Los niños que estudian hambrientos

Finalizando el mes de marzo conocimos el video que grabó una profesora del colegio Sagrado Corazón de Jesús en Aguachica (Cesar), que mostraba a la gente del operador de alimentos Provenir engañando a los niños con la ración de comida que por contrato debía darles.

Luego vimos que el otro operador, Fundación Acción Social Integral, en ese mismo colegio, les daba a los estudiantes un pedazo de mango con huevo, en la mano, sentados en el piso.

Días después de hacerse público el escándalo en Aguachica, más de 300 estudiantes en Arauca se intoxicaron porque el operador Unión Temporal Vital 2016 les entregó comida descompuesta. Al mismo tiempo supimos que en El Plato (Magdalena), la Corporación GERS les daba a los niños de los colegios dos trozos de pollo y un cuarto de jugo en pésimas condiciones de salubridad. Ese era su almuerzo. Y la semana pasada, 118 alumnos en Cerrito (Valle) también se intoxicaron porque el operador Fundación Naturaleza y Vida (Fundanavi) les dio un pollo desmenuzado en estado de descomposición.

Estos casos tienen una característica: todos pertenecen al Programa de Alimentación Escolar (PAE), del cual es responsable el Ministerio de Educación y ahora también las entidades territoriales. Como lo he denunciado varias veces en esta columna, así como varios colegas y expertos en el tema, el plan está desfinanciado y acaparado por cientos de políticos corruptos que hacen su agosto a costa del hambre de los niños.

Ya ni vale la pena decir cuánta plata le dan a cada uno de esos operadores porque de todas maneras se la siguen robando en todo el país, y los que descubren haciendo trampa, cambian de razón social y los vuelven a contratar bajo la más absoluta impunidad. Y así va creciendo y se va perpetuando un carrusel de contratos que sin ningún pudor deja que los niños estudien hambrientos.

Conocí el informe que acaba de entregarle la Contraloría Departamental del Valle a la gobernadora Dilian Francisca Toro, después de visitas hechas a los colegios de 11 municipios. Los 19 hallazgos disciplinarios, administrativos y penales son parecidos a los que han encontrado sobre el PAE otras entidades en varios departamentos del país.

Para el caso del Valle: no hay auditorías; no hay actas que dejen constancia de seguimiento técnico, administrativo, financiero ni jurídico de los contratos con los operadores; los colegios carecen de la infraestructura para dar los alimentos a los niños; los operadores violan todas las normas de salubridad; las manipuladoras de la comida no están entrenadas y, fuera de eso, tampoco están afiliadas al sistema de seguridad social.

Desde el 2012, Fundanavi, la misma que intoxicó a los niños de Cerrito, ha recibido decenas de contratos para entregar la comida del PAE en varios municipios del Valle. Revisé su Cámara de Comercio y veo que tiene como objeto una serie de asuntos relacionados con el medioambiente y muy al final dice que la empresa es apta para entregar y preparar alimentos. Curioso.

Los gobernadores le pidieron a la ausente ministra Parody que les de $380.000 millones más porque los $423.000 millones del PAE no les alcanzan para dar cobertura a los más de ocho millones de niños. El plan sin duda necesita más recursos, pero antes de soltar más plata, los entes de control, las gobernaciones, alcaldías y el ministerio deberían asegurar juicio y cárcel para los responsables del carrusel del hambre.

* Subdirectora La Luciérnaga. @ClaMoralesM