Del voto “fusil” al voto “con fusil”

Se radicó en el Congreso una nueva reforma constitucional para que los miembros activos de las Fuerzas Militares y la Policía puedan votar. No es la primera vez. Y, como abogada, como defensora de derechos humanos y como colombiana que ha visto de cerca lo que significa cuando las armas del Estado se acercan a la política, quiero decirlo con toda claridad desde el primer párrafo: estoy en desacuerdo, y mis razones no son de trinchera, son de arquitectura democrática.

El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional y veterano de la Armada Nacional, radicó el 25 de agosto un proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 219 de la Constitución para permitir que los miembros activos de la Fuerza Pública voten en elecciones presidenciales y de Congreso. El senador ha insistido en un punto: la reforma “solo permite el sufragio”, no autoriza proselitismo político dentro de los cuarteles ni habilita a los uniformados para ser candidatos. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto debe surtir ocho debates en Senado y Cámara antes de poder convertirse en norma.

Y aquí va mi primera obligación con ustedes, que es de fondo: contrario a lo que algunos titulares han sugerido; la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre esta reforma, porque todavía no hay nada que pronunciar. Lo que hoy existe es un proyecto recién radicado, no una ley, no un acto legislativo aprobado, y mucho menos una sentencia. Si el Congreso lo tramita y lo aprueba —algo que en cuatro intentos anteriores (2021, 2022, 2023 y 2025) no ha logrado—, solo entonces la Corte entraría a revisarlo, y ese control se concentra normalmente en los vicios de procedimiento de la reforma, no en un juicio de fondo sobre si es sabio o no darle el voto a la Fuerza Pública. Ese juicio de fondo —el que de verdad importa— lo está haciendo hoy el Congreso, y lo debemos hacer también nosotros, los ciudadanos, antes de que se vuelva norma y ya no haya nada que discutir.

Lo que no nos están contando…

El argumento de campaña de esta reforma es impecable en apariencia: “solo se vota, no se hace política”. Pero ese argumento se ha repetido, casi palabra por palabra, en cada uno de los últimos cuatro intentos, y en cada uno de ellos el propio Congreso —no una corte, no una ONG, el Congreso— concluyó que la línea entre “votar” y “deliberar” es imposible de vigilar dentro de una institución jerárquica, armada y con mando de línea. No es un prejuicio contra los uniformados: es el reconocimiento honesto de que un soldado que vota no lo hace en el vacío, lo hace dentro de una cadena de mando que puede —así sea de manera silenciosa, sin una orden explícita— orientar ese voto. Nadie puede garantizar, ni con la mejor de las intenciones legislativas, que ese silencio no exista.

Tampoco nos están contando que el veto al voto militar en Colombia no nació de una ocurrencia: viene de 1930, se ratificó en la Constitución de 1991, y responde a una lección aprendida con sangre en toda América Latina, la nuestra incluida: cuando las armas del Estado entran en la disputa electoral, la democracia pierde árbitro neutral. El artículo 219 no es un capricho histórico que haya que “modernizar”; es una de las columnas que sostiene que en Colombia el poder político se disputa con votos de civiles y se defiende, sin bando, con las armas de todos.

Aquí no hay una mentira que desmontar —el senador Rodríguez ha sido claro y consistente en lo que propone—, pero sí hay una tensión que la reforma no resuelve y que se repite de proyecto en proyecto: se promete que el uniformado votará “en su fuero íntimo”, pero no se explica cómo se va a verificar, en la práctica, dentro de un batallón o una estación de policía, que ese voto fue realmente libre de la influencia jerárquica del superior. Una cosa es la intención del texto legal, y otra muy distinta es lo que ocurre en el terreno cuando quien cuenta con el mando de las armas también tiene, potencialmente, opinión sobre quién debería gobernar ese mando. Esa es la contradicción de fondo que ninguna de las cinco versiones de este proyecto —ni esta, ni las cuatro anteriores— ha logrado resolver, y por eso ninguna ha sobrevivido el trámite completo en el Congreso.

La realidad es que en una democracia madura, el control civil sobre la fuerza no se demuestra dándole voto a quien porta el fusil, sino manteniendo una frontera clara entre quien decide las políticas del Estado y quien las ejecuta con las armas. Esa frontera es, precisamente, lo que nos ha permitido tener unas Fuerzas Militares y una Policía que responden al poder civil sin importar de qué color sea el gobierno de turno. Es un activo que muchos países de la región no tienen, y que no deberíamos arriesgar por un argumento —“solo es sufragio”— que ya ha demostrado, en cuatro intentos previos, que no logra convencer ni siquiera al propio Congreso de que la línea se puede sostener en la práctica.

Mi propuesta

No me opongo por oponerme, y quiero ser precisa en lo que sí propongo. Si el objetivo real es reconocer al uniformado como ciudadano de primera categoría —y en eso sí estoy plenamente de acuerdo—, la respuesta no es el voto en servicio activo; es fortalecer lo que sí toca, su dignidad, sin tocar el mando de las armas: salud oportuna, vivienda digna, educación real para sus hijos y una carrera que los prepare para la vida civil.

Y si lo que se quiere es devolverles la voz política que la Constitución les suspende mientras portan el fusil del Estado, esa voz debe llegar en el momento en que ya no exista jerarquía de mando que pueda contaminarla: al retiro. Un uniformado en retiro vota hoy en Colombia, sin restricción, exactamente como cualquier otro ciudadano. Ese es el punto de equilibrio que ya tenemos, y que esta reforma no necesita romper para dignificar a quienes nos cuidan.

En conclusión, no estoy en contra de los uniformados. Estoy a favor de una democracia donde las armas del Estado nunca tengan que elegir un bando, porque el día en que lo hagan, dejarán de ser garantía de todos para convertirse en instrumento de unos pocos. Esa distancia —esa no deliberancia— no es una limitación a un derecho: es la condición que nos permite seguir teniendo Fuerzas Militares y Policía de toda Colombia, y no de un gobierno en particular. Eso es lo que hay que defender, con la Constitución en la mano y sin necesidad de esperar a que nadie más —ni el Congreso, ni la Corte— nos diga qué pensar primero.

* Abogada y activista política colombiana. @sondramacol