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El inicio de año suele repetir la misma escena: la asamblea de copropietarios, las cuentas sobre la mesa y una pregunta inevitable: ¿seguimos con vigilancia privada o automatizamos la seguridad de la propiedad horizontal? “Es más barato”, dice alguien. El debate dura un par de horas y parece resolverse ahí.
Pero la seguridad no es una discusión cualquiera de un martes por la noche. No es comparable con cambiar la pintura del edificio o poner plantas en la entrada. Lo verdaderamente preocupante no es el costo del servicio, sino lo que ocurre cuando roban a un vecino en la puerta, cuando persiguen a alguien hasta el parqueadero o cuando una puerta mal cerrada se convierte en una oportunidad para el delito.
Aun así, garantizar seguridad es cada vez más costoso. Y no por capricho de las copropiedades, sino por decisiones de política pública laboral que tienen efectos directos sobre la seguridad privada.
El aumento del 23 % en 2025 no es un hecho aislado. En 2023 el salario mínimo subió 16 % y en 2024 lo hizo 12 %. En conjunto, estos incrementos representan un crecimiento acumulado cercano al 60 % en apenas tres años. En un sector donde más del 80 % de la estructura de costos corresponde al talento humano, es inevitable que estos aumentos terminen trasladándose a las tarifas que pagan los usuarios.
Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el sector emplea a más de 370.000 personas en el país. No se trata de una cifra marginal, sino de uno de los mayores generadores de empleo formal en Colombia. Cada aumento de costos no solo impacta las cuotas de administración; también pone presión sobre la sostenibilidad de miles de empleos formales.
Los gremios han advertido caídas cercanas al 15 % en la demanda del servicio en lo que va del año. ¿Qué significa esto en la práctica? Menos turnos, menos puestos de vigilancia, reducción de horas laborales o, en el peor de los casos, precarización del trabajo e informalidad. El dilema es evidente: ¿contratamos menos personas?, ¿reducimos cobertura?, ¿buscamos esquemas más baratos sin garantías laborales?
Cuando el servicio formal se encarece demasiado, el mercado no desaparece: se transforma. Surgen esquemas sin prestaciones, sin capacitación adecuada y sin supervisión, debilitando el empleo y, al mismo tiempo, la seguridad de los ciudadanos.
La seguridad urbana funciona como un sistema donde interactúan autoridades, ciudadanía y sector privado. Cuando estos actores se coordinan, se reducen los espacios para la criminalidad. Pero cuando disminuye la cobertura de seguridad privada en zonas residenciales y comerciales, la ciudad pierde capacidades de control, vigilancia y reacción. Cada vigilante menos es una oportunidad más para la delincuencia.
Algunos proponen reemplazar guardas y vigilantes por tecnología: cámaras, sensores, controles de acceso automatizados. La tecnología es indispensable, pero no suficiente. Una cámara no reacciona, no disuade por sí sola ni toma decisiones frente a una amenaza. Es un complemento, no un sustituto. La seguridad efectiva combina tecnología, talento humano capacitado y rutas claras de gestión del riesgo.
En ciudades como Bogotá, donde más del 60 % de los ciudadanos se siente inseguro, trasladar discretamente los costos de decisiones económicas al ciudadano (vía tarifas) o al trabajador (vía pérdida de empleo) resulta cuestionable. Más aún si se considera que Bogotá tiene la tasa de pie de fuerza más baja entre las principales ciudades: apenas 206 policías por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de Barranquilla (443) y Santa Marta (393).
La pregunta de fondo no es si queremos vigilancia privada o propiedades automatizadas. Es si estamos evaluando de manera integral el impacto de las políticas laborales sobre sectores críticos para la vida cotidiana. Porque cuando la seguridad se convierte en un lujo, sus efectos no se limitan a quienes contratan el servicio: barrios enteros pierden una capa adicional de control y disuasión que aporta la vigilancia privada. Y los espacios que dejamos de vigilar son, inevitablemente, espacios que abrimos al crimen.
*Laura Suárez es directora de Seguridad Urbana de ProBogotá Región.
Por Laura Suárez
