¿Por qué un ataúd es más barato que un remedio?
Esa es la pregunta que se hace Juan Gossaín en su reciente crónica sobre los medicamentos en Colombia, mucho más caros que en otros países. Y dejaba esta otra en el aire: “¿Alguien puede explicarles a los colombianos a qué se deben esas monstruosas diferencias de precios?”.
La respuesta está saliendo a flote en estos días, con ocasión de la acertada propuesta del Gobierno de abrir a la competencia el mercado de los medicamentos biotecnológicos. Las críticas de las farmacéuticas multinacionales, que tienen el monopolio de esas drogas, han generado el efecto contrario al buscado: han puesto en evidencia las maniobras de esas compañías y del gobierno anterior que dispararon los precios.
Las razones que busca Gossaín se encuentran en dos lugares. El primero es el desastroso Ministerio de la Protección Social de Diego Palacio, quien tiene tantas preguntas por responder como sus colegas del gobierno Uribe, que ya están en líos judiciales. Bajo su mandato se expidió la Circular 04 de 2006, que liberó los precios de los medicamentos, incluyendo los de aquellos que son producidos sólo por un fabricante.
No hace falta ser economista para saber qué pasa con un monopolio sin control: desde 2007 se escalaron los precios y, con ello, las sumas que tuvo que pagar el Estado (es decir, nosotros, los contribuyentes) para cubrir las cuentas que le pasaban las EPS por medicamentos. Según un estudio reciente de Fedesarrollo, en 2009 el 87% de los recobros de las EPS al Estado correspondieron a este concepto. Así que la espiral de precios de las drogas estuvo detrás de la explosión de los recobros, que se cuadruplicaron entre 2007 y 2010, cuando pasaron de $557.331 millones a $2.236.120 millones, según cifras de la Federación Médica Colombiana (FMC).
El descalabro era tal, que el ministro Palacio intentó dar marcha atrás en 2010, con unas medidas que permitían las importaciones de algunas de las drogas que se estaban vendiendo a precios mucho más altos que en el exterior. Extrañamente, la voluntad de enmienda le duró unas pocas semanas. Por ejemplo, alegó que había llegado a un acuerdo de rebaja de precios con Roche —la compañía productora de algunos de los medicamentos más recobrados, como rituximab (un biotecnológico para tratamientos contra la artritis y el linfoma)— y sacó los productos de Roche de la lista de los que serían importados.
Lo cual nos lleva al segundo lugar, donde está la respuesta: las compañías que se habrían beneficiado de semejante política. Para seguir con el caso del rituximab, estudios de la FMC sugieren que las ventas de ese medicamento subieron de $15.600 millones en 2007 a $94.000 millones en 2009. Así que Roche y el gremio de las farmacéuticas internacionales, en lugar de estar pidiendo explicaciones a Fedesarrollo y a la valiente ministra de Salud, deberían estar dándolas por su dudoso papel en el carrusel de las medicinas.
El problema es que Roche y el gremio no quieren entregar los datos que aclararían lo que pasó. Por eso, en últimas, será en los estrados judiciales donde se encuentre la respuesta que busca Gossaín. En efecto, la FMC tuvo que poner una tutela para averiguar los precios que negoció el ministro Palacio con Roche en 2010. A pesar de que las drogas fueron pagadas con dineros públicos, la compañía y el Ministerio de Palacio alegaron que la información de los precios era “secreto industrial”. Pero la Corte Constitucional acaba de fallar a favor de la FMC y ordenó revelar los precios.
Así que pronto sabremos cómo fue el negocio. También por qué las farmacéuticas monopólicas y las asociaciones de pacientes que financian se oponen a la regulación moderada de los biotecnológicos que propone el Gobierno, que garantiza tanto la seguridad de las drogas como su precio razonable. Y, volviendo a Gossaín, al menos quedarán más claras “las injusticias de un país donde una caja mensual de medicina cuesta más que una caja de difunto”.
Esa es la pregunta que se hace Juan Gossaín en su reciente crónica sobre los medicamentos en Colombia, mucho más caros que en otros países. Y dejaba esta otra en el aire: “¿Alguien puede explicarles a los colombianos a qué se deben esas monstruosas diferencias de precios?”.
La respuesta está saliendo a flote en estos días, con ocasión de la acertada propuesta del Gobierno de abrir a la competencia el mercado de los medicamentos biotecnológicos. Las críticas de las farmacéuticas multinacionales, que tienen el monopolio de esas drogas, han generado el efecto contrario al buscado: han puesto en evidencia las maniobras de esas compañías y del gobierno anterior que dispararon los precios.
Las razones que busca Gossaín se encuentran en dos lugares. El primero es el desastroso Ministerio de la Protección Social de Diego Palacio, quien tiene tantas preguntas por responder como sus colegas del gobierno Uribe, que ya están en líos judiciales. Bajo su mandato se expidió la Circular 04 de 2006, que liberó los precios de los medicamentos, incluyendo los de aquellos que son producidos sólo por un fabricante.
No hace falta ser economista para saber qué pasa con un monopolio sin control: desde 2007 se escalaron los precios y, con ello, las sumas que tuvo que pagar el Estado (es decir, nosotros, los contribuyentes) para cubrir las cuentas que le pasaban las EPS por medicamentos. Según un estudio reciente de Fedesarrollo, en 2009 el 87% de los recobros de las EPS al Estado correspondieron a este concepto. Así que la espiral de precios de las drogas estuvo detrás de la explosión de los recobros, que se cuadruplicaron entre 2007 y 2010, cuando pasaron de $557.331 millones a $2.236.120 millones, según cifras de la Federación Médica Colombiana (FMC).
El descalabro era tal, que el ministro Palacio intentó dar marcha atrás en 2010, con unas medidas que permitían las importaciones de algunas de las drogas que se estaban vendiendo a precios mucho más altos que en el exterior. Extrañamente, la voluntad de enmienda le duró unas pocas semanas. Por ejemplo, alegó que había llegado a un acuerdo de rebaja de precios con Roche —la compañía productora de algunos de los medicamentos más recobrados, como rituximab (un biotecnológico para tratamientos contra la artritis y el linfoma)— y sacó los productos de Roche de la lista de los que serían importados.
Lo cual nos lleva al segundo lugar, donde está la respuesta: las compañías que se habrían beneficiado de semejante política. Para seguir con el caso del rituximab, estudios de la FMC sugieren que las ventas de ese medicamento subieron de $15.600 millones en 2007 a $94.000 millones en 2009. Así que Roche y el gremio de las farmacéuticas internacionales, en lugar de estar pidiendo explicaciones a Fedesarrollo y a la valiente ministra de Salud, deberían estar dándolas por su dudoso papel en el carrusel de las medicinas.
El problema es que Roche y el gremio no quieren entregar los datos que aclararían lo que pasó. Por eso, en últimas, será en los estrados judiciales donde se encuentre la respuesta que busca Gossaín. En efecto, la FMC tuvo que poner una tutela para averiguar los precios que negoció el ministro Palacio con Roche en 2010. A pesar de que las drogas fueron pagadas con dineros públicos, la compañía y el Ministerio de Palacio alegaron que la información de los precios era “secreto industrial”. Pero la Corte Constitucional acaba de fallar a favor de la FMC y ordenó revelar los precios.
Así que pronto sabremos cómo fue el negocio. También por qué las farmacéuticas monopólicas y las asociaciones de pacientes que financian se oponen a la regulación moderada de los biotecnológicos que propone el Gobierno, que garantiza tanto la seguridad de las drogas como su precio razonable. Y, volviendo a Gossaín, al menos quedarán más claras “las injusticias de un país donde una caja mensual de medicina cuesta más que una caja de difunto”.