¿Dónde están millón y medio de afrocolombianos?

Al DANE se le perdieron al menos 1,5 millones de afrocolombianos. Como lo habían advertido las organizaciones afro, la improvisación y las fallas técnicas del censo del año pasado terminaron en el resultado predecible: una cifra inverosímil de 2,9 millones de colombianos que se autorreconocen como afros (6 % de la población). Cifra muy inferior a la del censo de 2005 (4,3 millones, 11 % de la población), que ya era una grosera subestimación de la gente afro, como lo habían mostrado expertos nacionales e internacionales durante los últimos 15 años.

No es un asunto menor. En un país tras otro, la invisibilidad estadística ha sido un síntoma y una forma de perpetuación de la discriminación racial. Colombia no ha sido la excepción, como lo muestra la historia caprichosa de los datos censales sobre la población afro. Hasta finales del siglo pasado, el Estado colombiano se negó a incluir una pregunta sobre identidades étnico-raciales en su censo. La única cifra disponible era de hace un siglo (1918), según la cual la población negra era 6 % del total. Después vino un silencio de 75 años, hasta el censo de 1993. Como si darles visibilidad a los afros o a los indígenas fuera irrelevante. O fuera demasiado incómodo para un país que se había negado a admitir la diferencia o el racismo.

El subconteo del censo de 1993 fue tan abierto —según este, solo 1,5 % de la población sería afro— que quedó como constancia no del tamaño real de la población negra, sino del tamaño de la importancia que le daban el Estado y la sociedad colombiana. Entre ese año y el siguiente censo de 2005 vino la movilización nacional e internacional contra el racismo —la de la Constitución de 1991 y la Declaración de Durban— y con ella una mayor atención a la pregunta étnica-racial en el censo.

Pero el DANE decidió hacer una pregunta equívoca, que ponía a la gente a preguntarse si se consideraba afro, raizal, palenquera o indígena por sus rasgos físicos o cultura. Mezclar identidad racial y cultural en una misma pregunta generaba confusión. También era confuso no dar otras opciones, como identificarse como blanco o mestizo: como si esas categorías fueran neutras y pudieran quedar sin nombrar, o como si reconocerse negro o indígena fuera la excepción. El resultado fue un nuevo subconteo, que esta vez arrojó un 11 % de población afro, muy inferior a la que mostraban los estudios más confiables, como los de la Universidad del Valle, que se acercaban al 20 %.

Para remediar esa brecha, las organizaciones afros y los expertos se reunieron con el DANE en los últimos años para proponer mejores preguntas, o al menos para garantizar que no se repitieran las fallas técnicas de 2005. Pasó lo contrario: la pregunta se mantuvo y la improvisación del DANE el año pasado llevó a una omisión censal “importante”, como lo reconoció eufemísticamente el actual director de la entidad.

Por supuesto que es importante: serían 1,5 millones de personas, probablemente más, las que no pudieron escoger la identidad que habrían preferido. Las consecuencias son aún más importantes: las cifras del censo se usan para hacer políticas públicas y asignar presupuestos que afectan directamente a las comunidades negras. A menos que el DANE corrija de alguna forma el error, estamos dando un salto atrás de un siglo: en 2018, volvimos al 6 %, la cifra de 1918.

Al DANE se le perdieron al menos 1,5 millones de afrocolombianos. Como lo habían advertido las organizaciones afro, la improvisación y las fallas técnicas del censo del año pasado terminaron en el resultado predecible: una cifra inverosímil de 2,9 millones de colombianos que se autorreconocen como afros (6 % de la población). Cifra muy inferior a la del censo de 2005 (4,3 millones, 11 % de la población), que ya era una grosera subestimación de la gente afro, como lo habían mostrado expertos nacionales e internacionales durante los últimos 15 años.

No es un asunto menor. En un país tras otro, la invisibilidad estadística ha sido un síntoma y una forma de perpetuación de la discriminación racial. Colombia no ha sido la excepción, como lo muestra la historia caprichosa de los datos censales sobre la población afro. Hasta finales del siglo pasado, el Estado colombiano se negó a incluir una pregunta sobre identidades étnico-raciales en su censo. La única cifra disponible era de hace un siglo (1918), según la cual la población negra era 6 % del total. Después vino un silencio de 75 años, hasta el censo de 1993. Como si darles visibilidad a los afros o a los indígenas fuera irrelevante. O fuera demasiado incómodo para un país que se había negado a admitir la diferencia o el racismo.

El subconteo del censo de 1993 fue tan abierto —según este, solo 1,5 % de la población sería afro— que quedó como constancia no del tamaño real de la población negra, sino del tamaño de la importancia que le daban el Estado y la sociedad colombiana. Entre ese año y el siguiente censo de 2005 vino la movilización nacional e internacional contra el racismo —la de la Constitución de 1991 y la Declaración de Durban— y con ella una mayor atención a la pregunta étnica-racial en el censo.

Pero el DANE decidió hacer una pregunta equívoca, que ponía a la gente a preguntarse si se consideraba afro, raizal, palenquera o indígena por sus rasgos físicos o cultura. Mezclar identidad racial y cultural en una misma pregunta generaba confusión. También era confuso no dar otras opciones, como identificarse como blanco o mestizo: como si esas categorías fueran neutras y pudieran quedar sin nombrar, o como si reconocerse negro o indígena fuera la excepción. El resultado fue un nuevo subconteo, que esta vez arrojó un 11 % de población afro, muy inferior a la que mostraban los estudios más confiables, como los de la Universidad del Valle, que se acercaban al 20 %.

Para remediar esa brecha, las organizaciones afros y los expertos se reunieron con el DANE en los últimos años para proponer mejores preguntas, o al menos para garantizar que no se repitieran las fallas técnicas de 2005. Pasó lo contrario: la pregunta se mantuvo y la improvisación del DANE el año pasado llevó a una omisión censal “importante”, como lo reconoció eufemísticamente el actual director de la entidad.

Por supuesto que es importante: serían 1,5 millones de personas, probablemente más, las que no pudieron escoger la identidad que habrían preferido. Las consecuencias son aún más importantes: las cifras del censo se usan para hacer políticas públicas y asignar presupuestos que afectan directamente a las comunidades negras. A menos que el DANE corrija de alguna forma el error, estamos dando un salto atrás de un siglo: en 2018, volvimos al 6 %, la cifra de 1918.