“Yo sé que los colombianos todavía no nos sentimos seguros. Hay robos, atracos, extorsiones, agresiones que generan miedo en la población, que nos hacen mirar para todos lados al caminar por la calle o simplemente al tomar un bus”. Esto dijo el presidente Santos hace un año, y evidencia que uno de los grandes desafíos del Gobierno nacional y regional es la seguridad ciudadana.
En 2011 fue creada la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que incluye las pautas que deben tener en cuenta los alcaldes para construir los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), que son ejecutados por las entidades responsables de la seguridad ciudadana, evaluando periódicamente su efectividad para hacer los ajustes necesarios.
Lo que acaba de leer es el ideal para diseñar las políticas públicas de seguridad, pero eso no ocurre en todos los municipios del país, bien sea por ignorancia o por negligencia. Cerca de la firma de los acuerdos con las Farc es una obligación generar una alerta tanto en el Gobierno nacional como en las demás entidades responsables de la supervisión del diseño de estas políticas, porque muchos alcaldes no han construido los PISCC y hay profundas inquietudes ante los nuevos escenarios como resultado de lo que pacten en Cuba.
Dos problemas fundamentales detectan los expertos consultados para esta columna: no existe una radiografía real de lo que pasa en los municipios en materia de criminalidad, y el escaso pie de fuerza de la Policía Nacional. Ustedes oyeron a los candidatos a las Alcaldías durante las campañas prometiendo su incremento, a pesar de que eso es prácticamente imposible en la mayoría de los casos.
La encuesta de percepción ciudadana del año 2015 elaborada por la red de Ciudades Cómo Vamos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga mostró que en promedio un 35% de las víctimas denuncia los delitos, pero quienes reciben las denuncias, es decir la Policía y la Fiscalía, no cruzan ni comparten la información. Es histórico: los celos y la poca cooperación entre las diferentes entidades responsables de la seguridad son palos en la rueda e impiden la erradicación del delito. En 2014 el vicealcalde de gobernabilidad de la Alcaldía de Medellín, Luis Fernando Suárez, dijo, “cuando nos sentamos con Sipol, Sijin, CTI, una de las cosas que hemos visto con preocupación es que cada uno tiene una información, pero son muy malos para compartirla”.
Mientras tanto, la comunidad reclama mayor presencia policial en las calles, y eso implica un aumento considerable en el presupuesto general de la nación para atender los compromisos salariales, de dotación, ascensos y pensión, entre otros, y el Gobierno nacional no tiene plata. Incorporar gente tampoco es fácil. En 2012 Santos prometió 20.000 policías más en 2013, y para lograrlo flexibilizaron los estándares de selección con las nefastas consecuencias que ya conocemos. El encargado de ese desastre fue el general (r) Palomino.
Que las Farc dejen de ser un actor del conflicto no significa que los delitos que aquejan a la comunidad dejen de existir. Por eso debemos exigir claridad al presidente, a los alcaldes y gobernadores sobre sus planes para garantizar la seguridad ciudadana. Muchos deseamos el fin del conflicto con esa guerrilla, pero a la par también queremos honestidad en el desarrollo de otras políticas públicas.
*Subdirectora de La Luciérnaga, @ClaMoralesM
