Los latinoamericanos seguimos vacilando frente al éxodo de más de 2,3 millones de venezolanos, la principal emergencia humanitaria de la región. Olvidando que Venezuela acogió millones de colombianos, peruanos, chilenos, argentinos y otros ciudadanos que huían de las dictaduras y las crisis económicas del siglo pasado, damos un paso adelante y otro atrás en nuestro deber moral de reciprocidad y nuestro deber legal de acoger a los migrantes.
Perú se adelantó el año pasado con el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el primer programa serio que formalizó a los venezolanos y les permitió trabajar legalmente. Pero ahora retrocedió, junto con Ecuador, al exigirles a los nuevos migrantes presentar el pasaporte para poder entrar al país. Suena como si fuera un requisito sencillo, pero en realidad es una exigencia casi incumplible para los venezolanos de todas las edades que se ven caminando por las carreteras colombianas rumbo al sur, literalmente con la casa a cuestas. Obtener un pasaporte en Venezuela es una hazaña. El gobierno dilata su expedición a los opositores que busca castigar. Incluso los demás tienen que esperar cerca de un año o no tienen cómo pagar el precio inalcanzable del documento, cuando hay papel para imprimirlo.
Colombia ha seguido la dirección inversa. El gobierno Santos se tardó en reaccionar y exigió el pasaporte como condición para regularizar a los migrantes. Pero en su último año de gestión siguió los pasos de Perú y fue más allá, al crear un registro en el que se contabilizaron 442.000 ciudadanos venezolanos que viven en Colombia y recibieron el beneficio del PTP, que les permite trabajar temporalmente y acceder a servicios como la educación y la salud.
La situación de los migrantes venezolanos es demasiado grave y urgente como para quedar al vaivén de la buena voluntad y las coyunturas políticas de cada gobierno. Lo que se necesita son políticas estables —de Estado y no de gobierno— articuladas mediante un plan de acción regional. En cuanto a lo primero, es fundamental que los gobiernos entrantes, como el de Iván Duque, construyan sobre los avances de sus predecesores. Si Venezuela es una dictadura (como en efecto lo es y lo han dicho tanto Duque como Santos), Colombia tiene el deber legal de reconocer y atender como refugiados a quienes huyen de ella, como lo dije en otra columna.
Para el derecho colombiano (Decreto 1067/15), es refugiado quien “se hubiera visto obligado a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público”. Es decir, muy buena parte de los venezolanos víctimas de violaciones diarias de derechos básicos (a la salud, la alimentación, la libertad de expresión, etc.) que cruzan la frontera como último recurso para protegerse.
Pero aun los mejores planes nacionales son insuficientes para atender una emergencia que es regional. Tiene razón el secretario de la OEA al citar una reunión urgente del Consejo Permanente de la entidad para diseñar una estrategia a esa escala. Ya es hora de dejar de vacilar a los migrantes.
* Director de Dejusticia.
Los latinoamericanos seguimos vacilando frente al éxodo de más de 2,3 millones de venezolanos, la principal emergencia humanitaria de la región. Olvidando que Venezuela acogió millones de colombianos, peruanos, chilenos, argentinos y otros ciudadanos que huían de las dictaduras y las crisis económicas del siglo pasado, damos un paso adelante y otro atrás en nuestro deber moral de reciprocidad y nuestro deber legal de acoger a los migrantes.
Perú se adelantó el año pasado con el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el primer programa serio que formalizó a los venezolanos y les permitió trabajar legalmente. Pero ahora retrocedió, junto con Ecuador, al exigirles a los nuevos migrantes presentar el pasaporte para poder entrar al país. Suena como si fuera un requisito sencillo, pero en realidad es una exigencia casi incumplible para los venezolanos de todas las edades que se ven caminando por las carreteras colombianas rumbo al sur, literalmente con la casa a cuestas. Obtener un pasaporte en Venezuela es una hazaña. El gobierno dilata su expedición a los opositores que busca castigar. Incluso los demás tienen que esperar cerca de un año o no tienen cómo pagar el precio inalcanzable del documento, cuando hay papel para imprimirlo.
Colombia ha seguido la dirección inversa. El gobierno Santos se tardó en reaccionar y exigió el pasaporte como condición para regularizar a los migrantes. Pero en su último año de gestión siguió los pasos de Perú y fue más allá, al crear un registro en el que se contabilizaron 442.000 ciudadanos venezolanos que viven en Colombia y recibieron el beneficio del PTP, que les permite trabajar temporalmente y acceder a servicios como la educación y la salud.
La situación de los migrantes venezolanos es demasiado grave y urgente como para quedar al vaivén de la buena voluntad y las coyunturas políticas de cada gobierno. Lo que se necesita son políticas estables —de Estado y no de gobierno— articuladas mediante un plan de acción regional. En cuanto a lo primero, es fundamental que los gobiernos entrantes, como el de Iván Duque, construyan sobre los avances de sus predecesores. Si Venezuela es una dictadura (como en efecto lo es y lo han dicho tanto Duque como Santos), Colombia tiene el deber legal de reconocer y atender como refugiados a quienes huyen de ella, como lo dije en otra columna.
Para el derecho colombiano (Decreto 1067/15), es refugiado quien “se hubiera visto obligado a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público”. Es decir, muy buena parte de los venezolanos víctimas de violaciones diarias de derechos básicos (a la salud, la alimentación, la libertad de expresión, etc.) que cruzan la frontera como último recurso para protegerse.
Pero aun los mejores planes nacionales son insuficientes para atender una emergencia que es regional. Tiene razón el secretario de la OEA al citar una reunión urgente del Consejo Permanente de la entidad para diseñar una estrategia a esa escala. Ya es hora de dejar de vacilar a los migrantes.
* Director de Dejusticia.