¡Actuemos ahora para proteger a las niñas y niños de la trata de personas!

Las niñas y los niños son quienes más peligro corren ante las redes de trata de personas, que a través de engaños y falsas promesas se aprovechan de su vulnerabilidad.

Esta realidad ha sido anunciada en repetidas ocasiones. Por ejemplo, el Reporte Global sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) nos alerta de esto: en los últimos 15 años, el número de niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito se ha triplicado, representando cerca del 35 % de todas las víctimas. En Colombia, las cifras del Ministerio del Interior reflejan una situación igual de alarmante: cerca del 30 % de los casos identificados en la última década afectan a niñas y niños. Este es solo un indicio del problema real, ya que los casos no registrados son muchos y existen víctimas que permanecen invisibles para las autoridades.

Estos datos nos exigen una respuesta inmediata y decidida. Las principales finalidades de explotación encontradas están relacionadas a la explotación sexual y los trabajos forzosos.

Desde el 2000, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada ha guiado los esfuerzos globales para prevenir y sancionar la trata de personas, con especial énfasis en mujeres, niñas y niños. Aunque se han implementado importantes medidas, situaciones como la pobreza, la inseguridad y la migración en condiciones de vulnerabilidad, siguen siendo aprovechadas por los tratantes. A su vez, el aumento del uso de nuevas tecnologías durante la pandemia ha abierto nuevas puertas para la captación y la explotación en línea.

Colombia ha avanzado en la implementación de este protocolo y ha construido un marco normativo para prevenir la trata, atender a las víctimas y judicializar el delito. Sin embargo, aún existen retos que requieren fortalecer a las instituciones y la respuesta efectiva ante casos, especialmente cuando las víctimas son menores de 18 años. Es crucial desarrollar acciones priorizadas específicamente para esta parte de la población, basadas en conceptos que en realidad sean puestos en la agenda pública. El fortalecimiento de las capacidades de las autoridades para investigar y judicializar adecuadamente los casos de trata es esencial. Esto incluye finalidades de trata poco conocidas como el trabajo forzoso, el matrimonio servil, la servidumbre y la mendicidad ajena, que afectan gravemente a las niñas y los niños.

Parte de los esfuerzos de Colombia han sido acompañados por UNODC, que ha emprendido acciones conjuntas con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) en la implementación de metodologías diseñadas concretamente para la niñez y la adolescencia, acompañadas por madres, padres y cuidadores, que han facilitado la identificación de rutas de atención y de potenciales situaciones de riesgo.

Cada 30 de julio conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas y este año el llamado a la acción contra la explotación humana es contundente: “no dejar a ninguna niña o niño atrás en la lucha frente a este delito”, esto incluye la protección frente a vulnerabilidades directas o por efectos del uso de las nuevas tecnologías. Es urgente que los Estados fortalezcan sus políticas, eleven la implementación de las leyes y garanticen que las autoridades estén capacitadas para proteger sus derechos porque es una responsabilidad compartida que no podemos eludir. La indiferencia no es una opción. Cada acción cuenta, cada esfuerzo suma. Solo a través de un compromiso colectivo y sostenido podremos asegurar sociedades dignas para las niñas y los niños, donde sus derechos sean lo más importante.

*Representante Regional UNODC Región Andina y Cono Sur