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Hay varias noticias que llaman la atención sobre los problemas sociales en la población de beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita (PVG) del Gobierno Nacional.
La exposición de esa realidad pone de manifiesto que el proyecto falló en la planificación y dejó pasar por alto asuntos vitales de convivencia, educación, seguridad y cultura.
Hacer énfasis en eso no significa desconocer que es importante, y estaba en mora de implementarse, un programa que fije sus prioridades en las personas víctimas de la violencia y más pobres del país. El asunto es resaltar que un cúmulo de cemento multiplicado por miles no es lo único que necesitan los colombianos del nivel 1 del Sisbén. Para romper el círculo de la violencia, ellos deben tener colegios cerca, opciones productivas, aprender a pagar servicios, tener acceso a bibliotecas y parques, y que a partir de eso encuentren que es más rico vivir en paz y, por decisión propia, empiecen a rechazar la cultura del delito y otros tantos comportamientos que ya tienen incorporados en su diario vivir y que los siguen afectando en sus nuevas casas.
Un estudio contratado por el Ministerio de Vivienda, hecho en 10 ciudades con 7.673 familias del PVG, tiene lo siguiente: ninguno de los hogares beneficiados tiene algún miembro de la familia con un empleo formal; el 79% de los hogares tiene menos de nueve años de educación en promedio; el 38% de los hogares tenía al menos un niño con rezago escolar; el 66% de la población abandonó sus estudios por falta de dinero o porque necesita trabajar; el 44% vivía en hacinamiento; el 30% vivía en lugares sin alcantarillado.
El alcalde de Dosquebradas, Risaralda, ha dicho que es loable entregar casas gratis, pero que el Gobierno le dejó a su municipio un problema grande porque no tiene la infraestructura para atender la demanda en salud, educación, movilidad y seguridad de la población. El alcalde de Soacha sostiene que hay microtráfico, prostitución y otros temas de seguridad que no fueron tenidos en cuenta antes de entregar las casas. Esa es la tendencia en los municipios que han recibido el PVG y mucho de esto tiene relación con el estudio citado anteriormente.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, reconoce que hay un problema de fondo. “Faltó un proceso de acompañamiento social desde el principio. Eso es algo que ya corregimos y que será implementado en la nueva fase de las 100.000 casas que entregaremos”, me dijo, y agregó, que “todos los beneficiados se quedarán en el nivel 1 del Sisbén durante 10 años para asegurarles subsidios de salud y educación y tarifas más bajas en los servicios públicos”.
Cierto es, como también lo afirmó Henao, que “el programa va a beneficiar a la siguiente generación y que es una semilla para acabar la pobreza y dar condiciones de vida digna”. Sin embargo, surgen varias preguntas: ¿hay un compromiso verdadero de todos los funcionarios para cumplir con el acompañamiento social? Con la caída del precio del petróleo y el descuadre en las finanzas, ¿tienen con qué financiar las nuevas casas, la labor social para esas y las que ya están construidas? De cara al posconflicto, ¿han analizado estos temas?
La pobreza es un problema de todos nosotros, y un paso importante para darle la cara es tener una línea clara del Gobierno, sin improvisación, para sumarnos y contribuir con una solución.
