MUCHOS SE INDIGNARON, CON RAZÓN, por las declaraciones de Uribe advirtiendo que “un esfuercito de caballo discapacitado” no bastaría para garantizar la seguridad. Y denunciaron, también con razón, la ilegal intromisión en política que implica la indirecta contra el candidato del Partido Verde, a la que han seguido ataques peores en estos días.
Pero no me interesa hablar aquí de lo que ya todo el mundo ha hablado, ni terciar en el último round político. Quisiera preguntar, más bien, qué significa que un presidente utilice la discapacidad física como una acusación, como la forma máxima de ofender en un país donde, según cifras de Landmine Monitor, más de 5.000 ciudadanos quedaron en silla de ruedas o tienen otra discapacidad por haber pisado una mina antipersonal en los últimos 10 años. Y donde millones de personas con discapacidad (PCD) son discriminadas y encuentran barreras infranqueables en las calles, los centros comerciales, el sistema educativo, el transporte público o el mercado laboral.
¿Qué habrán pensado los ciudadanos con limitaciones visuales al escuchar el discurso? ¿Qué los colombianos con dificultades auditivas al leerlo? ¿Cuál habrá sido la reacción de los soldados en silla de ruedas, o los ciudadanos del común cuyo pasito renco parece molestarle tanto al Presidente?
El episodio ayuda a explicar el pobre balance que arrojan los ocho años del actual gobierno para las PCD. Haría falta mucho más espacio para hacer el inventario de los silencios gubernamentales en este tema. Así que me limito a los más graves y elementales, por haber perpetuado la barrera más alta que enfrentan las PCD: su invisibilidad para el resto de la población.
Lo primero que hay que decir es que seguimos sin saber a ciencia cierta cuántas PCD hay en Colombia. Si se extrapolan las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, en Colombia hay cerca de cinco millones de PCD. Sin embargo, las cifras del censo de 2005 son mucho menores: 2,6 millones. En este tema, como en tantos otros, las cifras del censo naufragaron en medio de la improvisación del Gobierno al provocar la salida abrupta del director del DANE y modificar las preguntas y el método de recolección de datos.
De ahí que, aunque las cifras del censo sugieren que las PCD están en una situación dramática —por ejemplo, la incidencia del hambre y el analfabetismo entre ellas sería el doble que en el resto de la población—, habrá que esperar a un nuevo gobierno y un nuevo censo para, ojalá, tener datos confiables. Por ahora, junto con la platica del censo de 2005, se fue también la oportunidad de hacer visibles a las PCD.
La invisibilidad es aún más grave en el caso de las PCD que han sido víctimas del desplazamiento forzado —y cuya discapacidad, en muchos casos, se debe a los mismos actos violentos que causaron el desplazamiento—. Basta contrastar las cifras oficiales con los datos sistemáticos de la encuesta de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y la Universidad Nacional. Mientras que esta encuesta revela que 17% de los hogares desplazados tienen al menos un integrante que sufre alguna discapacidad, el subconteo del Gobierno arroja la inverosímil cifra de 0,64%.
Todo esto, y mucho más, está en el pronunciamiento estatal más completo sobre las PCD en situación de desplazamiento: el Auto 06 de 2009 de la Corte Constitucional, que muestra los profundos vacíos de las políticas gubernamentales y dicta órdenes que todos los candidatos presidenciales deberían comprometerse a cumplir.
“Un esfuercito de caballo discapacitado” lograría más de lo que, en ocho años, hizo este Gobierno por la población con discapacidad.
*Miembro fundador de Dejusticia (www.dejusticia.org).