Para que un eventual acuerdo de paz sea duradero y legítimo, es vital que la ciudadanía lo refrende en las urnas. Como lo mostró mi colega Rodrigo Uprimny en sus columnas, el reto es encontrar el mecanismo apropiado: que sea participativo y democrático, pero a la vez resistente a las fuerzas políticas que quieren sabotear el proceso de paz o aprovecharlo para desmantelar la Constitución de 1991.
La asamblea constituyente es la opción preferida por varios sectores. Por razones muy disímiles, la proponen las Farc, el uribismo y algunas organizaciones de la sociedad civil.
Una constituyente podría lograr el difícil equilibrio entre democracia y paz, sobre todo si es convocada para decidir temas puntuales y amplía la participación de las víctimas y otros grupos vulnerables. Pero acarrea al menos tres riesgos serios, que ameritan una discusión profunda.
El primero es la tentación que tendrían los constituyentes de hacer reformas que vayan más allá de lo previsto en las negociaciones de paz. Una vez elegida, la asamblea podría interpretar su mandato expansivamente y revisar temas estructurales, desde el sistema electoral hasta los derechos fundamentales.
Se trata de un problema común en las transiciones constitucionales. Estuvo presente en 1991, cuando se discutió si la asamblea era “constituida” o “constituyente”, es decir, si tenía límites o era soberana. Los constituyentes respondieron lo segundo y tomaron decisiones como revocar el mandato de los congresistas. Un debate similar se dio en Ecuador en 2008, y en Egipto el año pasado.
De ahí el segundo riesgo: que la constituyente viole el punto de partida del proceso de paz que buscaría refrendar. Acertadamente, el Gobierno y las Farc acordaron una agenda concreta de cinco puntos. Además de hacer el proceso manejable, este límite permite hablar de reformas profundas dentro del marco jurídico de 1991, sin abrir a negociación con las Farc toda la estructura constitucional. Pero las Farc insisten en ir más allá, como lo sugirió Andrés París en este diario. Abrir la puerta para que logren en la constituyente lo que no consigan en las negociaciones terminaría desnaturalizando el proceso.
El tercer riesgo es la contrarreforma de la Constitución de 1991. Las Farc no son las únicas interesadas en hacerle una cirugía profunda. El uribismo —cuya maquinaria le aseguraría un buen número de curules— hace tiempo está proponiendo una constituyente para desmontar todo lo que le disgusta de la Constitución de 1991, comenzando por la prohibición de una nueva reelección de Uribe. Los parapolíticos, las bacrim y otros grupos mafiosos se asegurarían también de hacer elegir a sus representantes.
El resultado puede ser una asamblea dominada por una coalición de sectores extremos. De un lado, las Farc, que deberían tener representación como resultado del acuerdo de paz. Del otro, la derecha legal e ilegal. Como lo muestran las alianzas de las Farc con las bacrim en varias regiones, los extremos pueden lograr acuerdos. Y de ellos saldrían reformas que reflejen los valores antidemocráticos que comparten, muy distintos de los de la mayoría liberal igualitaria que dominó en 1991.
Admito que estoy pensando en el peor escenario posible. Pero, como lo dijo el legendario juez Oliver Holmes, cuando se diseñan instituciones, hay que hacerlo pensando en lo que los malos harían con ellas.
Por eso, me parece más aconsejable una consulta popular, en la que se pregunte a la ciudadanía si refrenda el eventual acuerdo de paz. Se trata de una opción imperfecta. Pero quizás menos que una constituyente.
* Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravito
Para que un eventual acuerdo de paz sea duradero y legítimo, es vital que la ciudadanía lo refrende en las urnas. Como lo mostró mi colega Rodrigo Uprimny en sus columnas, el reto es encontrar el mecanismo apropiado: que sea participativo y democrático, pero a la vez resistente a las fuerzas políticas que quieren sabotear el proceso de paz o aprovecharlo para desmantelar la Constitución de 1991.
La asamblea constituyente es la opción preferida por varios sectores. Por razones muy disímiles, la proponen las Farc, el uribismo y algunas organizaciones de la sociedad civil.
Una constituyente podría lograr el difícil equilibrio entre democracia y paz, sobre todo si es convocada para decidir temas puntuales y amplía la participación de las víctimas y otros grupos vulnerables. Pero acarrea al menos tres riesgos serios, que ameritan una discusión profunda.
El primero es la tentación que tendrían los constituyentes de hacer reformas que vayan más allá de lo previsto en las negociaciones de paz. Una vez elegida, la asamblea podría interpretar su mandato expansivamente y revisar temas estructurales, desde el sistema electoral hasta los derechos fundamentales.
Se trata de un problema común en las transiciones constitucionales. Estuvo presente en 1991, cuando se discutió si la asamblea era “constituida” o “constituyente”, es decir, si tenía límites o era soberana. Los constituyentes respondieron lo segundo y tomaron decisiones como revocar el mandato de los congresistas. Un debate similar se dio en Ecuador en 2008, y en Egipto el año pasado.
De ahí el segundo riesgo: que la constituyente viole el punto de partida del proceso de paz que buscaría refrendar. Acertadamente, el Gobierno y las Farc acordaron una agenda concreta de cinco puntos. Además de hacer el proceso manejable, este límite permite hablar de reformas profundas dentro del marco jurídico de 1991, sin abrir a negociación con las Farc toda la estructura constitucional. Pero las Farc insisten en ir más allá, como lo sugirió Andrés París en este diario. Abrir la puerta para que logren en la constituyente lo que no consigan en las negociaciones terminaría desnaturalizando el proceso.
El tercer riesgo es la contrarreforma de la Constitución de 1991. Las Farc no son las únicas interesadas en hacerle una cirugía profunda. El uribismo —cuya maquinaria le aseguraría un buen número de curules— hace tiempo está proponiendo una constituyente para desmontar todo lo que le disgusta de la Constitución de 1991, comenzando por la prohibición de una nueva reelección de Uribe. Los parapolíticos, las bacrim y otros grupos mafiosos se asegurarían también de hacer elegir a sus representantes.
El resultado puede ser una asamblea dominada por una coalición de sectores extremos. De un lado, las Farc, que deberían tener representación como resultado del acuerdo de paz. Del otro, la derecha legal e ilegal. Como lo muestran las alianzas de las Farc con las bacrim en varias regiones, los extremos pueden lograr acuerdos. Y de ellos saldrían reformas que reflejen los valores antidemocráticos que comparten, muy distintos de los de la mayoría liberal igualitaria que dominó en 1991.
Admito que estoy pensando en el peor escenario posible. Pero, como lo dijo el legendario juez Oliver Holmes, cuando se diseñan instituciones, hay que hacerlo pensando en lo que los malos harían con ellas.
Por eso, me parece más aconsejable una consulta popular, en la que se pregunte a la ciudadanía si refrenda el eventual acuerdo de paz. Se trata de una opción imperfecta. Pero quizás menos que una constituyente.
* Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravito