Por las cuentas de las elecciones y del fútbol, se ha prestado menos atención a otra cifra reciente: el aumento de la deforestación, que en 2017 se duplicó en la Amazonia y se incrementó en 23% en todo el país. Así se confirma la tendencia al alza que venía de 2016, exactamente la opuesta a la que prometió el Gobierno en la cumbre de cambio climático de París, donde Santos reiteró su compromiso de reducir a cero la deforestación neta para 2020.
Hay dos cosas llamativas de esta cifra y del fenómeno de la deforestación en general. La primera es que la tala está perfectamente documentada. Mapeada, para ser más precisos. Los satélites y el buen trabajo del Ideam siguen en tiempo real la pérdida de bosques. Por eso se sabe que es altamente concentrada: la mitad de la deforestación del país se da en apenas ocho municipios amazónicos. Los principales promotores no son pequeños colonos, sino actores económicos ilegales dedicados a la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras. Es más: se sabe con exactitud cuándo se tumban más árboles (en el primer y cuarto trimestre del año).
¿Entonces por qué sigue aumentando? Aquí viene la segunda faceta singular de la deforestación: así como se sabe mucho sobre ella, se conoce poco sobre los responsables. La única institución que pone la cara es el Ministerio de Ambiente, cuyo titular actual ha tenido la entereza de reconocer la dimensión del problema. Pero el Ministerio es solo una de varias entidades responsables del problema, como ha quedado claro en el proceso de cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que le ordenó al Gobierno dictar un plan de acción y firmar un pacto con las futuras generaciones contra la deforestación y el cambio climático en la Amazonia, a raíz de una tutela que interpusimos en representación de 25 niños y jóvenes.
Buena parte de la responsabilidad del problema —y de su solución— le caben a las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, que saben dónde están los focos de la tala, incluso quiénes son algunos de los grandes promotores, pero no han tenido ni la voluntad ni la capacidad para enfrentarlos. La Fiscalía incluso desmanteló su unidad de delitos ambientales, con los resultados que están a la vista. Tanto o más responsable que el Ministerio de Ambiente es el de Agricultura, por políticas que han terminado alentando a colonos a tumbar monte para reclamar títulos sobre los potreros. Gobernadores, alcaldes y corporaciones autónomas de los focos de deforestación han oscilado entre la quietud y la complicidad. A la Presidencia le ha faltado liderazgo para coordinar el aparato estatal, como lo hizo Brasil cuando redujo dramáticamente la tala en su lado de la selva.
¿Qué hacer entonces? Usar la información conocida para presionar a los responsables menos conocidos. Los medios tendrán que documentar las omisiones de entidades concretas, como lo hizo este diario hace poco. Ambientalistas y ciudadanos en general tendremos que pasar de la denuncia genérica a las acciones y las propuestas más focalizadas.
El plan de acción y el pacto intergeneracional que el ministro Murillo tendrá que dejar firmados para cumplir el fallo de la Corte son un buen comienzo. Pero sin presión concreta, podrían quedarse en eso en el próximo gobierno.
* Director de Dejusticia.
Por las cuentas de las elecciones y del fútbol, se ha prestado menos atención a otra cifra reciente: el aumento de la deforestación, que en 2017 se duplicó en la Amazonia y se incrementó en 23% en todo el país. Así se confirma la tendencia al alza que venía de 2016, exactamente la opuesta a la que prometió el Gobierno en la cumbre de cambio climático de París, donde Santos reiteró su compromiso de reducir a cero la deforestación neta para 2020.
Hay dos cosas llamativas de esta cifra y del fenómeno de la deforestación en general. La primera es que la tala está perfectamente documentada. Mapeada, para ser más precisos. Los satélites y el buen trabajo del Ideam siguen en tiempo real la pérdida de bosques. Por eso se sabe que es altamente concentrada: la mitad de la deforestación del país se da en apenas ocho municipios amazónicos. Los principales promotores no son pequeños colonos, sino actores económicos ilegales dedicados a la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras. Es más: se sabe con exactitud cuándo se tumban más árboles (en el primer y cuarto trimestre del año).
¿Entonces por qué sigue aumentando? Aquí viene la segunda faceta singular de la deforestación: así como se sabe mucho sobre ella, se conoce poco sobre los responsables. La única institución que pone la cara es el Ministerio de Ambiente, cuyo titular actual ha tenido la entereza de reconocer la dimensión del problema. Pero el Ministerio es solo una de varias entidades responsables del problema, como ha quedado claro en el proceso de cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que le ordenó al Gobierno dictar un plan de acción y firmar un pacto con las futuras generaciones contra la deforestación y el cambio climático en la Amazonia, a raíz de una tutela que interpusimos en representación de 25 niños y jóvenes.
Buena parte de la responsabilidad del problema —y de su solución— le caben a las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, que saben dónde están los focos de la tala, incluso quiénes son algunos de los grandes promotores, pero no han tenido ni la voluntad ni la capacidad para enfrentarlos. La Fiscalía incluso desmanteló su unidad de delitos ambientales, con los resultados que están a la vista. Tanto o más responsable que el Ministerio de Ambiente es el de Agricultura, por políticas que han terminado alentando a colonos a tumbar monte para reclamar títulos sobre los potreros. Gobernadores, alcaldes y corporaciones autónomas de los focos de deforestación han oscilado entre la quietud y la complicidad. A la Presidencia le ha faltado liderazgo para coordinar el aparato estatal, como lo hizo Brasil cuando redujo dramáticamente la tala en su lado de la selva.
¿Qué hacer entonces? Usar la información conocida para presionar a los responsables menos conocidos. Los medios tendrán que documentar las omisiones de entidades concretas, como lo hizo este diario hace poco. Ambientalistas y ciudadanos en general tendremos que pasar de la denuncia genérica a las acciones y las propuestas más focalizadas.
El plan de acción y el pacto intergeneracional que el ministro Murillo tendrá que dejar firmados para cumplir el fallo de la Corte son un buen comienzo. Pero sin presión concreta, podrían quedarse en eso en el próximo gobierno.
* Director de Dejusticia.