Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Cauca y Caquetá han sido protagonistas de las noticias de los últimos días y, como suele suceder, lamentablemente, no por algo que amerite una celebración, sino por la presencia y violencia de las disidencias de las FARC.
Los hechos más recientes ocurrieron en un caserío en Toribio, Cauca. Según reportó Noticias Caracol, “la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, llegó al lugar y abrió fuego indiscriminadamente contra la población indígena en la zona. La lideresa Carmelina Yule Paví, de 52 años, falleció y hay otro integrante del resguardo gravemente herido”. La Asociación de Cabildos Indígenas informó que los bandidos decidieron atacar cuando la comunidad nasa intentó impedir el secuestro de un menor de edad indígena.
Ante ese episodio, el presidente Gustavo Petro anunció el rompimiento del cese al fuego en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En octubre de 2023 el gobierno inició una etapa de negociaciones con los delincuentes del EMC, que se extendería hasta el 15 de julio de este año.
Días antes del ataque en Toribio, los medios nacionales reportaron que, en una vereda de San Vicente del Caguán, Caquetá, los habitantes recibieron una invitación para asistir el próximo 12 y 13 de abril a la inauguración del Colegio Internado Agropecuario ‘Gentil Duarte’, institución que lleva el nombre del excabecilla de las FARC asesinado en Venezuela en 2022 y que en vida se lució por ser homicida, narcotraficante, secuestrador y extorsionista.
En la Gobernación del departamento y el Ministerio de Educación confirmaron que no es un colegio público y, lo peor, que nadie sabe quién financió la construcción que ya llevaba más de un año en ejecución. ¿Qué delincuentes hacen presencia en la zona y podrían haber financiado ese lugar? Exacto, las disidencias de las FARC. Quedan muchas preguntas y de esas dejo una: ¿es un “colegio” o un centro de reclutamiento de esos delincuentes?
Según el periódico El Colombiano, en una nota del pasado domingo, tras un año de monitoreo y seguimiento al cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y grupos armados al margen de la ley, la Defensoría del Pueblo reveló que se registraron “236 violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario durante el 2023, por tanto, incumpliendo en repetidas ocasiones el acuerdo del cese al fuego. Estas violaciones fueron cometidas principalmente por el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP, representando el 94 % de las acciones directas”. De acuerdo con esa entidad, las acciones del EMC incluyen desplazamientos, confinamientos, homicidios, masacres, secuestros, desapariciones, restricciones a la movilidad y extorsiones.
“El grupo con más acciones indirectas registradas fue el EMC con el 58 % de las acciones; le siguieron el ELN, con el 20 %; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Clan del Golfo, con el 8 %, y la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, con el 7 %. El 7 % de los casos no pudo ser esclarecido”, señala la Defensoría.
Busquen en Google “acciones violentas disidencias FARC Cauca” y “acciones violentas disidencias FARC Caquetá” y luego hagan la misma búsqueda con indicadores de pobreza en sus municipios, deficiencia de servicios públicos, PIB, actividades productivas y embarazos tempranos y allí encontrarán por qué es tan fácil para los grupos armados ilegales apropiarse de los territorios.
Un proceso de paz exitoso tiene que pasar por dos hechos: el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos en todo el país y el doblegamiento militar de los grupos al margen de la ley. Los territorios sin presencia efectiva e integral del Estado y en los que hay bandas de delincuentes fortalecidas son la garantía de la perpetuidad de la guerra.
Por eso la paz total de Petro empezó y terminará mal.
