De acuerdo con la Constitución Política, el Estado tiene la obligación de servir a la comunidad. Vaya compromiso. El concepto ampliado significa que es responsable también de fomentar el encumbramiento general y dar garantía del cumplimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos.
Eso, en la teoría, en el papel.
En la práctica, hay un sentimiento generalizado de abandono por parte del Estado. No es una idea actual y tal vez por eso es más hondo el desasosiego. Es como si debiéramos naturalizar el atropello, la negligencia, la corrupción, en fin, conformarnos con la soledad que implica ser ciudadano en Colombia.
Hace varias semanas he llamado la atención sobre el proyecto de vivienda Ecociudad Galicia en Circasia (Quindío). Lo he hecho porque yo soy una de las 9.000 habitantes del sector afectadas por la arbitrariedad con que las autoridades del municipio han actuado para favorecer a los constructores.
Desde el año 2020 dos procuradoras del departamento, la ambiental y la judicial, presentaron una demanda contra la alcaldesa Ana Yulieth Díaz y su amigo en el proyecto Jaime Escobar Botero, constructor de Promotora Río Espejo SAS, y entregaron las motivaciones de ley para solicitar medidas cautelares contra esa construcción. La juez tercera administrativa de Armenia, Adriana Cervantes, ha sido muy hábil para dilatar el proceso pero muy diligente para, mientras tanto, darle vía libre a la constructora para que siga adelante con las cinco etapas de 43 bloques de cinco pisos que tendrán 860 apartamentos.
Las procuradoras y la Veeduría Cívica de Armenia y el Quindío han adjuntado las pruebas que sustentan: primero, que la licencia de urbanismo entregada por la Alcaldía de Circasia a Río Espejo violó las normas en las que debía fundamentarse; segundo, que el proyecto no tiene la viabilidad técnica para garantizar el servicio de acueducto y alcantarillado ni el de electricidad; tercero, el negativo impacto contra la sostenibilidad ambiental del territorio y el bienestar de sus habitantes.
Me disculpo de antemano por esto: serán 860 apartamentos. Calculemos que vivirán en promedio cuatro personas en cada uno, es decir, un total de 3.440 habitantes. Si usted es residente de Circasia y de Montenegro, recibirá el popó de esa cantidad de gente en sus veredas y quebradas porque el manejo de las aguas usadas en Circasia se hace sin tratamiento. Les dejo ahí ese que es sólo un ejemplo de las decenas que hay.
Adicionalmente, el Concejo de Circasia y su alcaldesa han incumplido un requisito básico que es la publicación en sus páginas web de los documentos relacionados con la construcción Galicia y los innumerables derechos de petición sobre el tema.
Río Espejo SAS, por su parte, desobedeció una obligación de ley que era informar a los vecinos sobre el proyecto. Además, los trabajadores, por órdenes de la constructora, violan todos los días las normas nacionales sobre los horarios de las obras.
El pasado 6 de diciembre y por tercera vez, las dos procuradoras insistieron en la demanda y las medidas cautelares ante la juez, y una vez más ella miró para otro lado. Habrá audiencia el 1° de marzo y desde ya los ciudadanos tenemos claro que la representante de la justicia no es garantía en el proceso.
Insistir, persistir y no desfallecer es un mantra al que me aferro con mis uñas para no perder eso que se llama esperanza. Pero cuánto cuesta. Cierro dándoles las gracias a quienes no se han rendido y a pesar de todo siguen creyendo en la justicia. Aunque tarde, ojalá llegue.
*Periodista. @ClaMoralesM
De acuerdo con la Constitución Política, el Estado tiene la obligación de servir a la comunidad. Vaya compromiso. El concepto ampliado significa que es responsable también de fomentar el encumbramiento general y dar garantía del cumplimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos.
Eso, en la teoría, en el papel.
En la práctica, hay un sentimiento generalizado de abandono por parte del Estado. No es una idea actual y tal vez por eso es más hondo el desasosiego. Es como si debiéramos naturalizar el atropello, la negligencia, la corrupción, en fin, conformarnos con la soledad que implica ser ciudadano en Colombia.
Hace varias semanas he llamado la atención sobre el proyecto de vivienda Ecociudad Galicia en Circasia (Quindío). Lo he hecho porque yo soy una de las 9.000 habitantes del sector afectadas por la arbitrariedad con que las autoridades del municipio han actuado para favorecer a los constructores.
Desde el año 2020 dos procuradoras del departamento, la ambiental y la judicial, presentaron una demanda contra la alcaldesa Ana Yulieth Díaz y su amigo en el proyecto Jaime Escobar Botero, constructor de Promotora Río Espejo SAS, y entregaron las motivaciones de ley para solicitar medidas cautelares contra esa construcción. La juez tercera administrativa de Armenia, Adriana Cervantes, ha sido muy hábil para dilatar el proceso pero muy diligente para, mientras tanto, darle vía libre a la constructora para que siga adelante con las cinco etapas de 43 bloques de cinco pisos que tendrán 860 apartamentos.
Las procuradoras y la Veeduría Cívica de Armenia y el Quindío han adjuntado las pruebas que sustentan: primero, que la licencia de urbanismo entregada por la Alcaldía de Circasia a Río Espejo violó las normas en las que debía fundamentarse; segundo, que el proyecto no tiene la viabilidad técnica para garantizar el servicio de acueducto y alcantarillado ni el de electricidad; tercero, el negativo impacto contra la sostenibilidad ambiental del territorio y el bienestar de sus habitantes.
Me disculpo de antemano por esto: serán 860 apartamentos. Calculemos que vivirán en promedio cuatro personas en cada uno, es decir, un total de 3.440 habitantes. Si usted es residente de Circasia y de Montenegro, recibirá el popó de esa cantidad de gente en sus veredas y quebradas porque el manejo de las aguas usadas en Circasia se hace sin tratamiento. Les dejo ahí ese que es sólo un ejemplo de las decenas que hay.
Adicionalmente, el Concejo de Circasia y su alcaldesa han incumplido un requisito básico que es la publicación en sus páginas web de los documentos relacionados con la construcción Galicia y los innumerables derechos de petición sobre el tema.
Río Espejo SAS, por su parte, desobedeció una obligación de ley que era informar a los vecinos sobre el proyecto. Además, los trabajadores, por órdenes de la constructora, violan todos los días las normas nacionales sobre los horarios de las obras.
El pasado 6 de diciembre y por tercera vez, las dos procuradoras insistieron en la demanda y las medidas cautelares ante la juez, y una vez más ella miró para otro lado. Habrá audiencia el 1° de marzo y desde ya los ciudadanos tenemos claro que la representante de la justicia no es garantía en el proceso.
Insistir, persistir y no desfallecer es un mantra al que me aferro con mis uñas para no perder eso que se llama esperanza. Pero cuánto cuesta. Cierro dándoles las gracias a quienes no se han rendido y a pesar de todo siguen creyendo en la justicia. Aunque tarde, ojalá llegue.
*Periodista. @ClaMoralesM