El pasado y el porvenir de Colombia

Con el propósito de evaluar los logros de la administración que concluyó el 7 de agosto del 2026, resulta pertinente analizar los indicadores económicos de mayor impacto. Las exportaciones en el período registraron un crecimiento del 19,2 %, impulsadas por los sectores de turismo, pesca, ganadería y agricultura. La tasa de cambio descendió de $4.337, al cierre del gobierno anterior, a $3.295 en julio de 2026. Por su parte, la inflación se redujo del 13,12 % en 2022 al 5,3 % en 2025, aunque con una tendencia al alza en 2026. El desempleo disminuyó del 11,2 % del 2022 al 8 % en el último año, gracias a la creación de 2,5 millones de empleos entre 2022 y 2026.

La recaudación tributaria aumentó un 9,6 % en el último año; aunque en 2022 el Ejecutivo logró aprobar su primera gran reforma tributaria, las propuestas subsiguientes de 2024, 2025 y mediados de 2026 enfrentaron un fuerte bloqueo en el Congreso y las altas cortes, lo que impidió al Estado capturar mayores flujos proyectados para incrementar los ingresos corrientes de la Nación y los cuales le habrían representado una cifra cercana al 1,75 % del PIB cada año. Pese a esto, el PIB de Colombia creció durante el periodo 2022 a 2026 un 11,26 %, posicionándose como la cuarta economía de Latinoamérica, después de Brasil, México y Argentina.

Tras la recesión derivada de la pandemia, el PIB creció inicialmente un 7,3 % y, tras el rebote productivo, la economía ha mantenido un crecimiento sostenido desde 2024 del 2,4 % y 2,6 % en el 2025, con una proyección del 3 % para el cierre de 2026.

Respecto de las finanzas públicas, la deuda representa el 61,3 % del PIB, que al final del gobierno de Duque se encontraba en 68 % del PIB. El déficit fiscal, que en 2020 y 2021 se situó en el 7,8 % y 7,1 % respectivamente —cifras que no alarmaron a los analistas—, osciló durante la actual administración entre el 5,5 % en 2022 y una proyección de cierre del 5 % para 2026, según el Ministerio de Hacienda. No obstante, entidades como The Economist prevén un escenario del 6,6 %, cifra inferior a las registradas en 2020 y 2021. Estos resultados se vieron condicionados por la negativa del Congreso a tres proyectos gubernamentales destinados a la financiación del gasto público.

Otra medida que impactó la actividad productiva fue el incremento en la tasa de intervención del Banco de la República, la cual pasó del 7,21 % al finalizar el gobierno anterior a un 12,75 % actualmente, a pesar de que la inflación bajó del 13,2 % al 5,3 % en 2025. Este aumento afecta directamente el costo de la deuda interna y limita los créditos para la inversión empresarial y los costos del crédito hipotecario para la vivienda, provocando una desaceleración en el sector de la construcción.

La productividad ha sido estimulada por el consumo de los hogares, favorecido por medidas que fortalecieron el ingreso familiar: el salario vital se fijó en $1.750.905, alcanzando a $2.000.000 con el auxilio de transporte; este ajuste en el 2025 del 23,7 % posiciona al salario mínimo colombiano en el quinto lugar de Latinoamérica. Asimismo, se destaca la recuperación de derechos laborales, tales como el reconocimiento de horas extra a partir de las 7:00 p.m., la mesada catorce para docentes y fuerza pública, el pago del 75 % del salario mínimo a aprendices del SENA y la asignación de un sueldo mínimo para soldados y estudiantes de medicina en etapa de internado. La informalidad laboral se redujo del 58,1 % al 54,2 %.

Los resultados integrales en la gestión económica y los beneficios dirigidos a los sectores vulnerables permitieron que más de 4 millones de personas salieran de la pobreza y mejoraran sus condiciones de vida, especialmente en territorios históricamente olvidados. Estos avances se sustentan en la mejora de servicios de acueducto, energía y salud, destacando el Buque Hospital en la costa pacífica, la creación de nuevos centros de atención y la implementación de la política de medicina preventiva, la cual redujo la mortalidad en menores de 5 años y la desnutrición en general. Finalmente, la inversión en educación aumentó de $50 billones a $85,2 billones para 2026, obteniendo la mayor participación en el Presupuesto Nacional. Para la educación superior se destinaron $7,6 billones, cifra que triplica la inversión conjunta de las tres administraciones anteriores ($2,5 billones). Se vincularon más de 128.000 niños menores de 5 años a los nuevos jardines creados durante este gobierno. Las transferencias a la universidad pública constituyeron la inversión más significativa, permitiendo la creación de instituciones de educación superior y el tener acceso a la universidad con matrícula $0. En regiones con elevados índices de inseguridad, tales como Nariño y el Catatumbo, el fácil acceso de los jóvenes a la universidad ha constituido una de las medidas más efectivas en seguridad al prevenir la vinculación de jóvenes a grupos al margen de la ley y/o al consumo de sustancias psicoactivas.

La política de seguridad del Ministerio de Defensa, de defender la vida por encima de la guerra, contribuyó a la cercanía de la población con las Fuerzas Armadas y a mejores resultados en la captura de cabecillas de grupos armados. Esta iniciativa también contribuyó con los programas de neutralización de 17.838 laboratorios y la incautación de 7.279 kilogramos de estupefacientes, que es una cifra récord lograda del 2022 al 2025 por el Ministerio de Defensa.

Al concluir la revisión de los resultados del Gobierno del presidente Petro, se destaca su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la preservación de los recursos naturales, con especial énfasis en el eje “Agua para la Vida”. Su postura en defensa de la vida, manifestada en su oposición al conflicto en Gaza y a la explotación de los páramos, así como la protección de la selva amazónica, consolidó el liderazgo del presidente Petro ante diversos organismos internacionales.

Internamente, la imagen del presidente Petro se desdibujó con mensajes inapropiados durante sus alocuciones presidenciales, especialmente algunas irrespetuosas con las mujeres. La alta rotación de sus ministros y asesores, así como el comportamiento de la oposición en el Congreso, le restaron poder en su gobernabilidad.

Respecto del panorama futuro de Colombia, el ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, abogado colombo-americano, quien representó a los actores del proceso de Ralito y fundó en 2004 la fundación FIPAZ, es el presidente. Sus vínculos con exmiembros de las AUC le permitieron ejercer la defensa de diversos individuos procesados por narcotráfico y paramilitarismo, tales como alias Macaco, Mono Abello, Mancuso, Papá Pitufo y Boliche, entre otros. En su trayectoria profesional, fundó en 2002 la firma De la Espriella Lawyers, a través de la cual prestó servicios jurídicos a la captadora DMG, a integrantes del grupo Nule y a figuras políticas como Jorge Pretelt. Aseguró recientemente que el Derecho no tenía nada que ver con la ética. Se señala que una fuente significativa de su patrimonio provendría de su relación con Alex Saab; de hecho, De la Espriella ha sido objeto de denuncias en Estados Unidos por presunto testaferrato vinculado a dicho individuo. A pesar de haber constituido múltiples empresas, se reporta que la mayoría de ellas se encuentran en estado de insolvencia.

Cercano a figuras como Marcos Rubio y la congresista María Elvira Salazar, colaboró con la campaña de Donald Trump y se ha proclamado como el primer presidente “republicano” en Colombia. Su campaña, planificada con un año de antelación, se presentó bajo el aval del movimiento Salvación Nacional y la inscribió con el respaldo de 5 millones de firmas, de las cuales se alega que 3 millones carecían de validez. Se autodenominó como un “outsider”, razón por la cual no participó en consultas ni estableció alianzas con otros partidos tradicionales. Su estrategia electoral se apoyó en la difusión de noticias falsas generadas mediante inteligencia artificial y medios digitales, orientadas a generar temor e incertidumbre, táctica atribuida a sectores de derecha para influir en la opinión pública desde el año 2000. Asimismo, su mercadeo político buscó captar el voto de las comunidades cristianas, evangélicas y católicas, que representan el 90 % de la población; en este proceso, transitó del ateísmo al evangelismo, para posteriormente realizar manifestaciones públicas de fe católica.

El presidente se propone adoptar el modelo libertario de los países latinoamericanos de derecha, agrupados bajo el “Escudo de las Américas” dirigido por los Estados Unidos, nación a la que nuevo mandatario, por su ciudadanía, debe obediencia y así también podrá eludir posibles procesos judiciales relacionados con Alex Saab.

Este sistema busca el fortalecimiento de la empresa privada mediante la reducción de la carga tributaria a las grandes corporaciones, las cuales representan el 5 % del tejido empresarial en Colombia. Bajo este esquema, la prestación de servicios públicos, salud y educación quedaría bajo la responsabilidad de empresas privadas actuales y la de futuros inversores extranjeros, estableciendo una simbiosis entre el Estado y el sector privado.

Esta coyuntura permitirá al Gobierno la supresión de 700.000 cargos administrativos con el propósito de reducir el déficit fiscal mediante la contracción del gasto público. No obstante, este último presenta una rigidez significativa, dado que el 90 % de los recursos se encuentra comprometido con los sectores de educación, fuerza pública, salud y pensiones, entre otros. El objetivo prioritario radica en la reducción de la deuda externa y el déficit fiscal, para lo cual se gestionará la reversión de las reformas y compromisos sociales de la administración precedente; lo anterior conllevará al empobrecimiento de la población, facilitando así su subordinación.

La política de seguridad se fundamenta en la militarización del territorio, con especial énfasis en las regiones costeras y zonas fronterizas. Ante la presunta presencia de grupos irregulares vinculados al narcotráfico, se procederá a ejecutar bombardeos. Asimismo, se reanudará la aspersión de cultivos de coca, a pesar de la desautorización de la Corte Constitucional respecto al uso de glifosato. Se reintegrará a los miembros de la fuerza pública que fueron desvinculados por colaborar en actividades irregulares o ilícitas. En la periferia de las principales ciudades, se establecerán cinturones de seguridad mediante la creación de un nuevo cuerpo mixto conformado por militares retirados y particulares. Existe, además, un proyecto de ley ante el Congreso para autorizar el porte de armas a la ciudadanía con fines de defensa personal. El ejercicio del poder se distanciará de los mandatos constitucionales, evidenciando una autonomía frente al marco legal colombiano al gobernar mediante decretos; se dispone de 90 decretos listos para su implementación, lo cual podría erosionar las facultades independientes del Congreso.

La sustitución del sistema democrático por un modelo libertario pretende facilitar la explotación de los recursos naturales bajo la aplicación de la Doctrina Monroe, en beneficio de los Estados Unidos. Se impone al nuevo gobierno una obediencia silente, y cualquier grupo o individuo que manifieste oposición al sistema será objeto de represalias, tal como ocurrió con Beto Coral. La labor periodística quedará restringida a los grandes conglomerados mediáticos, tales como El Tiempo, El Espectador, Semana, RCN y Caracol, los cuales difundirán contenidos favorables a los intereses de las grandes corporaciones y del gobierno libertario.

Asimismo, se prohibirán las manifestaciones públicas y se reactivará el ESMAD. Cualquier opinión divergente del sistema será sometida a la justicia nacional o a la de Estados Unidos, que iniciará acciones contra los implicados como la revocación de sus visas. Las reformas tributarias se orientarán hacia la reducción de impuestos para las grandes empresas, prescindiendo del valor agregado, la redistribución de ingresos y la progresividad fiscal. Por otro lado, se ofrecieron créditos hipotecarios al 2 % para facilitar el acceso a la vivienda en los estratos más vulnerables, medida cuya concertación con el Banco de la República es incierta.

En todo caso, la nueva administración reducirá el papel del Estado, delegando en el sector privado la prestación de servicios a la población colombiana. Toda vez que la gestión presidencial será orientada por los Estados Unidos, se prevé un incremento en la inversión extranjera, en la explotación de hidrocarburos, minerales raros y en su participación en la privatización de los servicios públicos, cuyas tarifas pueden ser a largo plazo incontrolables.

El derecho a la libre expresión será limitada y la información será gestionada por los medios tradicionales según los intereses gubernamentales. El control de la seguridad recaerá exclusivamente en las Fuerzas Militares bajo una política beligerante, descartando cualquier diálogo con grupos subversivos; se buscará terminar con la JEP y la relación con las organizaciones internacionales, que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos; en cambio se reanudarán las relaciones con Israel.

Finalmente, se producirá un proceso de deslegitimación del orden constitucional al gobernar por decreto, clausurando la vía democrática en favor de un régimen autocrático supeditado a los intereses estadounidenses.

Si este panorama hoy día lo están viviendo en muchos países de Latinoamérica, en Chile, Bolivia y Argentina el descontento es mayoritario. El nuevo sistema puede llegar a mostrar mejores resultados en la disminución de la deuda externa y del déficit fiscal, pero con una posible pérdida en la soberanía ante las imposiciones de Estados Unidos en las políticas del gobierno, su territorio, la seguridad, las comunicaciones digitales y la explotación de los recursos naturales.

El reto para la oposición será: defender el equilibrio en fortalecer el sector privado sin empobrecer al pueblo con menos oportunidades. Es importante que se cuide el trabajo digno sin precarizar los salarios, ni de los contratos. También es fundamental la sostenibilidad de las empresas de servicios públicos, evitar que siga existiendo corrupción en el actual sistema de salud para mejorar la calidad y cobertura, continuar con el desarrollo de los planes en educación. Se debe asegurar la definición justa de subsidios orientados a mejorar la calidad de vida de niños y ancianos, así como la aprobación de la Reforma Pensional y que logremos que los recursos de las pensiones, la salud y la educación, un tengan como objetivo el servicio al público y no un negocio privado.

Ante todos los riesgos descritos, algo muy preocupante es la limitación de la libertad integral de ser, de hacer y de expresarse, y que al manifestar una inconformidad, individualmente o en grupo, puede ser visto o juzgado como una actuación terrorista. Es deber del nuevo mandatario revisar sus propuestas porque antes de las diferencias ideológicas, todos somos colombianos con derecho a vivir en paz y en democracia.