Pandora Papers: Inmoralidad tributaria y corrupción legalizada

La otra cara de la moneda de las migraciones masivas que acechan las fronteras del mundo se observa en las embarazosas revelaciones de los Pandora Papers. Mientras los países ricos y los ricos de todas partes consolidan el libre flujo de bienes, servicios y capitales, se esmeran en construir muros físicos y jurídicos para intentar detener a quienes huyen de la pobreza y la falta de oportunidades que su conducta propicia.

Esta globalización desequilibrada se ha conseguido a través de tratados de libre comercio, pobre regulación financiera e instituciones internacionales como el FMI, la OMC y el Banco Mundial, que promueven las políticas que requieren las empresas multinacionales y sus socios en los países en desarrollo para concentrar las inmensas utilidades y riquezas que depositan en paraísos fiscales. Su consigna es una competitividad falseada pues se asienta en el poder de mercado, la reducción de impuestos y la precarización laboral.

El éxito de los promotores de la globalización puede verse en los Pandora Papers, mientras que el fracaso se registra en el aumento de las migraciones, fruto no solo de la inestabilidad política, económica y social, de más en más, sino de la emergencia climática, el otro fracaso del hipercapitalismo de la globalización actual. Según el más reciente informe de la OIM, los migrantes superan ya las estimaciones que se tenían para 2050. Son 281 millones de personas, el 3,87 % de la población mundial, y un 80 % de ellos son migrantes laborales.

Los Pandora Papers permiten señalar las máculas del modelo económico impuesto por las élites en Colombia y la mayor parte del mundo. Un modelo concentrador de poder económico y político con el que diseñan las reglas de la economía y la tributación a su favor. Por ello el presidente Duque pudo afirmar que “tener cuentas en el exterior no es un delito”, sin aclarar que muchos de los beneficiarios reales de activos encubiertos, incluidos los de la corrupción, se esconden detrás de la reserva de nombres y valores que todavía no ha sido suficientemente develada.

Desde 2015, la normalización tributaria ha incorporado a la base de tributación activos no declarados por valor de $37,8 billones a cambio de una módica tarifa y la eliminación de sanciones —una justicia transicional tributaria— que ha sumado apenas $3,9 billones al recaudo. Son capitales de quienes han estado ausentes de sus obligaciones tributarias, pero muy presentes en altos cargos del sector público y empresarial. No solo han dejado de pagar impuestos durante muchos años, sino que dejaron de invertir en el país, en su fuerza laboral y bienestar social.

Que los ricos hagan parte de una economía internacional en la sombra donde siguen engordando sus fortunas en vez de beneficiar al país refleja bancarrota moral, cuando no una abierta corrupción legalizada. Llegó la hora de revisar esa legislación permisiva, eliminar la tolerancia con los paraísos fiscales y establecer límites efectivos a la reducción de impuestos y salarios por parte de quienes se lucran pero evaden sus responsabilidades con Colombia, algunos hasta renunciando a la ciudadanía.