Algo paradójico está pasando con la participación ciudadana tras el fin de la guerra con las Farc. Quienes inicialmente se opusieron al plebiscito pero terminaron ganándolo, abrazan de repente la participación para alegar que el acuerdo de paz es ilegítimo. En cambio, quienes apoyaron el plebiscito y promovieron la democracia participativa a lo largo de los años, parecen a la defensiva tras la sorpresa del 2 de octubre.
Lo que unos y otros pierden de vista es que la participación prometida no era apenas sobre la refrendación del acuerdo, sino también sobre la implementación que ahora comienza. No es solo un debate sobre el pasado, sino también sobre el futuro y la estabilidad de la paz, que dependen de las reformas y las políticas que la deben concretar.
Basta releer el acuerdo: la palabra “participación” aparece 313 veces. “La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final”, dice el preámbulo. “Participación…en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios”. Participación amplia de la ciudadanía, y en especial de las víctimas del conflicto y los colombianos de las regiones y grupos más afectados por la guerra. Participación en los programas de reforma agraria, reforma electoral, justicia transicional, políticas de drogas y demás puntos del pacto.
De modo que los avatares de la refrendación no agotan la democracia participativa; la hacen aún más necesaria en lo que viene, para darle mayor legitimidad y transparencia a la construcción de la paz. Si una de las causas históricas del conflicto fue el estrecho espacio para los movimientos sociales y otras formas de incidencia pacífica de los ciudadanos, uno de los factores que decidirán la paz son las reformas electorales prometidas en el punto 2 del acuerdo, así como la participación amplia en la implementación y la vida pública futura.
El problema es que la participación es lo primero que se sacrifica en medio de la improvisación de las políticas públicas, con frecuencia porque gobiernos y partidos se rehusan a perder el rentable monopolio de lo público. De ahí la flaqueza de consultas populares, cabildos abiertos, consultas previas, presupuestos participativos, consultas ambientales y otros mecanismos que la Constitución del 91 y la ley prevén para que los ciudadanos deliberen y decidan sobre los asuntos locales que los afectan directamente.
Esta vez debe ser distinto. Jurídicamente, el Estado se comprometió a activar mecanismos de participación en la ejecución del acuerdo y presentar un proyecto de ley que haga lo mismo en la política en general (punto 2.2.1. del pacto). Políticamente, el acuerdo es sostenible sólo si echa raíces en la sociedad, sumando apoyos de ciudadanos, organizaciones y movimientos que ayuden a concretarlo. Moralmente, existe una deuda especial con las víctimas y los grupos vulnerables: los desplazados, las mujeres, los grupos étnicos, los habitantes de regiones olvidadas y otros sectores que sufrieron lo peor de la violencia. Su voz no puede faltar en las sesiones del Congreso, la Comisión de la Verdad, la justicia para la paz, los programas de reforma agraria y demás políticas de paz.
* Director de Dejusticia
Algo paradójico está pasando con la participación ciudadana tras el fin de la guerra con las Farc. Quienes inicialmente se opusieron al plebiscito pero terminaron ganándolo, abrazan de repente la participación para alegar que el acuerdo de paz es ilegítimo. En cambio, quienes apoyaron el plebiscito y promovieron la democracia participativa a lo largo de los años, parecen a la defensiva tras la sorpresa del 2 de octubre.
Lo que unos y otros pierden de vista es que la participación prometida no era apenas sobre la refrendación del acuerdo, sino también sobre la implementación que ahora comienza. No es solo un debate sobre el pasado, sino también sobre el futuro y la estabilidad de la paz, que dependen de las reformas y las políticas que la deben concretar.
Basta releer el acuerdo: la palabra “participación” aparece 313 veces. “La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final”, dice el preámbulo. “Participación…en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios”. Participación amplia de la ciudadanía, y en especial de las víctimas del conflicto y los colombianos de las regiones y grupos más afectados por la guerra. Participación en los programas de reforma agraria, reforma electoral, justicia transicional, políticas de drogas y demás puntos del pacto.
De modo que los avatares de la refrendación no agotan la democracia participativa; la hacen aún más necesaria en lo que viene, para darle mayor legitimidad y transparencia a la construcción de la paz. Si una de las causas históricas del conflicto fue el estrecho espacio para los movimientos sociales y otras formas de incidencia pacífica de los ciudadanos, uno de los factores que decidirán la paz son las reformas electorales prometidas en el punto 2 del acuerdo, así como la participación amplia en la implementación y la vida pública futura.
El problema es que la participación es lo primero que se sacrifica en medio de la improvisación de las políticas públicas, con frecuencia porque gobiernos y partidos se rehusan a perder el rentable monopolio de lo público. De ahí la flaqueza de consultas populares, cabildos abiertos, consultas previas, presupuestos participativos, consultas ambientales y otros mecanismos que la Constitución del 91 y la ley prevén para que los ciudadanos deliberen y decidan sobre los asuntos locales que los afectan directamente.
Esta vez debe ser distinto. Jurídicamente, el Estado se comprometió a activar mecanismos de participación en la ejecución del acuerdo y presentar un proyecto de ley que haga lo mismo en la política en general (punto 2.2.1. del pacto). Políticamente, el acuerdo es sostenible sólo si echa raíces en la sociedad, sumando apoyos de ciudadanos, organizaciones y movimientos que ayuden a concretarlo. Moralmente, existe una deuda especial con las víctimas y los grupos vulnerables: los desplazados, las mujeres, los grupos étnicos, los habitantes de regiones olvidadas y otros sectores que sufrieron lo peor de la violencia. Su voz no puede faltar en las sesiones del Congreso, la Comisión de la Verdad, la justicia para la paz, los programas de reforma agraria y demás políticas de paz.
* Director de Dejusticia