Si la guerra, según Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios, los derechos humanos son el límite a la política y la guerra.
Son la línea roja de la dignidad humana, el umbral que se comprometen a respetar la izquierda y la derecha por igual. Por eso pierden sentido cuando se invocan al son de las preferencias políticas, como en el debate sobre Venezuela.
Ante la detención arbitraria del alcalde de Caracas —sin orden de un tribunal independiente y fundada en cargos políticos—, la derecha uribista exige un pronunciamiento enérgico de la comunidad internacional. El llamado contrasta con la antipatía del uribismo por esa comunidad cuando las denuncias eran contra su líder, o su silencio cuando las víctimas eran las de los “falsos positivos”. Con la misma moneda responde Maduro, lanza en ristre contra el uribismo y los medios colombianos para desviar la atención de las graves violaciones de derechos humanos de su gobierno. Lo acompañan, silentes, sectores de izquierda que piensan que el dilema no es de derechos, sino entre neoliberalismo y socialismo, según dijeron algunos en Twitter.
Como la discusión coincidió con el lanzamiento del informe anual de Amnistía Internacional, la sensación de déjà vu es inevitable. Medio siglo después de que Peter Benenson fundara Amnistía, la pionera ONG de derechos humanos, Venezuela nos recuerda que seguimos con los problemas clásicos. Amnistía surgió de una campaña para liberar prisioneros de conciencia, definidos en el texto fundacional de Benenson como “cualquier persona constreñida físicamente (en prisión o en otro lugar) para impedir que exprese... una opinión... que no defienda o condone la violencia física”. En esa definición cabe nítidamente Leopoldo López, como concluyó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Y probablemente Antonio Ledezma y otros miembros de la oposición venezolana detenidos sin fórmula de juicio imparcial.
Tras condenar inequívocamente las violaciones de derechos en EE.UU. y Colombia —las némesis conspiratorias en el discurso de Maduro—, el informe de Amnistía pasa revista a Venezuela. “Al menos 43 personas perdieron la vida y más de 870 resultaron heridas —entre manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes— durante las manifestaciones multitudinarias a favor y en contra del Gobierno que tuvieron lugar entre febrero y julio”. “Más de 3.000 personas fueron detenidas” sin esperanza de un proceso imparcial porque “el sistema de justicia estaba sujeto a injerencias gubernamentales, especialmente en los casos que implicaban a personas que criticaban al Gobierno”. “Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas”, como lo hicieron esta semana al matar a un estudiante en San Cristóbal.
Para ser eficaz, la solidaridad con las víctimas “debe tener una base amplia, internacional y no sectaria”, escribió Benenson en 1961. Es tiempo de quitarles a las facciones políticas el monopolio del debate sobre Venezuela y ver la situación por lo que es: una crisis de derechos humanos.
Si la guerra, según Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios, los derechos humanos son el límite a la política y la guerra.
Son la línea roja de la dignidad humana, el umbral que se comprometen a respetar la izquierda y la derecha por igual. Por eso pierden sentido cuando se invocan al son de las preferencias políticas, como en el debate sobre Venezuela.
Ante la detención arbitraria del alcalde de Caracas —sin orden de un tribunal independiente y fundada en cargos políticos—, la derecha uribista exige un pronunciamiento enérgico de la comunidad internacional. El llamado contrasta con la antipatía del uribismo por esa comunidad cuando las denuncias eran contra su líder, o su silencio cuando las víctimas eran las de los “falsos positivos”. Con la misma moneda responde Maduro, lanza en ristre contra el uribismo y los medios colombianos para desviar la atención de las graves violaciones de derechos humanos de su gobierno. Lo acompañan, silentes, sectores de izquierda que piensan que el dilema no es de derechos, sino entre neoliberalismo y socialismo, según dijeron algunos en Twitter.
Como la discusión coincidió con el lanzamiento del informe anual de Amnistía Internacional, la sensación de déjà vu es inevitable. Medio siglo después de que Peter Benenson fundara Amnistía, la pionera ONG de derechos humanos, Venezuela nos recuerda que seguimos con los problemas clásicos. Amnistía surgió de una campaña para liberar prisioneros de conciencia, definidos en el texto fundacional de Benenson como “cualquier persona constreñida físicamente (en prisión o en otro lugar) para impedir que exprese... una opinión... que no defienda o condone la violencia física”. En esa definición cabe nítidamente Leopoldo López, como concluyó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Y probablemente Antonio Ledezma y otros miembros de la oposición venezolana detenidos sin fórmula de juicio imparcial.
Tras condenar inequívocamente las violaciones de derechos en EE.UU. y Colombia —las némesis conspiratorias en el discurso de Maduro—, el informe de Amnistía pasa revista a Venezuela. “Al menos 43 personas perdieron la vida y más de 870 resultaron heridas —entre manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes— durante las manifestaciones multitudinarias a favor y en contra del Gobierno que tuvieron lugar entre febrero y julio”. “Más de 3.000 personas fueron detenidas” sin esperanza de un proceso imparcial porque “el sistema de justicia estaba sujeto a injerencias gubernamentales, especialmente en los casos que implicaban a personas que criticaban al Gobierno”. “Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas”, como lo hicieron esta semana al matar a un estudiante en San Cristóbal.
Para ser eficaz, la solidaridad con las víctimas “debe tener una base amplia, internacional y no sectaria”, escribió Benenson en 1961. Es tiempo de quitarles a las facciones políticas el monopolio del debate sobre Venezuela y ver la situación por lo que es: una crisis de derechos humanos.