Quiero compartir una historia con quienes se preguntan qué tan grave es el quiebre de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Es la historia de Juan Pedro Lares, un joven colombiano de 23 años, el hijo segundo de la educadora colombiana Ramona Rangel y de Ómar Lares, el alcalde de Campo Elías, en el estado venezolano de Mérida.
Supe del caso hace cerca de un mes, cuando los padres me contactaron a través de ONG venezolanas. Juan Pedro llevaba más de un mes desaparecido por obra del gobierno Maduro. ¿Su delito? Haber estado en casa cuando el Ejército y el servicio de inteligencia llegaron a llevarse a su padre sin fórmula de juicio, así como se han llevado a otros cuatro alcaldes y procesado a 21 más, solo por militar en otros partidos y no reprimir las protestas ciudadanas. Varios de ellos siguen detenidos, junto con diputados de oposición, en la cárcel caraqueña del Helicoide y en otros centros de reclusión de presos políticos.
Por presión de la Cancillería colombiana y el acompañamiento de organizaciones como Provea y Dejusticia, el Servicio de Inteligencia Bolivariano le permitió a doña Ramona ver unos minutos a su hijo el 16 de agosto. Desde entonces Juan Pedro volvió a desaparecer y no figura siquiera en los registros oficiales de detenidos. Su caso se suma a las cifras escalofriantes de los últimos cinco meses, que compiten con las de dictaduras de los años 70: 5.401 arrestos arbitrarios, 726 manifestantes procesados ilegalmente por tribunales militares y 590 presos políticos, cuyos casos han sido documentados por Foro Penal Venezolano, la OEA y la ONU.
Como a muchos otros, a Juan Pedro le han negado los derechos elementales. No ha sido informado de la causa de su detención, entre otras cosas porque no hay ninguna legal. La justicia, controlada por el gobierno, no solo ha ignorado su recurso de habeas corpus, sino que ha sido el instrumento para perseguir a su padre y los demás alcaldes disidentes. Fue una condena irregular del Tribunal Supremo contra alcaldes opositores la que sirvió de excusa para perseguirlos, por permitir que los ciudadanos ejercieran su derecho a protestar pacíficamente.
Convengamos entonces que en Venezuela no están vigentes los derechos ni el Estado de Derecho. ¿Pero sigue siendo una democracia? Es cierto que hubo elección para Asamblea Constituyente y se anuncia que las aplazadas votaciones regionales serán en octubre. Pero al igual que los comicios para la Constituyente, los de octubre están diseñados para que solo puedan ganar los candidatos oficialistas. El Gobierno está reteniendo a candidatos de oposición; en medio de la escasez de comida, dedica los subsidios alimentarios a las personas que voten por sus candidatos, lo cual puede ser verificado mediante el “carnet de la patria” que se usa para votar; y Maduro anunció que si los futuros alcaldes y gobernadores son desleales a la Constituyente, pueden ser destituidos por esta.
Esta semana acompañamos a los Lares a tocar puertas por la libertad de su hijo en Bogotá. La Cancillería colombiana tiene el deber legal de responderles, y de encontrar y exigir la liberación inmediata de Juan Pedro. Y nosotros los colombianos, el deber moral de solidaridad con los otros Juan Pedros anónimos que son víctimas de la dictadura vecina.
*Director de Dejusticia. @CesaRodriGaravi
Quiero compartir una historia con quienes se preguntan qué tan grave es el quiebre de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Es la historia de Juan Pedro Lares, un joven colombiano de 23 años, el hijo segundo de la educadora colombiana Ramona Rangel y de Ómar Lares, el alcalde de Campo Elías, en el estado venezolano de Mérida.
Supe del caso hace cerca de un mes, cuando los padres me contactaron a través de ONG venezolanas. Juan Pedro llevaba más de un mes desaparecido por obra del gobierno Maduro. ¿Su delito? Haber estado en casa cuando el Ejército y el servicio de inteligencia llegaron a llevarse a su padre sin fórmula de juicio, así como se han llevado a otros cuatro alcaldes y procesado a 21 más, solo por militar en otros partidos y no reprimir las protestas ciudadanas. Varios de ellos siguen detenidos, junto con diputados de oposición, en la cárcel caraqueña del Helicoide y en otros centros de reclusión de presos políticos.
Por presión de la Cancillería colombiana y el acompañamiento de organizaciones como Provea y Dejusticia, el Servicio de Inteligencia Bolivariano le permitió a doña Ramona ver unos minutos a su hijo el 16 de agosto. Desde entonces Juan Pedro volvió a desaparecer y no figura siquiera en los registros oficiales de detenidos. Su caso se suma a las cifras escalofriantes de los últimos cinco meses, que compiten con las de dictaduras de los años 70: 5.401 arrestos arbitrarios, 726 manifestantes procesados ilegalmente por tribunales militares y 590 presos políticos, cuyos casos han sido documentados por Foro Penal Venezolano, la OEA y la ONU.
Como a muchos otros, a Juan Pedro le han negado los derechos elementales. No ha sido informado de la causa de su detención, entre otras cosas porque no hay ninguna legal. La justicia, controlada por el gobierno, no solo ha ignorado su recurso de habeas corpus, sino que ha sido el instrumento para perseguir a su padre y los demás alcaldes disidentes. Fue una condena irregular del Tribunal Supremo contra alcaldes opositores la que sirvió de excusa para perseguirlos, por permitir que los ciudadanos ejercieran su derecho a protestar pacíficamente.
Convengamos entonces que en Venezuela no están vigentes los derechos ni el Estado de Derecho. ¿Pero sigue siendo una democracia? Es cierto que hubo elección para Asamblea Constituyente y se anuncia que las aplazadas votaciones regionales serán en octubre. Pero al igual que los comicios para la Constituyente, los de octubre están diseñados para que solo puedan ganar los candidatos oficialistas. El Gobierno está reteniendo a candidatos de oposición; en medio de la escasez de comida, dedica los subsidios alimentarios a las personas que voten por sus candidatos, lo cual puede ser verificado mediante el “carnet de la patria” que se usa para votar; y Maduro anunció que si los futuros alcaldes y gobernadores son desleales a la Constituyente, pueden ser destituidos por esta.
Esta semana acompañamos a los Lares a tocar puertas por la libertad de su hijo en Bogotá. La Cancillería colombiana tiene el deber legal de responderles, y de encontrar y exigir la liberación inmediata de Juan Pedro. Y nosotros los colombianos, el deber moral de solidaridad con los otros Juan Pedros anónimos que son víctimas de la dictadura vecina.
*Director de Dejusticia. @CesaRodriGaravi