El martes de esta semana, confirmé que cinco niños de las comunidades Wayúu murieron en La Guajira por enfermedades asociadas a la desnutrición.
Con ellos, el número de menores de edad muertos por la misma razón ascendió a 25 en los primeros tres meses de este año.
Los nombres e identidades de los pequeños fueron verificados. Se trata de niños y niñas que viven en rancherías de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao y que, como ha sido denunciado, sufren por falta de agua y alimentos. Eso motivó al indígena Wayúu Javier Rojas y la abogada Carolina Sáchica, a solicitar unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–, que fueron concedidas el pasado mes de diciembre.
La demanda incluía a los niños de 900 comunidades Wayúu y lo que determinó la CIDH fue que las medidas deben cobijar no solo a los mencionados sino a todos los menores indígenas de La Guajira que están en situación de vulnerabilidad. Como siguen muriendo niños, pregunté a las fuentes involucradas qué está pasando y esto fue lo que me dijeron.
Según Carolina Sáchica, el Gobierno sí ha implementado varias medidas para beneficiar a los niños Wayúu y ha hecho presencia en el departamento, pero no ha querido atender a los menores de las 900 comunidades que ellos incluyeron en su demanda. Como la acción contra el Estado ante la CIDH la debe responder y atender la Cancillería, pregunté por qué está ocurriendo lo que denuncia la abogada.
El vicecanciller, Francisco Echeverry, me respondió lo siguiente: “El líder Javier Rojas remitió un listado de 150 comunidades, no de 900. Hemos encontrado más de 600 líderes como Javier, y que como él necesitan asistencia para sus comunidades. Ya hemos llegado a cientos de éstas, algunas de Javier y otras no, pero el compromiso es llegar a todas. No podemos priorizar una comunidad sobre otra ni discriminar a alguna porque sigan o no a una persona; la prioridad son todos”.
Importante entonces que las partes se pongan de acuerdo porque de lo que se trata es de garantizar los derechos de los menores y que no contemos más muertos. La diferencia de criterios, cifras, lugares y prioridades sólo le hace daño a una comunidad que necesita ser atendida.
Esos más de 600 líderes indígenas, aun con sus peleas territoriales y diferencias culturales, están aprendiendo a trabajar unidos y también están empezando a denunciar, por ejemplo, cuáles son los congresistas que quieren beneficiarse de la tragedia bajo la promesa de votos. Han contado también que algunos de los líderes quieren a toda costa manejar como una mafia el suministro de agua, y que cuando la ayuda llega, muchos se ven obligados a rechazarla por órdenes de Wayúu que se creen dueños del problema.
Pero lo más importante que he notado con el seguimiento que he hecho a través de estos dos años es que los Wayúu han comprobado que si colaboran contando dónde están los niños enfermos, el Estado sí puede operar. Eso, hasta hace relativamente muy poco, no ocurría. Quien ha recorrido La Guajira sabe que sin esa información es prácticamente imposible encontrarlos.
Según el Ministerio de Salud, en datos que tiene la Cancillería, anualmente en Colombia mueren en promedio 7.500 niños por problemas asociados con la desnutrición. Las medidas cautelares sin duda pusieron en el foco de atención a La Guajira pero, ¿ustedes han pensado si realmente es posible llegar a un estado de paz mientras sigamos viendo esas cifras?
@ClaMoralesM
*Subdirectora de La Luciérnaga
