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Daniel García, 16 años; Sharon Sofía Pérez, 14 años; Daniela Espinosa Díaz, 16 años, y Luis Fernando Gómez García, 17 años, son los nombres de los cuatro menores de edad residentes en Armenia (Quindío) que en el primer mes y medio del año 2023 decidieron quitarse la vida.
“Las autoridades han recolectado pruebas materiales que sugieren que los factores desencadenantes detrás de los suicidios están relacionados con impactos emocionales por hechos similares en sus familias, embarazos no deseados, abandono escolar e incluso problemas sentimentales”, señala el periódico Nueva Crónica Quindío.
Las autoridades reportaron que en el departamento, durante el año 2022, hubo 145 intentos de suicidio en menores de edad y que en más del 40 % de esos casos fueron detectados antecedentes relacionados con la salud mental. En el 60 % restante fueron identificados factores como problemas económicos, legales o escolares; enfermedad crónica; muerte de un familiar; maltrato físico, sicológico o sexual, y consumo de sustancias ilegales.
Al Quindío no lo voltean a mirar desde el orden nacional por este ni por ningún tema de relevancia. Ese es tal vez el mayor drama que padece la región: la negligencia y el abandono que allanan caminos para que aumenten las alarmantes cifras en sus indicadores sociales, mientras los dolientes siguen desamparados en manos de unas autoridades locales que, ya de salida por las elecciones que se aproximan, han demostrado su ineficacia —cuando no corrupción— para atender los problemas de su territorio.
Pero si el Quindío no basta para pensar que las cifras de suicidios son —más que el escándalo de un par de titulares— un problema de salud pública, entonces es pertinente revisar los datos nacionales consignados del “Informe sobre suicidio e intentos de suicidio en niñas, niños y adolescentes. Periodo enero 2015-julio 2022”, presentado por la Alianza por la Niñez Colombiana, World Vision y la Defensoría del Pueblo.
Angélica Cuenca Gómez, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, expresó en el boletín de prensa de la entidad: “Lo que nos deja ver este informe es que se requiere con urgencia una atención de manera intersectorial, no es suficiente el trabajo desde el sector salud si este no se articula con lo que sucede al interior de las familias, las escuelas y los otros entornos donde se desarrollan las niñas y los niños”.
El trabajo señala que entre enero de 2015 y julio de 2022 en Colombia se presentaron 32.719 intentos de suicidios (12 casos diarios) y 2.060 suicidios en menores de edad (casi un caso por día), de los cuales el 2,18 % corresponde a los casos reportados en el Quindío. De los 2.060 suicidios, 1.199 corresponden a niños y adolescentes; 861, a niñas y adolescentes.
Las edades de estos menores van de los seis a los 17 años, siendo entre 14 y 17 el rango en que más situaciones se presentaron. Hay un dato desolador: los investigadores indagaron sobre “las razones del suicidio identificadas” y, de los 2.060 suicidios, 1.296 casos no reportaron alguna específica, es decir que esos menores de edad se quitaron la vida y en su entorno social y familiar cercano no hubo algo que pudiera explicar esa decisión.
Luego de leer las 166 páginas del proyecto de la reforma al sistema de salud propuesto por el presidente Gustavo Petro, no hay una sola explicación de lo que este Gobierno del cambio propone sobre salud mental/suicidios de los colombianos. Es evidente que las rutas de atención locales y nacionales han fracasado, lo cual es parte del sistema que van a reformar. Sin embargo, la ausencia del tema también revela en qué lugar de las prioridades nacionales están las cifras de los menores que se quitaron la vida y las vidas de los que hoy están pensando en el suicidio como la única salida.
* Periodista.
