El detonante ha sido la reforma tributaria, pero la causa más profunda de las movilizaciones de estos tiempos es la desigualdad. Esa condición se manifiesta en la imposibilidad de ascender en la escala social sin importar cuánto se trabaje o cuánto se estudie. Según Latinobarómetro, en Colombia solamente el 12 % de las personas consideran que la distribución de la riqueza es justa o muy justa, lo que deja al 88 % restante con sentimientos de frustración e injusticia.
Las manifestaciones externas de la desigualdad son una condena para los jóvenes que la policía perfila y discrimina en el diario vivir. Cuando protestan, sale a castigarlos por osar desafiar a los que mandan. Hay que recordarles que el taponamiento de una vía no es violencia, así se le considere ilegal, ni significa terrorismo como lo pretende la narrativa de la derecha.
En las protestas, la autoridad debe entrar a mediar y buscar acuerdos para alternar el bloqueo con el paso de los vehículos. Así actuamos desde el gobierno de Bogotá, sin que se presentara violencia entre manifestantes, estudiantes y la policía. Durante las grandes movilizaciones de la minga en 2008 y la MANE en 2011, nos resistimos a las presiones soberbias del Gobierno nacional. En su lugar, el acompañamiento democrático aseguró que las protestas fueran respetadas y protegidas como corresponde. La policía debe cumplir el mandato constitucional de mantener las condiciones para el disfrute de los derechos y no contribuir a convertir las protestas en batallas campales.
La policía sabe apartar a los violentos de los manifestantes pacíficos, sin disolver sus marchas. ¿Por qué no usa esos conocimientos para proteger de infiltrados y tropeleros el derecho a la protesta? ¿Quién incita u ordena a la Fuerza Pública a violentar a los jóvenes manifestantes?
De otra parte, es falsa la premisa de que un saqueador no merece el respeto de sus derechos humanos. La policía debe intervenir para resguardar la propiedad, pero está obligada a hacer un uso medido de la fuerza.
El expresidente Uribe y el vicerrector de la Universidad Militar están promoviendo una nueva versión del “enemigo interno” enmarcada en la desgastada matriz anticomunista que culpa a la izquierda del descontento social. Califican las marchas, incluso las pacíficas, de amenaza terrorista contra la seguridad del Estado. Con ello justifican el perfilamiento de ese enemigo interno. Cualquier joven cae en la descripción y se convierte en blanco de la represión policial, haya o no cometido una infracción.
Según el expresidente Uribe, basta limpiar al país de “comunistas” y todo estará bien. Grave error. La negación uribista y de gran parte del establecimiento de responsabilidad por la desigualdad creciente es doblemente peligrosa. De una parte, justifica la salvaje represión policial y, de otra, abona el inmovilismo frente a las demandas sociales. Es lamentable la imagen del expresidente César Gaviria, sentado con el nuevo ministro de Hacienda y con Bruce MacMaster, el representante del alto empresariado, negociando resucitar la reforma tributaria. No han entendido nada, ni siquiera escuchar. Por ahí no es la cosa.
El detonante ha sido la reforma tributaria, pero la causa más profunda de las movilizaciones de estos tiempos es la desigualdad. Esa condición se manifiesta en la imposibilidad de ascender en la escala social sin importar cuánto se trabaje o cuánto se estudie. Según Latinobarómetro, en Colombia solamente el 12 % de las personas consideran que la distribución de la riqueza es justa o muy justa, lo que deja al 88 % restante con sentimientos de frustración e injusticia.
Las manifestaciones externas de la desigualdad son una condena para los jóvenes que la policía perfila y discrimina en el diario vivir. Cuando protestan, sale a castigarlos por osar desafiar a los que mandan. Hay que recordarles que el taponamiento de una vía no es violencia, así se le considere ilegal, ni significa terrorismo como lo pretende la narrativa de la derecha.
En las protestas, la autoridad debe entrar a mediar y buscar acuerdos para alternar el bloqueo con el paso de los vehículos. Así actuamos desde el gobierno de Bogotá, sin que se presentara violencia entre manifestantes, estudiantes y la policía. Durante las grandes movilizaciones de la minga en 2008 y la MANE en 2011, nos resistimos a las presiones soberbias del Gobierno nacional. En su lugar, el acompañamiento democrático aseguró que las protestas fueran respetadas y protegidas como corresponde. La policía debe cumplir el mandato constitucional de mantener las condiciones para el disfrute de los derechos y no contribuir a convertir las protestas en batallas campales.
La policía sabe apartar a los violentos de los manifestantes pacíficos, sin disolver sus marchas. ¿Por qué no usa esos conocimientos para proteger de infiltrados y tropeleros el derecho a la protesta? ¿Quién incita u ordena a la Fuerza Pública a violentar a los jóvenes manifestantes?
De otra parte, es falsa la premisa de que un saqueador no merece el respeto de sus derechos humanos. La policía debe intervenir para resguardar la propiedad, pero está obligada a hacer un uso medido de la fuerza.
El expresidente Uribe y el vicerrector de la Universidad Militar están promoviendo una nueva versión del “enemigo interno” enmarcada en la desgastada matriz anticomunista que culpa a la izquierda del descontento social. Califican las marchas, incluso las pacíficas, de amenaza terrorista contra la seguridad del Estado. Con ello justifican el perfilamiento de ese enemigo interno. Cualquier joven cae en la descripción y se convierte en blanco de la represión policial, haya o no cometido una infracción.
Según el expresidente Uribe, basta limpiar al país de “comunistas” y todo estará bien. Grave error. La negación uribista y de gran parte del establecimiento de responsabilidad por la desigualdad creciente es doblemente peligrosa. De una parte, justifica la salvaje represión policial y, de otra, abona el inmovilismo frente a las demandas sociales. Es lamentable la imagen del expresidente César Gaviria, sentado con el nuevo ministro de Hacienda y con Bruce MacMaster, el representante del alto empresariado, negociando resucitar la reforma tributaria. No han entendido nada, ni siquiera escuchar. Por ahí no es la cosa.