“Comenzaron por echarle orín en la boca a Keiner, el de preescolar. A meterle el pene en la boca, lo accedían carnalmente metiéndole el pene en su ano y lo golpeaban. En una de las agresiones, cuando el niño no quería dejarse, le amarran el pene con una cabuya y lo tiran. Aún dice que le duelen los testículos”.
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Eso le contó la profesora Kerlin Murillo Mena a la revista Semana el pasado 3 de diciembre. Murillo y sus dos hijos, Keiner Córdoba, de cinco años, y Keyler Córdoba, de nueve años, son afrodescendientes y, huyendo de la violencia en el Chocó, llegaron al corregimiento de Morcote, en el municipio de Paya (Boyacá). Un puesto como profesora de bachillerato en la Institución Educativa El Rosario sería, en teoría, la salvación y un nuevo comienzo para sus vidas.
No fue así. La profesora denunció que los tres sufrieron el rechazo de los profesores y de los compañeros del colegio, lo cual sustentó con la declaración del inicio de la columna y otros detalles del sufrimiento que padecieron, según ella, por su color de piel: “Nos atacaron por pertenecer a la población negra y afrodescendiente”.
Semana tuvo acceso a los reportes médicos por las lesiones en ambos menores y a las fotografías de las heridas. La madre afirmó que todo aquello fue resultado de las agresiones físicas y del abuso sexual de otros estudiantes contra sus hijos. El medio de comunicación señaló: “La agresión sexual a Keiner, el hijo de cinco años, fue uno de los golpes más duros para Kerlin y Keyler. El 4 de abril de 2022, el menor fue víctima de la peor agresión al haber sido presuntamente violado por otros siete menores de la institución educativa”.
Durante unos pocos días varios medios de comunicación ampliaron el caso de la profesora y sus hijos, hubo declaraciones desde la Gobernación de Boyacá y también se pronunciaron la vicepresidenta Francia Márquez; la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí, y el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, entre otros. A Kerlin y a sus hijos los trasladaron a otro municipio y se hicieron promesas de exhaustivas investigaciones en la Procuraduría y la Fiscalía. Y ya.
Volvimos a la realidad que invisibiliza a una comunidad y, que cuando hay chance, la violenta. Un artículo publicado por El País de España el 22 de agosto pasado informó que en Colombia no hay una cifra que señale el tamaño de la población afrodescendiente. “La Corte Constitucional lo ratifica así en una sentencia que reconoce que el Departamento Nacional de Estadística (DANE), ocasionó un «daño irreversible» al haber desconocido en su último censo (2018) al 30 % de personas de esta población. El tribunal le da un plazo de 10 meses a la entidad para que evalúe y responda por qué el número de personas afrocolombianas contabilizadas disminuyó de 4′311.757 a 2′982.224 en relación con el censo de 2005″. Si el Estado no tiene ni siquiera una cifra clara, ¿cómo pretende rastrear a esa población para asistirla?
Un día es Marbelle y otro son los profesores y alumnos de un colegio. Sobra en Colombia gente que asesina o que destruye la mente de hombres, mujeres y menores de edad por su color de piel. Tan puros los blanquitos, tan sucios los negros, pensarán convencidos de la gracia de su forma de ver la vida. Den un paso por el capítulo de la Comisión de la Verdad sobre el racismo y la discriminación; den una mirada a las cifras sobre seguridad alimentaria, salud y educación de la comunidad afrodescendiente; busquen los datos de asesinatos de líderes sociales y miren cuántos eran negros…
Terminamos otro año de vergüenza.
Otra noticia que un día tuvo tres nombres: Kerlin, Keiner y Keyler, que ya pasó a ser un archivo más.
@ClaMoralesM
* Periodista.
