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El paisaje cultural cafetero (PCC), enmarcado en 141.120 hectáreas de tierras cafeteras del Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, es divino. Tan divino es, tan productivo y a la vez tan vulnerable, que justamente por eso fue declarado en 2011 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Ese reconocimiento lo que supone es que los gobiernos (nacional, departamentales y municipales), las corporaciones autónomas regionales, la Federación Nacional de Cafeteros, Parques Nacionales Naturales y las universidades de la región deberían vigilar y promover en este territorio una sinergia entre cultura, naturaleza y economía. “Deberían”, pero no es necesariamente así.
Es lo que ha quedado en evidencia luego de la investigación hecha por Luis Alberto Vargas, secretario principal del Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja (Eje Cafetero), quien reveló que la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha entregado hasta ahora 172 títulos mineros en 56.637 hectáreas que corresponden a terrenos del PCC. 56 de esos títulos fueron otorgados desde el 2011.
¿Pero qué es un POMCA? Es el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, que para el caso del río La Vieja debe lograr “un equilibrio entre el uso económico y social de los recursos naturales renovables y elementos ambientales de la cuenca”.
¿Qué une ahora al POMCA con el PCC? Que desde que ese plan fue aprobado en el año 2008 la ANM ha otorgado 84 títulos mineros, 20 de ellos desde 2018, los cuales afectan un total de 12.896 nuevas hectáreas con desarrollo de proyectos mineros. Esto quiere decir que las áreas protegidas están en inminente riesgo de ser destruidas por la pequeña, mediana y gran minería bajo un manto de legalidad gracias al silencio de las autoridades nacionales y regionales competentes (¿o incompetentes?).
En una carta del 11 de agosto de este año, César Delgado, funcionario de Parques Nacionales de Colombia, le aclara a Vargas que “los sitios Patrimonio de la Humanidad no corresponden a una categoría de área protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas” y que por lo tanto dan traslado de la denuncia a “la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, que es la entidad encargada de formular proyectos que buscan desarrollar la protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano”.
La ANM, entre tanto, se pronunció a través de una comunicación del 8 de agosto en la que afirma que hay áreas restringidas de la actividad minera en las que “la ANM tiene la obligación legal de aceptar y tramitar solicitudes, en caso de que cumplan con los requisitos exigidos en la normatividad. Así mismo, tiene la obligación de otorgar un título minero”.
Ustedes se preguntarán qué han hecho los alcaldes, gobernadores y directores de las corporaciones autónomas regionales… pues yo me pregunto lo mismo.
Es más, es tan burda la acción de algunos funcionarios promotores de la minería, que existen 17 actas de concertación suscritas por los alcaldes de 16 municipios del PCC con la Vicepresidencia de Contratación de la ANM, donde se establece que en promedio el 95 % del territorio de esos municipios es “área susceptible de desarrollo de proyectos mineros”, incluidas las áreas del PCC y los centros poblados.
Esta columna es para la ministra de Cultura, Patricia Ariza; para Luis Olmedo, nuevo director de Parques Nacionales Naturales, y también para quien nombren gerente de la ANM. Este es el país que ustedes reciben. Por favor, hagan algo.
¿Están en la UNESCO enterados de esto?
* Periodista. @ClaMoralesM
