En la encíclica Laudato Si, el papa Francisco sentencia que “la economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano” (LS num. 109).
El papa se refiere a la rentabilidad privada, esto es, al flujo de beneficios menos costos directos (ponderados por riesgo) del proyecto con respecto a lo que se invierte para desarrollarlo, todos medidos a precios de mercado. Esa evaluación es lo que el inversionista privado considera antes de realizar su inversión.
No es la única manera de estimar la rentabilidad de un proyecto. Si se consideran el flujo de beneficios menos costos directos, ponderados por riesgo, más los beneficios y costos indirectos (fundamentalmente los que se conocen como externalidades), y se miden a los precios sombra de los factores o cuasi factores, lo que se estima es la rentabilidad social del proyecto que es la que interesa a la sociedad. El ejercicio se conoce como evaluación social del proyecto. Los precios sombra, también llamados precios sociales, representan los verdaderos costos de oportunidad de dichos factores, y emergen por la existencia en la economía de distorsiones y fallas de mercado (por ejemplo, carteles y externalidades, respectivamente).
Por ejemplo, en el caso de una curtiembre, en términos simplificados, los beneficios directos son la venta de las pieles curadas, los costos directos están dados por el costo de la mano de obra y de los químicos empleados en la producción, y los costos indirectos corresponden a la contaminación (las externalidades negativas) de las aguas del río donde se vierten los contaminantes.
Por su parte, dada la existencia de exportaciones ilegales e indeseables, la tasa de cambio usualmente se encuentra revaluada y, por lo tanto, el correspondiente precio sombra tiende a ser mayor que la tasa de mercado. En cambio, dado que, según el Banco de la República, los mercados de crédito de consumo y de vivienda funcionan casi como un cartel y el resto en competencia monopolística, la tasa de interés es muy elevada, más que las internacionales, y la tasa de interés sombra es correspondientemente mucho menor.
La ausencia de una medición de la rentabilidad social de los proyectos, por ejemplo, la desconsideración de los costos indirectos (contaminación ambiental) en la estimación de la rentabilidad de la producción de hidrocarburos, su refinación y uso como combustible, y la subsecuente ausencia de medidas de política que se habrían derivado del conocimiento de los resultados de esa evaluación social, condujo a que la emisión de dióxido de carbono más que se triplicara entre 1960 y 2014 con las consecuencias conocidas sobre el cambio climático.
Conscientes de ese problema, en diciembre de 2016, 195 países firmaron el Acuerdo de París que representa un acuerdo de cooperación multilateral para limitar el aumento de la temperatura de la Tierra. El único país que quedó fuera del Acuerdo fue Estados Unidos, que lo abandonó por decisión del presidente Trump.
El Acuerdo está conduciendo a la emergencia de energías limpias: solar, eólica, e hídrica, a la eliminación del uso del carbón térmico para la generación de energía (Alemania indicó que cerrará sus plantas térmicas en 2020; Francia, en 2021 y, así sucesivamente, los otros países europeos) y a la eliminación de la producción de petróleos pesados (como los que produce Colombia) por la inminente sustitución masiva de vehículos que usan combustible fósil por vehículos eléctricos que, según Bloomberg, llegarán a ser más baratos entre los años 2025-2030 (ya lo son actualmente en términos de mantenimiento).
Ello, a su vez, ha inducido a que el principal exportador mundial de petróleo, Arabia Saudita, haya emprendido un ambicioso plan para transformar su economía y eliminar su dependencia del petróleo en 2020. En este contexto, Colombia, que depende fuertemente de sus exportaciones de petróleo y carbón, debería emprender, ojalá más temprano que tarde, la trasformación de su estructura productiva y de su matriz energética.
Todo ello conduce a retomar la evaluación social de los proyectos de inversión propuesta por los economistas del desarrollo en las décadas de los años 50 y 60 y olvidada convenientemente a partir de los años 90 del siglo pasado. Con la liberalización y la apertura de los mercados se supuso que la mayor parte de las distorsiones y fallas de mercado desaparecerían, que no fue cierto, con lo cual se habría juzgado que la evaluación social de proyectos ya no era necesaria, y se dejó de enseñar en casi en todas las universidades en el mundo. La usaba el Banco Mundial (la abandonó para realizar lo que se conoce como evaluación de impacto de los proyectos). Desde hace pocos años, la considera nuevamente el Banco Europeo de Desarrollo para todos los proyectos que financia.
Lo cual sugiere la conveniencia de volver a enseñar cómo realizar una evaluación social de un proyecto, responsabilidad de las universidades. Por otro lado, no deberían otorgarse financiamiento ni licencias a los proyectos de inversión que cuenten con una evaluación social negativa, regulación ciertamente responsabilidad de las autoridades del Estado.
Al respecto conviene recordar otra sentencia del papa Francisco: “Sólo podría considerarse ético un comportamiento en el cual «los costes económicos y sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente y sean sufragados totalmente por aquellos que se benefician, y no por otros o por las futuras generaciones»” (LS num. 195).
En la encíclica Laudato Si, el papa Francisco sentencia que “la economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano” (LS num. 109).
El papa se refiere a la rentabilidad privada, esto es, al flujo de beneficios menos costos directos (ponderados por riesgo) del proyecto con respecto a lo que se invierte para desarrollarlo, todos medidos a precios de mercado. Esa evaluación es lo que el inversionista privado considera antes de realizar su inversión.
No es la única manera de estimar la rentabilidad de un proyecto. Si se consideran el flujo de beneficios menos costos directos, ponderados por riesgo, más los beneficios y costos indirectos (fundamentalmente los que se conocen como externalidades), y se miden a los precios sombra de los factores o cuasi factores, lo que se estima es la rentabilidad social del proyecto que es la que interesa a la sociedad. El ejercicio se conoce como evaluación social del proyecto. Los precios sombra, también llamados precios sociales, representan los verdaderos costos de oportunidad de dichos factores, y emergen por la existencia en la economía de distorsiones y fallas de mercado (por ejemplo, carteles y externalidades, respectivamente).
Por ejemplo, en el caso de una curtiembre, en términos simplificados, los beneficios directos son la venta de las pieles curadas, los costos directos están dados por el costo de la mano de obra y de los químicos empleados en la producción, y los costos indirectos corresponden a la contaminación (las externalidades negativas) de las aguas del río donde se vierten los contaminantes.
Por su parte, dada la existencia de exportaciones ilegales e indeseables, la tasa de cambio usualmente se encuentra revaluada y, por lo tanto, el correspondiente precio sombra tiende a ser mayor que la tasa de mercado. En cambio, dado que, según el Banco de la República, los mercados de crédito de consumo y de vivienda funcionan casi como un cartel y el resto en competencia monopolística, la tasa de interés es muy elevada, más que las internacionales, y la tasa de interés sombra es correspondientemente mucho menor.
La ausencia de una medición de la rentabilidad social de los proyectos, por ejemplo, la desconsideración de los costos indirectos (contaminación ambiental) en la estimación de la rentabilidad de la producción de hidrocarburos, su refinación y uso como combustible, y la subsecuente ausencia de medidas de política que se habrían derivado del conocimiento de los resultados de esa evaluación social, condujo a que la emisión de dióxido de carbono más que se triplicara entre 1960 y 2014 con las consecuencias conocidas sobre el cambio climático.
Conscientes de ese problema, en diciembre de 2016, 195 países firmaron el Acuerdo de París que representa un acuerdo de cooperación multilateral para limitar el aumento de la temperatura de la Tierra. El único país que quedó fuera del Acuerdo fue Estados Unidos, que lo abandonó por decisión del presidente Trump.
El Acuerdo está conduciendo a la emergencia de energías limpias: solar, eólica, e hídrica, a la eliminación del uso del carbón térmico para la generación de energía (Alemania indicó que cerrará sus plantas térmicas en 2020; Francia, en 2021 y, así sucesivamente, los otros países europeos) y a la eliminación de la producción de petróleos pesados (como los que produce Colombia) por la inminente sustitución masiva de vehículos que usan combustible fósil por vehículos eléctricos que, según Bloomberg, llegarán a ser más baratos entre los años 2025-2030 (ya lo son actualmente en términos de mantenimiento).
Ello, a su vez, ha inducido a que el principal exportador mundial de petróleo, Arabia Saudita, haya emprendido un ambicioso plan para transformar su economía y eliminar su dependencia del petróleo en 2020. En este contexto, Colombia, que depende fuertemente de sus exportaciones de petróleo y carbón, debería emprender, ojalá más temprano que tarde, la trasformación de su estructura productiva y de su matriz energética.
Todo ello conduce a retomar la evaluación social de los proyectos de inversión propuesta por los economistas del desarrollo en las décadas de los años 50 y 60 y olvidada convenientemente a partir de los años 90 del siglo pasado. Con la liberalización y la apertura de los mercados se supuso que la mayor parte de las distorsiones y fallas de mercado desaparecerían, que no fue cierto, con lo cual se habría juzgado que la evaluación social de proyectos ya no era necesaria, y se dejó de enseñar en casi en todas las universidades en el mundo. La usaba el Banco Mundial (la abandonó para realizar lo que se conoce como evaluación de impacto de los proyectos). Desde hace pocos años, la considera nuevamente el Banco Europeo de Desarrollo para todos los proyectos que financia.
Lo cual sugiere la conveniencia de volver a enseñar cómo realizar una evaluación social de un proyecto, responsabilidad de las universidades. Por otro lado, no deberían otorgarse financiamiento ni licencias a los proyectos de inversión que cuenten con una evaluación social negativa, regulación ciertamente responsabilidad de las autoridades del Estado.
Al respecto conviene recordar otra sentencia del papa Francisco: “Sólo podría considerarse ético un comportamiento en el cual «los costes económicos y sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente y sean sufragados totalmente por aquellos que se benefician, y no por otros o por las futuras generaciones»” (LS num. 195).