Desde hace miles de años los jóvenes trabajan y cuando envejecen o enferman dejan de trabajar, pasan a realizar otras labores que implican menos desgaste físico, como ser parte del “consejo de sabios”, y los nuevos jóvenes velan por ellos. Ese es el esquema histórico de seguridad en la vejez: la solidaridad intergeneracional.
Con base a este principio se organizaron los esquemas públicos de seguridad social. El primero en el mundo fue establecido por el Canciller conservador Otto von Bismark en Alemania hace más de 130 años. “Combinado con el programa de indemnización a los trabajadores creado en 1884 y con el seguro de “enfermedad” promulgado el año anterior, este seguro (de vejez) dio a los alemanes un completo sistema de seguridad de los ingresos basado en los principios de la seguridad social.” (OIT, Revista Trabajo 67, diciembre 2009).
Hace pocos años, algunos analistas pensaron que como la población envejecía, vivía más tiempo y aumentaba menos porque nacían menos, no solo había que elevar la edad en que los mayores debían retirarse del trabajo sino, además, el ingreso de los pensionados debía ser proporcionado por ellos mismos a partir de lo que hubieran ahorrado durante su vida laboral.
Así, contra la historia, crearon el sistema de pensiones basado en la acumulación individual de ahorro. Comenzó en Chile en 1980 y se extendió con algunos matices por toda América Latina, abandonando la solidaridad intergeneracional y reforzando el individualismo.
Además, los organizadores del nuevo sistema decidieron que los ahorros acumulados sean administrados por empresas privadas y no por un organismo estatal o paraestatal. Según ellos estaban plagados de ineficiencia y corrupción y en muchos casos habían propiciado que los gobiernos dilapidaran los recursos.
Pero sea porque la acumulación es insuficiente o los administradores cobran una parte muy elevada de los aportes, con el nuevo sistema las pensiones resultan minúsculas con relación al último salario percibido, convirtiendo a los pensionados, de un día a otro, en pobres si antes llegaron a ser parte de la clase media. Por otro lado, muchos ciudadanos no son parte del sistema pues para ello tienen que haber cotizado como empleado o independiente formal y no lo son; en Colombia entre 40 y 50% de la población son informales.
Parte de la protesta social tiene que ver con lo anterior. Ello ha motivado a países como Argentina (2008) a abandonar el sistema de capitalización individual y a volver a la seguridad social, y a otros como Perú (2018) a devolver al aportante 95% de lo acumulado individualmente para que él lo administre.
En ese contexto, parece que lo sensato es retomar la historia y convertir al sistema de solidaridad intergeneracional con una adecuada gobernanza el eje del seguro de vejez; y si alguien quiere continuar acumulando en un fondo privado para aumentar su pensión que ese sea su privilegio. Y si el gasto público aumenta porque los aportes son insuficientes, si existen, la respuesta es aumentar los impuestos a los dividendos y a los patrimonios de las personas de mayores ingresos, afianzando la solidaridad.
* Ph.D. Profesor titular, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.
Desde hace miles de años los jóvenes trabajan y cuando envejecen o enferman dejan de trabajar, pasan a realizar otras labores que implican menos desgaste físico, como ser parte del “consejo de sabios”, y los nuevos jóvenes velan por ellos. Ese es el esquema histórico de seguridad en la vejez: la solidaridad intergeneracional.
Con base a este principio se organizaron los esquemas públicos de seguridad social. El primero en el mundo fue establecido por el Canciller conservador Otto von Bismark en Alemania hace más de 130 años. “Combinado con el programa de indemnización a los trabajadores creado en 1884 y con el seguro de “enfermedad” promulgado el año anterior, este seguro (de vejez) dio a los alemanes un completo sistema de seguridad de los ingresos basado en los principios de la seguridad social.” (OIT, Revista Trabajo 67, diciembre 2009).
Hace pocos años, algunos analistas pensaron que como la población envejecía, vivía más tiempo y aumentaba menos porque nacían menos, no solo había que elevar la edad en que los mayores debían retirarse del trabajo sino, además, el ingreso de los pensionados debía ser proporcionado por ellos mismos a partir de lo que hubieran ahorrado durante su vida laboral.
Así, contra la historia, crearon el sistema de pensiones basado en la acumulación individual de ahorro. Comenzó en Chile en 1980 y se extendió con algunos matices por toda América Latina, abandonando la solidaridad intergeneracional y reforzando el individualismo.
Además, los organizadores del nuevo sistema decidieron que los ahorros acumulados sean administrados por empresas privadas y no por un organismo estatal o paraestatal. Según ellos estaban plagados de ineficiencia y corrupción y en muchos casos habían propiciado que los gobiernos dilapidaran los recursos.
Pero sea porque la acumulación es insuficiente o los administradores cobran una parte muy elevada de los aportes, con el nuevo sistema las pensiones resultan minúsculas con relación al último salario percibido, convirtiendo a los pensionados, de un día a otro, en pobres si antes llegaron a ser parte de la clase media. Por otro lado, muchos ciudadanos no son parte del sistema pues para ello tienen que haber cotizado como empleado o independiente formal y no lo son; en Colombia entre 40 y 50% de la población son informales.
Parte de la protesta social tiene que ver con lo anterior. Ello ha motivado a países como Argentina (2008) a abandonar el sistema de capitalización individual y a volver a la seguridad social, y a otros como Perú (2018) a devolver al aportante 95% de lo acumulado individualmente para que él lo administre.
En ese contexto, parece que lo sensato es retomar la historia y convertir al sistema de solidaridad intergeneracional con una adecuada gobernanza el eje del seguro de vejez; y si alguien quiere continuar acumulando en un fondo privado para aumentar su pensión que ese sea su privilegio. Y si el gasto público aumenta porque los aportes son insuficientes, si existen, la respuesta es aumentar los impuestos a los dividendos y a los patrimonios de las personas de mayores ingresos, afianzando la solidaridad.
* Ph.D. Profesor titular, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.