El Tayrona, o la política ambiental por Twitter
La política ambietal del Gobierno luce tan antojadiza como los trinos. Por tercera vez en apenas dos meses, salen los ministros y el presidente a improvisar remiendos a los atropellos que denuncian las redes sociales y los medios.
Así que la suerte del medio ambiente en el país que tiene el récord mundial de 1.898 especies de aves, parece depender de una sola: el caprichoso pajarito de Twitter.
Esa es la profunda inquietud que queda del nuevo escándalo en el parque Tayrona, por el plan de construcción de cabañas turísticas enclavadas en un bosque seco en extinción. Aunque el presidente y el ministro de Ambiente hicieron lo correcto al anunciar que la licencia ambiental será revocada, el reversazo y el repentismo gubernamentales quedaron a la luz del día. Lo cierto es que la administración Santos no ha logrado romper con el espíritu y la improvisación de la política ambiental de Álvaro Uribe. Para la muestra están la ambigua posición de la actual Dirección Nacional de Parques sobre el proyecto en el Tayrona y la decisión de la nueva Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de darle luz verde al proyecto.
El episodio parece calcado del “affaire Six Senses”. Aún está fresco en la memoria el engañoso video con el que esa cadena hotelera insinuaba un acuerdo con las comunidades nativas de la Sierra para construir otro resort, saltándose la Constitución y las leyes sobre la consulta previa con pueblos indígenas. En ese entonces, las declaraciones apresuradas del ministro del Interior ante la reacción ciudadana fueron las mismas que acaba de pronunciar: que no estaba al tanto de los detalles, pero que iba a investigar y a tomar las medidas pertinentes. Palabras más, palabras menos, lo mismo que dijo el Gobierno en el tercer escándalo reciente, ante denuncias de opacos arreglos directos entre Cerrejón y comunidades wayúu para desviar el río Ranchería y explotar carbón bajo su lecho.
Varios comentaristas ven el vaso medio lleno y celebran el creciente ambientalismo ciudadano y el poder político de las redes sociales. Tienen razón: la movilización democrática y la participación de las comunidades afectadas son esenciales para denunciar y frenar abusos, como lo probó el caso del páramo de Santurbán.
Pero permítanme iluminar la mitad vacía del vaso. El problema es que, sin una política ambiental coherente y un gobierno eficiente que la ponga en marcha, el ambientalismo virtual se queda corto. Primero, porque no hay nada más fugaz que la indignación en Twitter, como dijo hace un par de días Félix de Bedout en un trino que, claro, ya nadie recuerda. En cambio, los líos ambientales son de largo plazo y requieren seguimiento continuo. ¿Alguien sabe qué pasó con Six Senses? ¿En qué paró la promesa del ministro Carrillo de indagar los posibles abusos de Cerrejón?
Segundo, para usar una metáfora trágicamente vigente, las protestas sirven para apagar incendios —por ejemplo, detener temporalmente un proyecto hotelero en un parque—, pero es mucho menos eficaz para solucionar el problema de fondo —la nueva política de parques que el Gobierno prometió pero no ha expedido, o la descoordinación entre el Ministerio de Ambiente y la ANLA—.
Tercero, hay causas y lugares que cautivan más al público. No es casual que las protestas se concentren en parques conocidos como el Tayrona; de hecho, es inevitable, porque los ciudadanos ambientalistas tienen atención e información limitadas. Pero pasan desapercibidos abusos igualmente graves en lugares menos populares, como la Orinoquia o la Amazonia.
Nada de esto es culpa de los activistas virtuales, que están cumpliendo su papel. Pero sólo una política de gobierno puede garantizar la continuidad, la coherencia y la cobertura que precisa la protección del medio ambiente. Y eso no se hace a punta de trinos del presidente.
La política ambietal del Gobierno luce tan antojadiza como los trinos. Por tercera vez en apenas dos meses, salen los ministros y el presidente a improvisar remiendos a los atropellos que denuncian las redes sociales y los medios.
Así que la suerte del medio ambiente en el país que tiene el récord mundial de 1.898 especies de aves, parece depender de una sola: el caprichoso pajarito de Twitter.
Esa es la profunda inquietud que queda del nuevo escándalo en el parque Tayrona, por el plan de construcción de cabañas turísticas enclavadas en un bosque seco en extinción. Aunque el presidente y el ministro de Ambiente hicieron lo correcto al anunciar que la licencia ambiental será revocada, el reversazo y el repentismo gubernamentales quedaron a la luz del día. Lo cierto es que la administración Santos no ha logrado romper con el espíritu y la improvisación de la política ambiental de Álvaro Uribe. Para la muestra están la ambigua posición de la actual Dirección Nacional de Parques sobre el proyecto en el Tayrona y la decisión de la nueva Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de darle luz verde al proyecto.
El episodio parece calcado del “affaire Six Senses”. Aún está fresco en la memoria el engañoso video con el que esa cadena hotelera insinuaba un acuerdo con las comunidades nativas de la Sierra para construir otro resort, saltándose la Constitución y las leyes sobre la consulta previa con pueblos indígenas. En ese entonces, las declaraciones apresuradas del ministro del Interior ante la reacción ciudadana fueron las mismas que acaba de pronunciar: que no estaba al tanto de los detalles, pero que iba a investigar y a tomar las medidas pertinentes. Palabras más, palabras menos, lo mismo que dijo el Gobierno en el tercer escándalo reciente, ante denuncias de opacos arreglos directos entre Cerrejón y comunidades wayúu para desviar el río Ranchería y explotar carbón bajo su lecho.
Varios comentaristas ven el vaso medio lleno y celebran el creciente ambientalismo ciudadano y el poder político de las redes sociales. Tienen razón: la movilización democrática y la participación de las comunidades afectadas son esenciales para denunciar y frenar abusos, como lo probó el caso del páramo de Santurbán.
Pero permítanme iluminar la mitad vacía del vaso. El problema es que, sin una política ambiental coherente y un gobierno eficiente que la ponga en marcha, el ambientalismo virtual se queda corto. Primero, porque no hay nada más fugaz que la indignación en Twitter, como dijo hace un par de días Félix de Bedout en un trino que, claro, ya nadie recuerda. En cambio, los líos ambientales son de largo plazo y requieren seguimiento continuo. ¿Alguien sabe qué pasó con Six Senses? ¿En qué paró la promesa del ministro Carrillo de indagar los posibles abusos de Cerrejón?
Segundo, para usar una metáfora trágicamente vigente, las protestas sirven para apagar incendios —por ejemplo, detener temporalmente un proyecto hotelero en un parque—, pero es mucho menos eficaz para solucionar el problema de fondo —la nueva política de parques que el Gobierno prometió pero no ha expedido, o la descoordinación entre el Ministerio de Ambiente y la ANLA—.
Tercero, hay causas y lugares que cautivan más al público. No es casual que las protestas se concentren en parques conocidos como el Tayrona; de hecho, es inevitable, porque los ciudadanos ambientalistas tienen atención e información limitadas. Pero pasan desapercibidos abusos igualmente graves en lugares menos populares, como la Orinoquia o la Amazonia.
Nada de esto es culpa de los activistas virtuales, que están cumpliendo su papel. Pero sólo una política de gobierno puede garantizar la continuidad, la coherencia y la cobertura que precisa la protección del medio ambiente. Y eso no se hace a punta de trinos del presidente.