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Hace unos días, en el corazón del Amazonas, estuve reunida con la comunidad de Los Yaguas. Escuché sus voces, recogí sus preocupaciones y vi de cerca el rostro humano de los impactos del cambio climático. Esta reunión la tuve en el marco de la presentación el informe defensorial sobre “Manifestaciones climáticas extremas en la cuenca y el bioma amazónico”.
La cuenca del Amazonas es única en el mundo: alberga el 40 % de las selvas que aún nos quedan y es hábitat de cerca del 30 % de la biodiversidad del planeta. Sus 7 millones de kilómetros cuadrados son fundamentales para el equilibrio climático global. Sin embargo, este ecosistema vital enfrenta hoy una de sus peores amenazas.
El 2024 nos dejó una sequía sin precedentes, con los niveles del río Amazonas más bajos en 122 años. La crisis ambiental desencadenó incendios, pérdida de biodiversidad, aislamiento de comunidades, muerte de peces y delfines rosados. En Leticia y Puerto Nariño, comunidades enteras ven amenazada su conexión con el río Amazonas. La sedimentación, el mal manejo del suelo, la contaminación y los incendios forestales inducidos –de los cuales más del 95 % son provocados por acción humana– están poniendo en riesgo la supervivencia misma de la región.
Uno de los líderes de Los Yaguas me dijo: doctora, sufrimos, y cuando le digo que sufrimos, es que sufrimos. Hacía referencia a los impactos tan severos que tuvieron en la movilidad, a las enfermedades, al hambre, las restricciones en el acceso a educación, a servicios de salud, las serias limitaciones de acceso a fuentes de agua aptas para el consumo humano, entre otras. Todas provocadas por la sequía del segundo semestre del año anterior. Además, esta situación aumenta los riesgos de desplazamiento, violencia y pérdida cultural. La crisis ambiental del Amazonas es una emergencia de derechos humanos.
La sequía en el Amazonas afecta también la disponibilidad de agua en el área andina de nuestro país, pues el agua del Amazonas, a través de ríos voladores (sí, ríos voladores), se desplaza hacia el centro del país y nutre ecosistemas como el de Chingaza. La sequía en Amazonas está relacionada con la sequía en Bogotá.
Los impactos climáticos extremos –sequías e inundaciones-, agravados por los incendios y el avance de actividades extractivas legales ilegales– están acelerando la degradación del bioma amazónico. Esta situación amenaza el propio equilibrio ecológico del planeta. La Amazonia, con sus miles de especies únicas, es un regulador natural del clima y almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas de carbono. Si perdemos este pulmón verde, todos y todas sufriremos las consecuencias.
Hoy más que nunca se requiere que el Estado colombiano cumpla con sus responsabilidades. La Constitución nos obliga a proteger los derechos de la naturaleza y a garantizar el goce de un ambiente sano. Las medidas deben ser urgentes, coordinadas y estructurales. Necesitamos restaurar las áreas deforestadas, controlar la minería ilegal, proteger a las personas defensoras del ambiente e implementar estrategias de manejo sostenible con participación activa de las comunidades. El informe defensorial propone decenas de medidas que deben ser adoptadas para mitigar esta crisis y garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas por ella, así como los derechos de la naturaleza.
El diálogo que sostuvimos con Los Yaguas fue un recordatorio de que las soluciones no pueden imponerse desde los escritorios. Debemos construirlas con la gente, con sus saberes, sus necesidades y sus voces. La protección del Amazonas es también la protección de los derechos bioculturales y del legado que estas comunidades resguardan. Es urgente que actuemos, porque cada árbol, cada río y cada vida en este bioma son parte de nuestra propia existencia.
* Defensora del Pueblo de Colombia
Por Iris Marín Ortiz*
