La gestión del patrimonio urbano en Bogotá no ha logrado definir estrategias territoriales claras para su manejo.
Se sigue tramitando predio a predio, sin que se consiga entender sus nexos con otras dimensiones de la vida ciudadana. El Distrito fundamenta su acción en el reconocimiento de la diversidad cultural, lo que se ha traducido en la atención desmedida hacia el patrimonio inmaterial y el descuido del patrimonio que se habita. Esta gestión carece de lazos estrechos con el mundo y, en consecuencia, es atrasada. Conviene, pues, que el nuevo gobierno se comprometa en un cambio de norte en el tema.
Hay que superar la perspectiva del patrimonio urbano como colección de objetos aislados, sin relación alguna con los entornos y con otras problemáticas de la ciudad. Este cambio de enfoque podría significar la supremacía de la rehabilitación urbana y social de este patrimonio, por encima de la restauración monumental. Y la articulación de las políticas patrimoniales y de vivienda, por encima de esfuerzos culturalistas.
Se debe reformar el Plan Zonal del centro. Primero, revisar la propuesta de ordenamiento y la perspectiva de renovación urbana allí presentes. Los modelos abiertamente renovadores no han logrado el pretendido repoblamiento y sí han conseguido que las políticas públicas sean hoy más privadas y menos públicas. También hay que revisar los aspectos urbanísticos, articulando escalas proyectuales entre la operación macro y el detalle e incluir instrumentos de gestión.
El deterioro físico de La Candelaria demuestra que este sector debe ser separado de la gestión que hace el Instituto Distrital de Patrimonio, pues no parece tener la capacidad de atender el área. Bien puede ser recuperada la antigua Corporación La Candelaria o crearse una entidad nueva con objetivos más ambiciosos.
Se precisa definir una línea de acción orientada a la subdivisión de vivienda en Teusaquillo, con lo cual se aporta a una densificación adecuada a sus características. La apuesta por una ciudad más compacta tiene límites en el patrimonio urbano. Esta subdivisión y la implementación de ciertas actividades turísticas reguladas, podrían favorecer la consecución de rentas para unos propietarios que las necesitan con urgencia.
Las compensaciones a las restricciones que impone la conservación deben ser revisadas. Necesitamos un debate calificado del proyecto de decreto de transferencias de edificabilidad. Los trámites para la intervención física de los inmuebles son ahora dispendiosos. Como en Ciudad de México, una Mesa de Proyectos puede conferir celeridad.
Finalmente, urge pertenecer a redes internacionales que permitan la circulación de información. Y tener un banco de proyectos, que facilite concursar por recursos técnicos y monetarios.
María Eugenia Martínez
