Hecha la ley, hecha la trampa

“Hecha la ley, hecha la trampa” es el dicho con el que retomé una denuncia en la red social X el pasado 29 de enero y que trae una historia de desasosiego e impotencia que hemos padecido hace años los habitantes de Circasia en el departamento de Quindío.

La constructora Río Espejo S.A.S. aprovechó la ineptitud y la complicidad de la autoridad del municipio cuando estaba bajo las riendas de la alcaldesa Ana Julieth Díaz (quien salió del cargo el pasado 31 de diciembre y por fortuna no logró dejar en la alcaldía a su candidato heredero) y pretende levantar unas moles de cemento en lo que antes fue una reserva natural para meter allí a 3.500 habitantes con la excusa de que hay un gran déficit de vivienda de interés social.

El argumento que usa a los más necesitados es digno del más avezado populismo. Pero la verdad es que los pobres es lo que menos interesa a la constructora y a los funcionarios que ya se fueron. En resumen: el 2 de julio de 2020 mediante la resolución 100, la Secretaría de Infraestructura de Circasia le dio a Río Espejo una licencia de urbanismo en la modalidad de urbanización y loteo. Sin embargo, se detectaron más de 13 irregularidades con el otorgamiento de la licencia, lo cual fue debidamente documentado por la Veeduría Ciudadana en cabeza de Luis Alberto Vargas Ballén.

La veeduría, acompañada de la Procuraduría de Armenia, demandó la licencia y en primera instancia el juzgado tercero profirió un fallo en el que reconoció varias falencias, fallo que a su vez fue apelado por la constructora. El caso llegó al Tribunal Administrativo de Quindío y el 2 de febrero de 2023 –en última instancia– declaró la nulidad de dicha licencia y sentenció que no es posible continuar la construcción salvo que se hayan subsanado todos los argumentos que tuvo en cuenta el tribunal para parar la obra.

No se ha subsanado nada, pero la alcaldesa Díaz decidió, diez días antes de irse, dar a Río Espejo una licencia nueva de urbanismo y loteo mediante resolución 276 del 20 de diciembre de 2023. Es decir que ella, su secretario de infraestructura y funcionarios de Empresas Públicas de Quindío –EPQ–, Empresa de Energía Eléctrica de Quindío –EDEQ– entre otros, se amangualaron para reproducir un acto administrativo anulado. La veeduría solicitó una investigación contra ellos por incurrir en incidente de desacato a la autoridad judicial.

Circasia tiene graves problemas con el suministro de agua, no tiene Planta de Tratamiento de Residuos –PTR– y todos los desechos orgánicos caen a las principales quebradas del municipio. Ese ha sido uno de los más agudos argumentos contra la construcción y que de ninguna manera se ha subsanado. ¿Cómo es posible que engañen a los compradores de vivienda prometiendo la prestación de servicios públicos en las condiciones reales del municipio?

Lo increíble de esta historia es que la Fiduciaria del Banco de Bogotá del Grupo Aval está amparando a esta constructora y a su arbitrario proyecto en Circasia. ¿No leen, no entienden, son ignorantes o se hacen los bobos? Mientras tanto, ¿quién protege a los compradores?

Para esta columna, el alcalde de Circasia, Julián Peña, señaló: “La administración municipal se encuentra evaluando las condiciones jurídicas, técnicas y ambientales por las cuales la justicia administrativa nulitó la licencia de urbanismo anterior (2023). Debemos validar si, en efecto, fueron subsanadas dichas condiciones y, de no ser así, la administración elevará la solicitud de revocatoria directa de su propio acto administrativo y no otorgará licencia de construcción en ese supuesto”. En vez de aprovechar su potencial en tantos sectores, entre ellos el de la construcción, Quindío está empezando a competir por ganarse el primer lugar de los departamentos donde unos constructores ven la ley y aun así hacen la trampa.