EN DÍAS PASADOS, EL MINISTERIO de Cultura y la Sociedad Colombiana de Arquitectos —SCA Nacional— celebraron una alianza para la renovación de los centros históricos colombianos (El Tiempo, 17-12-11). Resulta escandaloso que una entidad a la que la Constitución y las leyes le ordenan conservar (cualificar, rehabilitar, reutilizar) el patrimonio cultural de la Nación, se dedique a una tarea que no le corresponde. La renovación urbana no es asunto de este Ministerio.
La renovación de centros históricos entró en desuso en Europa y cada vez lo estará más en América Latina, por sus consecuencias nefastas para las áreas intervenidas y el conjunto de la ciudad. Hoy la cuestión del centro se aparece en toda su complejidad, con problemáticas de naturaleza muy distinta: áreas que presentan obsolescencia funcional y simbólica, áreas vacías, áreas de exclusión social y áreas conservadas y funcionales. Aplicar, entonces, la renovación urbana a situaciones tan disímiles no tiene otro sustento que visiones reduccionistas de la realidad y conduce a errores tan graves como la destrucción del patrimonio cultural.
La renovación de centros que propone esta pareja obedece a perspectivas que sitúan la imagen, materializada en proyectos arquitectónicos emblemáticos, por encima de la realidad. La posibilidad que tienen estos proyectos, por sí mismos, de apalancar la transformación de la ciudad, como lo ha demostrado la práctica, es muy limitada. Además de este interés en la novedad y no en la reflexión seria, puede haber un “detrás de cámaras” que será mejor que indaguen las autoridades de control. Y es que una gestión del patrimonio cultural que se mueve entre la falta de criterio y los contratos, sin norte claro a la vista, no deja de ser sospechosa.
La inscripción de profesionales para la intervención del patrimonio cultural del país, que pretende garantizar idoneidad en las actuaciones, fue establecida por el decreto 763 de 2009. Más de dos años después, el Ministerio no ha sido capaz de reglamentarla. La evidente omisión favorece que la sugerente pareja adjudique concursos a profesionales que no están preparados para tan compleja tarea. Las convocatorias que celebra la alianza no cumplen disposiciones nacionales e internacionales. Esto, siendo la SCA Nacional miembro del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, y el Ministerio, el que propone o determina las regulaciones en Colombia.
¿No le parece a la SCA Nacional que las intervenciones realizadas en los centros históricos de Barranquilla y Santa Marta, y las próximas a iniciar en Mompox, patrimonio de la humanidad, ameritan un debate experto, sin especialistas incondicionales? ¿Por qué un Plan como el de Iza, que bien se podría elaborar por 150 millones, cuesta más de 300? Como es apenas obvio, si se participa de estas complicadas alianzas, es imposible ejercer el papel crítico a las actuaciones públicas que le corresponde a la agremiación.
María Eugenia Martínez Delgado*
