El debate sobre el azúcar se está volviendo amargo. En lugar de una discusión razonable sobre el creciente problema de obesidad y el consumo de bebidas azucaradas, la industria de gaseosas está usando estrategias nada dulces para silenciar a sus críticos, con la ayuda de algunos medios y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El debate comenzó cuando el Ministerio de Salud propuso un impuesto a las bebidas azucaradas, basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el ejemplo de países como México y Chile. Las industrias azucarera y alimenticia estaban en su derecho de oponerse, como en efecto lo hicieron con un intenso lobby que dejó clara su influencia sobre congresistas de todos los sectores que terminaron hundiendo la propuesta.
La discusión se puso agridulce cuando la industria acudió a recursos muy cuestionables que ha usado en otros países, desde tergiversar la evidencia científica sobre los efectos de las bebidas azucaradas hasta difundir esas imprecisiones en medios de comunicación que controla.
El debate cambió de sabor y de tono por la estrategia jurídica, política y mediática de la industria para censurar el mensaje de quienes piensan distinto, desde el ministro hasta los expertos y los activistas de la salud. El primer trago amargo fue la censura de un video pedagógico de Educar Consumidores, que citaba evidencia sobre la ingente cantidad de azúcar que traen las gaseosas. Postobón le pidió a la SIC que lo sacara del aire porque supuestamente no estaba basado en datos incontrovertibles. Increíblemente, la SIC no solo censuró el video, sino que tomó la medida insólita de ordenarle a Educar Consumidores que sometiera a su aprobación previa cualquier anuncio sobre el tema.
La decisión de la SIC invirtió la lógica de la libertad de expresión: mientras protege la libertad de empresas como Postobón —que lleva décadas de mensajes engañosos como los que han sugerido que sus jugos “de fruta” son saludables o que sus gaseosas tienen el sabor de las frutas maduras—, niega la libertad de expresión de quienes advierten sobre los riesgos de las bebidas azucaradas y el derecho de los consumidores a tener esa información. Por eso desde Dejusticia y otras organizaciones presentamos una tutela contra la SIC, que en buena hora la Corte Suprema acogió en un fallo que le ordenó a la SIC levantar la censura.
Lamentablemente, el debate se volvió a avinagrar por la acción más reciente y preocupante: la denuncia penal que presentó RCN Televisión —del mismo grupo económico que Postobón— contra la directora de Educar Consumidores por supuestamente violar derechos de autor al usar una foto de la vieja telenovela Azúcar en una imagen pedagógica sobre los riesgos de los alimentos azucarados. Resulta inaceptable que un grupo económico use su medio de comunicación para coartar la libertad de expresión y silenciar a los críticos de otra de sus empresas. Aún más que lo haga con la amenaza de cárcel de cuatro a ocho años que implicaría la acusación. La denuncia no tiene bases jurídicas ni fácticas sólidas. Y deja un muy mal sabor en la boca.
* Director de Dejusticia.
El debate sobre el azúcar se está volviendo amargo. En lugar de una discusión razonable sobre el creciente problema de obesidad y el consumo de bebidas azucaradas, la industria de gaseosas está usando estrategias nada dulces para silenciar a sus críticos, con la ayuda de algunos medios y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El debate comenzó cuando el Ministerio de Salud propuso un impuesto a las bebidas azucaradas, basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el ejemplo de países como México y Chile. Las industrias azucarera y alimenticia estaban en su derecho de oponerse, como en efecto lo hicieron con un intenso lobby que dejó clara su influencia sobre congresistas de todos los sectores que terminaron hundiendo la propuesta.
La discusión se puso agridulce cuando la industria acudió a recursos muy cuestionables que ha usado en otros países, desde tergiversar la evidencia científica sobre los efectos de las bebidas azucaradas hasta difundir esas imprecisiones en medios de comunicación que controla.
El debate cambió de sabor y de tono por la estrategia jurídica, política y mediática de la industria para censurar el mensaje de quienes piensan distinto, desde el ministro hasta los expertos y los activistas de la salud. El primer trago amargo fue la censura de un video pedagógico de Educar Consumidores, que citaba evidencia sobre la ingente cantidad de azúcar que traen las gaseosas. Postobón le pidió a la SIC que lo sacara del aire porque supuestamente no estaba basado en datos incontrovertibles. Increíblemente, la SIC no solo censuró el video, sino que tomó la medida insólita de ordenarle a Educar Consumidores que sometiera a su aprobación previa cualquier anuncio sobre el tema.
La decisión de la SIC invirtió la lógica de la libertad de expresión: mientras protege la libertad de empresas como Postobón —que lleva décadas de mensajes engañosos como los que han sugerido que sus jugos “de fruta” son saludables o que sus gaseosas tienen el sabor de las frutas maduras—, niega la libertad de expresión de quienes advierten sobre los riesgos de las bebidas azucaradas y el derecho de los consumidores a tener esa información. Por eso desde Dejusticia y otras organizaciones presentamos una tutela contra la SIC, que en buena hora la Corte Suprema acogió en un fallo que le ordenó a la SIC levantar la censura.
Lamentablemente, el debate se volvió a avinagrar por la acción más reciente y preocupante: la denuncia penal que presentó RCN Televisión —del mismo grupo económico que Postobón— contra la directora de Educar Consumidores por supuestamente violar derechos de autor al usar una foto de la vieja telenovela Azúcar en una imagen pedagógica sobre los riesgos de los alimentos azucarados. Resulta inaceptable que un grupo económico use su medio de comunicación para coartar la libertad de expresión y silenciar a los críticos de otra de sus empresas. Aún más que lo haga con la amenaza de cárcel de cuatro a ocho años que implicaría la acusación. La denuncia no tiene bases jurídicas ni fácticas sólidas. Y deja un muy mal sabor en la boca.
* Director de Dejusticia.