visitó la oficina del centro Gran Estación, de su amigo Rubiel Sabogal, contralor intersectorial de Sandra Morelli, para pedirle el favorcito. Sabogal había trabajado en el Inpec. Según la declarante, ambos —juez Rodríguez y contralor Sabogal— cobraron $13 millones por “ayudar” al prisionero. El carrusel de sus delitos continuó. El vivo Sabogal le ofreció al juez Rodríguez un trueque: este dejaba en libertad a una exalcaldesa de Guaduas (Cund.) involucrada en un contrato ilegítimo, y él, Sabogal, haría nombrar en la Contraloría a la hija y al yerno del juez.
La historia se torna más atractiva: entran en escena, de acuerdo con la secretaria testigo de los hechos, el imponderable magistrado Angelino Lizcano, del Consejo Superior de la Judicatura, y Xiomara Villota, magistrada auxiliar de otro prócer de la justicia y colega de Lizcano, Pedro Sanabria. El juez Rodríguez cumplió su parte: revocó la medida de aseguramiento de la exalcaldesa Doris Acero de Vera. Pero no por nada. Llamó a Lizcano a pedirle que lo incluyera en la lista para ser ascendido a magistrado en Barranquilla. Y viene el clímax: la secretaria empezó a ser acosada por todos los flancos. Recibió visita de la fiscal 56, Olga Tristancho, delegada ante el tribunal donde se tramita el caso Paloquemao, para que se retractara. Y fue denunciada por calumnia por el magistrado Lizcano quien obtuvo, mágicamente, copia de la declaración que lo involucraba.
Los ataques en contra del proceso continuaron. Provenían del despacho —y aquí se unen las dos tramas— de Róbinson Sanabria, ficha de… Angelino Lizcano, a quien le debe su carrera y sus puestos desde cuando se conocieron en su oriundo Caquetá. Sorpresa: Sanabria fue magistrado auxiliar de la Judicatura como cuota de Lizcano, lo que explica que el primero hubiera querido entorpecer el proceso de Paloquemao en que se mencionaba a su mentor. También explica el cierre, a favor de Sanabria, de una queja disciplinaria de septiembre de 2011 por haber manipulado una acción de tutela, que cayó, por arte del más allá, entre las que examinaría Lizcano. Esta versión de la justicia corrupta es una variedad con respecto a las anteriores: yo te cierro investigaciones, tú no permites que me investiguen. Sanabria fue despedido en diciembre de la Fiscalía por haber pedido la suspensión de un operativo del CTI utilizando, falsamente, el nombre de Eduardo Montealegre y de otros personajes. Muy bien que este individuo haya sido extirpado del ente investigador pero ¿quién influyó en su nombramiento?
