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Yopal no llama mucho la atención de los medios nacionales; la sociedad fuera del Casanare no se conmueve porque una gran mayoría no se imagina qué significa recibir en la ducha o el grifo del lavaplatos agua que parece una nata o ver manchas y ronchas en la piel de los niños por esa misma razón, y las autoridades, que llegaron tarde a investigar los hechos, tampoco aceleran las indagaciones para establecer los niveles de responsabilidad de varios funcionarios, empezando por el alcalde Wilman Celemín, que son visibles por su ineficiente y de pronto corrupta gestión para resolver el problema.
La historia empezó hace tres años, cinco meses y veinte días, cuando la planta de agua potable colapsó como consecuencia del invierno, y faltan, como están las proyecciones actuales, cerca de dos años para que los yopaleños vuelvan a recibir un líquido limpio en sus casas.
Ha sido tan torpe y burdo lo que hicieron la Alcaldía y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (EAAY), que el 21 de diciembre de 2013 inauguraron la que supuestamente iba a ser la planta solución, y ese mismo día se desplomó uno de los tanques.
Me cuenta mi colega de Yopal Martha Isabel Cifuentes que, según el agente especial interventor de la EAAY, Daniel Posada, la Sociedad Colombiana de Ingenieros advirtió que lo único que se puede rescatar de la planta es la placa de concreto y el resto no sirve para nada. Eso quiere decir que los $10.000 millones que costó esa obra se perdieron. Ustedes se preguntarán, ¿qué han hecho los entes de control?
El pasado 26 de agosto, la Procuraduría General, en primera instancia, destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 13 años al alcalde Celemín, por “retardar injustificadamente el ejercicio de sus funciones relativas a garantizar la prestación del servicio público de agua potable”. El alcalde interpuso los recursos correspondientes y queda pendiente el fallo en segunda instancia. Y en la Fiscalía General, donde el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, denunció a Celemín por peculado y contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, no ha habido ningún avance.
Hoy la situación es la siguiente: la Alcaldía tiene congelado el proceso de compra de uno de los terrenos donde se hará la nueva planta de agua potable argumentando que tiene que cumplir con unos procesos legales. Sin embargo, el ministro Henao me dijo que lo que quiere el alcalde Celemín es torpedear la obra y que por eso su ministerio “hizo un esquema de contratación especial que le permitirá al contratista adelantar la gestión predial y ambiental”. Me confirmó que ya suscribió un acuerdo con el Fondo de Adaptación y la Gobernación para adelantar la contratación de la planta por $58.000 millones, con el fin de abrir la licitación la primera semana de diciembre.
He tomado como propio este tema hace más de un año, y así lo he hecho saber en redes sociales, en este mismo periódico y en La Luciérnaga, donde trabajo, porque me da rabia que la gente tenga que bañarse y consumir esa porquería de agua, porque sé que esto no está pasando por falta de recursos, porque he visto a los niños enfermos y, sobre todo, porque está por terminar un año más y Yopal poco le sigue importando al universo general de este país.
