“La Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta”, dice Semana que dijo Alejandro Gaviria.
La langosta son los tratamientos y medicamentos caros que, de acuerdo con Gaviria, conceden liberalmente los jueces ante la ola de tutelas (más de 100.000 al año) que presentan los colombianos para exigir su derecho a la salud. Y que, según el ministro, la Corte volvió un mar sin fondo con su fallo sobre la ley estatutaria de la salud.
El debate que siguió es un síntoma clínico de la precaria discusión que se ha dado en el país sobre las decisiones acerca de la salud, tan difíciles e importantes aquí como en el resto del mundo. Semana comenzó por leer mal la sentencia y venirse lanza en ristre contra la Corte por algo que no hizo (tumbar el artículo 23 de la ley). Del otro lado, llovieron epítetos contra el ministro por decir lo cierto pero políticamente incorrecto: que hay límites a los servicios de salud que una sociedad puede costear, incluso en los países ricos.
Para intentar una discusión razonable, hay que reconocer que las fallas vienen de lado y lado. Comencemos por recordar que la tutela no creó el problema, sino que se convirtió en la válvula de escape para los ciudadanos que recibían el paseo de la muerte o esperaban meses por una cita urgente. De hecho, la mayoría de tutelas tienen que ver con medicamentos que las EPS niegan aunque están incluidos en el POS.
Pero con el uso vino el abuso. Como los jueces concedían más del 75% de las tutelas, los avivatos y los corruptos vieron la oportunidad. Por ejemplo, tras negar medicamentos del POS, muchas EPS aconsejaban a los pacientes que las entutelaran para obligarlas a entregárselos, para después pasarle al sistema de salud cuentas infladas por esas medicinas. El fraude nos costó a los colombianos cerca de medio billón de pesos entre 2006 y 2012, según el Cendex de la Javeriana.
De lado y lado también vinieron soluciones. La Corte ha procurado poner orden, negando tutelas sobre pañales o cirugías estéticas y planteando un diálogo sobre soluciones de fondo, a partir del fallo T-760 de 2008. Este gobierno ha avanzado en la misma dirección, con medidas esenciales, como la regulación de precios de medicamentos y la actualización del POS.
Pero sigue el problema: el año pasado el número de tutelas subió a 115.147. Las fallas, una vez más, vienen de todas las partes: del Gobierno y los actores del disfuncional sistema de salud, y de los jueces que siguen concediendo tutelas suntuarias. También de la misma Corte que, reticente a admitir que los recursos de la salud son finitos, tumbó los criterios de necesidad, eficacia y costo-efectividad de tratamientos y medicamentos, que estaban en otros artículos de la ley estatutaria y se usan para racionalizar recursos en los sistemas más equitativos, como los de Escandinavia.
Falta debatir cómo hacer realidad el derecho a la salud con recursos finitos. No para comer langosta, pero sí para que todos tengamos al menos un plato básico sobre la mesa.
@CesaRodriGaravi
“La Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta”, dice Semana que dijo Alejandro Gaviria.
La langosta son los tratamientos y medicamentos caros que, de acuerdo con Gaviria, conceden liberalmente los jueces ante la ola de tutelas (más de 100.000 al año) que presentan los colombianos para exigir su derecho a la salud. Y que, según el ministro, la Corte volvió un mar sin fondo con su fallo sobre la ley estatutaria de la salud.
El debate que siguió es un síntoma clínico de la precaria discusión que se ha dado en el país sobre las decisiones acerca de la salud, tan difíciles e importantes aquí como en el resto del mundo. Semana comenzó por leer mal la sentencia y venirse lanza en ristre contra la Corte por algo que no hizo (tumbar el artículo 23 de la ley). Del otro lado, llovieron epítetos contra el ministro por decir lo cierto pero políticamente incorrecto: que hay límites a los servicios de salud que una sociedad puede costear, incluso en los países ricos.
Para intentar una discusión razonable, hay que reconocer que las fallas vienen de lado y lado. Comencemos por recordar que la tutela no creó el problema, sino que se convirtió en la válvula de escape para los ciudadanos que recibían el paseo de la muerte o esperaban meses por una cita urgente. De hecho, la mayoría de tutelas tienen que ver con medicamentos que las EPS niegan aunque están incluidos en el POS.
Pero con el uso vino el abuso. Como los jueces concedían más del 75% de las tutelas, los avivatos y los corruptos vieron la oportunidad. Por ejemplo, tras negar medicamentos del POS, muchas EPS aconsejaban a los pacientes que las entutelaran para obligarlas a entregárselos, para después pasarle al sistema de salud cuentas infladas por esas medicinas. El fraude nos costó a los colombianos cerca de medio billón de pesos entre 2006 y 2012, según el Cendex de la Javeriana.
De lado y lado también vinieron soluciones. La Corte ha procurado poner orden, negando tutelas sobre pañales o cirugías estéticas y planteando un diálogo sobre soluciones de fondo, a partir del fallo T-760 de 2008. Este gobierno ha avanzado en la misma dirección, con medidas esenciales, como la regulación de precios de medicamentos y la actualización del POS.
Pero sigue el problema: el año pasado el número de tutelas subió a 115.147. Las fallas, una vez más, vienen de todas las partes: del Gobierno y los actores del disfuncional sistema de salud, y de los jueces que siguen concediendo tutelas suntuarias. También de la misma Corte que, reticente a admitir que los recursos de la salud son finitos, tumbó los criterios de necesidad, eficacia y costo-efectividad de tratamientos y medicamentos, que estaban en otros artículos de la ley estatutaria y se usan para racionalizar recursos en los sistemas más equitativos, como los de Escandinavia.
Falta debatir cómo hacer realidad el derecho a la salud con recursos finitos. No para comer langosta, pero sí para que todos tengamos al menos un plato básico sobre la mesa.
@CesaRodriGaravi