Qué tan ricos son los ricos es uno de los secretos mejor guardados del país y de la mayor parte de las sociedades con altos índices de pobreza. La ley ha construido una muralla que protege esa información. La reserva bancaria, la comercial, la tributaria constituyen mecanismos efectivos para reforzar el sigilo que funcionarios extienden más allá de la ley, con temor reverencial a que se conozcan los datos verdaderos. Tal es el caso de la información anonimizada de las declaraciones de renta y de la decisión de no difundir los estudios sobre la concentración de la riqueza realizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Un derecho de petición para obtenerlos dio como resultado un CD lleno de información sobre la pobreza, pero no el estudio de la desigualdad que permanece sellado en algún anaquel.
Los recientes estudios de Garay y Espitia han buscado llenar ese vacío, pero todavía la información disponible no es suficiente para explicar al público y a algunos políticos despistados por qué los 4.000 contribuyentes más ricos serán quienes aporten el nuevo recaudo en un eventual gobierno de Gustavo Petro. A partir de los estudios conocidos intentaré explicar esa aparente paradoja: ¿sólo 4.000 personas? Suena a injusticia, pero veamos los datos.
En la publicación Desigualdad y reforma estructural tributaria en Colombia, Garay y Espitia analizan la desigualdad entre los distintos niveles de ingreso partir de los microdatos de las declaraciones de renta. Los ingresos promedio del 10 % de declarantes menos ricos en 2017 ascendieron a $861.000 mensuales, frente a un promedio de $52 millones para el 10 % más rico. Pero los promedios engañan. La diferencia entre el ingreso mínimo declarado de este 10 % más rico y el máximo varía de $16 millones para el más bajo a $162.500 millones mensuales para el más alto. Los 2.600 supersuperricos (el 0,1 %) empiezan en $82 millones mensuales y escalan al máximo señalado que equivale a 188,735 veces el ingreso promedio mensual que declaran los más aventajados del sistema tributario y que pagan una tarifa impositiva efectiva más alta.
En cuanto a las empresas de las que son dueños los superricos, Garay y Espitia también muestran una impresionante desigualdad patrimonial. En este caso, el 1 % más rico de las empresas del país concentra el 59 % del patrimonio bruto de la totalidad de las empresas, y el 0,1 %, las consideradas supersuperricas, un impresionante 30 % de patrimonio bruto total. Como en 2017 declararon 455.000 empresas, ese 1 % comprende a apenas 4.450 empresas, 747 más que las clasificadas como grandes contribuyentes por la DIAN para ese año.
Pero hay más. El 70 % del patrimonio bruto de las empresas está representado en activos e inversiones de índole financiera y solamente el 25 % en activos intangibles y productivos. De ahí que Petro anuncie que solo gravará el capital improductivo de los 4.000 contribuyentes más ricos, para evitar afectar la producción. Llegó la hora de la transparencia en el debate de la justicia tributaria. El Gobierno, los gremios y los expertos deben hablar con las cifras secretas de la desigualdad.
Por Clara López Obregón
