Con el engañoso "acuerdo" con los indígenas de la Sierra Nevada quedó claro que la empresa Six Senses está dispuesta a usar todos los sentidos de su nombre para construir, a como dé lugar, un hotel de lujo en el Parque Tayrona.
El primer sentido que aguzó fue el olfato. Ante la oposición del Gobierno, la opinión pública y las autoridades políticas indígenas, los socios del proyecto buscaron aliados en otros sectores dispersos. Con el olfato político del que sabe que divide y reinarás, improvisaron un “proceso de concertación” con algunos mamos y un puñado de indígenas. Poco importaba que no estuvieran las autoridades del Consejo Territorial de Cabildos (CTC), que la Corte Constitucional ha reconocido como la instancia legítima para las consultas con los pueblos de la Sierra. Se trata de “una artimaña jurídica de la empresa para evitar realizar la consulta y una actuación de mala fe, sabiendo ellos cuál es el procedimiento con el CTC; en vez de eso, eligieron hacer una supuesta concertación con un sector de los pueblos”, como me dijo Jaime Arias, el reconocido gobernador del pueblo kankuamo.
Los promotores del proyecto saben también que las cosas entran por los ojos; que la visión es el más poderoso de los sentidos. Por eso se cuidaron de registrar la reunión en un impecable video contratado para la ocasión, con todos los ingredientes necesarios: el paisaje de la Sierra, unos cuantos rostros y atuendos indígenas, la firma de un “acta de acuerdo” y un nativo que declara que “ya no es necesario un proceso de consulta”.
Pero la visión comercial no va de la mano con la visión jurídica. Como lo dijo la Corte Constitucional en un caso similar en la misma Sierra (la construcción del puerto de Brisa S. A. en Dibulla), cuando se hacen “contactos aislados con voceros de las comunidades indígenas, ellos no satisfacen los requerimientos jurisprudenciales en torno a la consulta formal con autoridades representativas” (Sentencia T-547 de 2010). Además, la consulta no es un ejercicio espontáneo entre empresas y comunidades. “La entidad responsable de adelantar la consulta con las comunidades potencialmente afectadas… es el Ministerio del Medio Ambiente”, recordó la Corte.
Los socios del hotel también afinaron el oído. Habrán escuchado que las empresas interesadas en los territorios indígenas suelen propiciar la división de las comunidades para negociar directamente con el sector más favorable. “Es una forma para que los pueblos nos dividamos”, me contó Pedro Loperena, dirigente de una organización representativa del pueblo wiwa de la Sierra (Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua). Lo mismo pasó con los embera-katío en Córdoba, que terminaron escindidos por la construcción de la represa de Urrá. La historia parece repetirse con las decenas de “preacuerdos de consulta previa” que el Cerrejón está impulsando con comunidades wayúus sobre el plan de desviar el río Ranchería, según la denuncia del exministro Manuel Rodríguez.
El tacto y el gusto no son el fuerte de Six Senses. Del primero hubo mucho en los abrazos y apretones de manos con algunos indígenas frente a las cámaras. El tacto político fue menos abundante: el episodio terminó sirviendo para que se difundiera la noticia de la participación de varios de los socios del proyecto o sus familias en el escándalo de AIS. De ahí el gusto bastante amargo que deja todo el episodio.
En los seres humanos, el sexto sentido es el que permite orientarnos y ubicarnos. Gracias a él coordinamos los movimientos del cuerpo y tenemos noción de lo que nos rodea; sin él, nos tropezaríamos y atropellaríamos a los demás. Es irónico, pero parece que Six Senses carece del sexto sentido. Porque no termina de entender que se mueve en un terreno donde hay reglas, autoridades y comunidades que no se puede llevar por delante. Es hora de que el Ministerio del Ambiente y la Dirección de Parques lo pongan en su sitio.
Con el engañoso "acuerdo" con los indígenas de la Sierra Nevada quedó claro que la empresa Six Senses está dispuesta a usar todos los sentidos de su nombre para construir, a como dé lugar, un hotel de lujo en el Parque Tayrona.
El primer sentido que aguzó fue el olfato. Ante la oposición del Gobierno, la opinión pública y las autoridades políticas indígenas, los socios del proyecto buscaron aliados en otros sectores dispersos. Con el olfato político del que sabe que divide y reinarás, improvisaron un “proceso de concertación” con algunos mamos y un puñado de indígenas. Poco importaba que no estuvieran las autoridades del Consejo Territorial de Cabildos (CTC), que la Corte Constitucional ha reconocido como la instancia legítima para las consultas con los pueblos de la Sierra. Se trata de “una artimaña jurídica de la empresa para evitar realizar la consulta y una actuación de mala fe, sabiendo ellos cuál es el procedimiento con el CTC; en vez de eso, eligieron hacer una supuesta concertación con un sector de los pueblos”, como me dijo Jaime Arias, el reconocido gobernador del pueblo kankuamo.
Los promotores del proyecto saben también que las cosas entran por los ojos; que la visión es el más poderoso de los sentidos. Por eso se cuidaron de registrar la reunión en un impecable video contratado para la ocasión, con todos los ingredientes necesarios: el paisaje de la Sierra, unos cuantos rostros y atuendos indígenas, la firma de un “acta de acuerdo” y un nativo que declara que “ya no es necesario un proceso de consulta”.
Pero la visión comercial no va de la mano con la visión jurídica. Como lo dijo la Corte Constitucional en un caso similar en la misma Sierra (la construcción del puerto de Brisa S. A. en Dibulla), cuando se hacen “contactos aislados con voceros de las comunidades indígenas, ellos no satisfacen los requerimientos jurisprudenciales en torno a la consulta formal con autoridades representativas” (Sentencia T-547 de 2010). Además, la consulta no es un ejercicio espontáneo entre empresas y comunidades. “La entidad responsable de adelantar la consulta con las comunidades potencialmente afectadas… es el Ministerio del Medio Ambiente”, recordó la Corte.
Los socios del hotel también afinaron el oído. Habrán escuchado que las empresas interesadas en los territorios indígenas suelen propiciar la división de las comunidades para negociar directamente con el sector más favorable. “Es una forma para que los pueblos nos dividamos”, me contó Pedro Loperena, dirigente de una organización representativa del pueblo wiwa de la Sierra (Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua). Lo mismo pasó con los embera-katío en Córdoba, que terminaron escindidos por la construcción de la represa de Urrá. La historia parece repetirse con las decenas de “preacuerdos de consulta previa” que el Cerrejón está impulsando con comunidades wayúus sobre el plan de desviar el río Ranchería, según la denuncia del exministro Manuel Rodríguez.
El tacto y el gusto no son el fuerte de Six Senses. Del primero hubo mucho en los abrazos y apretones de manos con algunos indígenas frente a las cámaras. El tacto político fue menos abundante: el episodio terminó sirviendo para que se difundiera la noticia de la participación de varios de los socios del proyecto o sus familias en el escándalo de AIS. De ahí el gusto bastante amargo que deja todo el episodio.
En los seres humanos, el sexto sentido es el que permite orientarnos y ubicarnos. Gracias a él coordinamos los movimientos del cuerpo y tenemos noción de lo que nos rodea; sin él, nos tropezaríamos y atropellaríamos a los demás. Es irónico, pero parece que Six Senses carece del sexto sentido. Porque no termina de entender que se mueve en un terreno donde hay reglas, autoridades y comunidades que no se puede llevar por delante. Es hora de que el Ministerio del Ambiente y la Dirección de Parques lo pongan en su sitio.