La farsa de la consulta previa en los pueblos negros

LA INCLUSIÓN DE LA AGENDA AFRO en el Plan de Desarrollo exacerba desacuerdos de fondo entre líderes, lideresas, consultores, funcionarios del Estado, y de ONG nacionales e internacionales de defensa de Derechos Humanos.

Este triste espectáculo ocurre a espaldas de millones de personas negras desterradas de sus territorios y de otro tanto que esperan que algún plan les garantice derechos sociales, políticos, culturales, económicos y ambientales.

Los desacuerdos giran en torno a la consulta previa. Ésta es un derecho que contiene principios establecidos por el Convenio 169 de la OIT y ratificados por sentencias de la Corte Constitucional. En Colombia, de manera perversa la consulta a los pueblos aún no reglamentada, pero con estrictos estándares internacionales, se homologa a talleres o a charlas informativas.

La negativa del Estado a realizar reales consultas previas refleja, por un lado, la falta de adecuación institucional para implementar un multiculturalismo radical en el país, y por otro, la práctica del “divide y reinarás”. La consulta previa implica comprender a los pueblos étnicos, a sus autoridades tradicionales, en un ejercicio intercultural difícil. Para que los puntos de vista de los pueblos étnicos se reflejen en un Plan de Desarrollo Nacional, la relación entre campañas presidenciales y pueblos étnicos debe ser otra, así como la aceptación de otros calendarios que respeten los tiempos que toman las autoridades de los pueblos en sus deliberaciones, de tal forma que cuando se ordene la elaboración del PND, sea el momento del inicio de la negociación entre técnicos de Planeación Nacional y autoridades étnicas. La paridad participativa en un país pluriétnico y multicultural necesita de un enfoque diferencial en la planeación del desarrollo y del etnodesarrollo.

Las personas y familias negras habitantes de territorios que serán intervenidos por la locomotora minera deben conocer los impactos. La minería artesanal es la base de la subsistencia de millares de familias desde hace siglos. ¿Qué hará el gobierno con ella? En algunos lugares del Chocó la minería ilegal está generando daños al tejido social y organizativo, dependencia alimentaria externa, dejación de la agricultura de pancoger y prostitución infantil. Por ello se debe consultar participativamente a los pueblos cada vez que los entes del Estado o de la empresa privada vayan a afectar de manera positiva o negativa sus territorios.

Desapruebo los señalamientos hacia las lideresas Rosita Solís e Idalmy Minotta, urge abrir espacios para el debate político civilizado, la rendición de cuentas, la veeduría, la sanción democrática y sobre todo una evaluación de la Consultiva Nacional de Comunidades Negras de Alto Nivel. Una consultoría internacional daría recomendaciones para su mejor funcionamiento, legitimidad y diría ¿quién hace qué allí?

* Directora Idcarán-UN.