En 2006, el director de cine Davis Guggenheim convirtió la presentación del vicepresidente Al Gore sobre el calentamiento global en un premiado documental. Su título, Una verdad inconveniente, viene como anillo al dedo para describir la deriva de la tecnología de las redes sociales hacia un nuevo autoritarismo, pero de naturaleza privada. Al decir de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, al abrir una investigación en diciembre pasado, las redes sociales han pasado de ser instrumento “para conectar a la gente y promover la creatividad” a convertirse en “un modelo de negocios que, en vez de apoyar las actividades de los usuarios, los monetiza”.
Shoshana Zucoff, profesora de la Harvard Business School, ha escrito extensamente sobre cómo los gigantes tecnológicos Google, Facebook y Amazon han creado un modelo de negocios que expropia la privacidad y experiencia de las personas y las convierte en capacidad de manipular y predecir su comportamiento con fines comerciales y políticos. Ha bautizado este fenómeno “capitalismo de vigilancia” y documenta su incompatibilidad con la democracia.
La voracidad por información es ilimitada y totalmente indiferente a su veracidad. Lo que importa, afirmó en memorando interno en 2016 el vicepresidente de Facebook, Andrew Bosworth, es que “conectamos a la gente… Tal vez alguien muera en un ataque terrorista. La fea verdad es que cualquier cosa que nos permita conectar a más personas más a menudo es, de facto, bueno”.
El ataque al Capitolio estadounidense por parte de extremistas seguidores de Trump y su intento de revertir el resultado electoral ha sido asociado a la indiferencia por la verdad de este modelo de negocios y su propensión a estimular la divulgación de falsedades y teorías de la conspiración. Pero la información entregada por una fuente al New York Times sobre la ubicación de los celulares en el área circundante a la toma muestra una faceta adicional del abuso en la recolección subrepticia de información privada. Con poco esfuerzo, el periódico pudo identificar a los titulares de los aparatos, seguir sus pasos y llegar a sus publicaciones en redes sociales. “Es una grave amenaza para nuestra democracia”, afirma el articulista y concluye: “Ninguno de estos datos debió haber sido recogido”.
La extracción de información privada y la reconducción del negocio de la propaganda de vigilancia debe ser regulada en función de los principios democráticos que se fincan en la privacidad y la capacidad de autodeterminación del individuo. Los ciudadanos merecemos una regulación de nuestros derechos de propiedad sobre nuestra privacidad, pero los multimillonarios lobistas de las gigantes de tecnología están al acecho. En Australia, Google amenazó al parlamento con retirar su motor de búsqueda si aprobaban una norma exigiendo el pago de contenidos noticiosos.
La ventana de oportunidad para controlar a los gigantes informáticos se está cerrando. La democracia no es compatible con el capitalismo de vigilancia. Esta otra verdad inconveniente exige acción por parte de la comunidad internacional, los gobiernos y parlamentos, incluido el colombiano.
Por Clara López Obregón
