El otoño del pacto patriarcal en la Universidad Nacional de Colombia

Un tema de gran discusión entre profesoras y profesores en la Universidad Nacional es el de la equidad de género que surge en varios de los programas de los 10 candidatos a rector, quienes se juegan su legitimidad, es decir el reconocimiento académico, por parte de estudiantes, egresados y profesores que votaremos la consulta, el próximo 12 de marzo.

El proceso de consulta busca seleccionar los cinco primeros candidatos, que se presentaran al Consejo Superior Universitario, compuesto por ocho miembros: un representante de los exrectores de la universidad, una delegada del Consejo Académico, un representante de profesores, una representante estudiantil, dos delegadas de la Presidencia de la República, un delegado del Consejo Superior de Educación Superior y la ministra de Educación, en un sistema burocrático dictatorial, cuyo resultado ha sido históricamente impuesto por las mayorías en el Gobierno, que colocan al rector. La presión por cada uno de estos votos es muy grande.

No es, la de mañana, una consulta vinculante, por cuanto el mismo Estatuto General que la regula no concede necesariamente el primer lugar al ganador de la misma. Ha pasado que los gobiernos elijan al candidato que obtiene el menor número de votos y este entonces pueda llegar a ser considerado indigno o ilegítimo por la comunidad académica. Ello explica en parte los conflictos históricos que existen entre la comunidad docente y estudiantil contra sus directivas. Lo paradójico es que aquellos que crearon el Estatuto General que regula la consulta burocrático-excluyente hoy defienden el mecanismo de consulta, porque consideran que un gobierno “alternativo” los puede nombrar. Lo paradójico es que aquellos que crearon el mecanismo busquen entonces, en nombre de la legitimidad, ganar la consulta y llegar al poder rectoral, fortaleciendo aún más su poder burocrático-excluyente, presentándose como el “candidato alternativo” en una consulta, que ahora sí pareciera servir a sus intereses.

Y uno de los argumentos centrales ahora es el discurso de la igualdad de género. Un discurso que se instrumentaliza, para recoger el voto del movimiento “feminista” de estudiantes y profesoras (apenas un 30 % del estamento profesoral) en la universidad, mucho de él sometido a violencias basadas en género, entre ellas las violencias laborales y sexuales.

En el informe del estudio multidimensional de las violencias sexuales y de género en la Universidad Nacional de Colombia, que presentamos en noviembre de 2022 ante el Consejo Académico, encontramos que, de 2.051 estudiantes encuestadas, el 49 % habían sido víctimas de violencia sexual, muchas de ellas mujeres de los primeros semestres, y que tan solo un 5 % habían denunciado ante las autoridades estos abusos. Más de 40 violaciones en ámbitos académicos fuera y dentro de la universidad.

También encontramos profundas desigualdades entre profesoras y profesores, así como en el ámbito de las y los trabajadores: el acoso laboral es el pan del día. La ausencia de denuncias se explica por las barreras que existen en la universidad para acceder a la justicia, por el miedo, la desconfianza institucional frente a la revictimización por parte de victimarios y el silenciamiento a las víctimas, la naturalización y normalización de las violencias basadas en género, los vacíos de información, las insuficientes rutas de apoyo institucional, la ausencia de financiamiento y las barreras de los larguísimos procesos de litigio. También encontramos que el pacto patriarcal existente en la Universidad Nacional impide avanzar en los profundos cambios que necesitamos: un pacto que se ha extendido en el pasado a los órganos jurídicos de control y veeduría.

Entre aquellos que proponen, con gran eco, la defensa de la equidad de género, políticas de diversidad sexual y acciones afirmativas, además de un plan para prevenir y controlar violencias relacionadas con desigualdades de poder, sumado a una jurisdicción especial disciplinaria, está el profesor Leopoldo Múnera, abogado, fundador del Departamento de Ciencia Política, exdecano de Facultad de Derecho y Ciencia Política y exvicerrector de Sede. Con grandes aplausos, paradójicamente, uno de los patriarcas por excelencia en la Universidad Nacional se presenta como el abanderado de las injusticias contra las mujeres. Y esto merece un análisis desde los lugares desde donde compartimos la cotidianidad en el ejercicio profesoral que es el Departamento de Ciencia Política.

Para empezar, vale la pena señalar que entre las escasas veinte plantas de profesor de carrera que, después de 30 años, existen en el departamento fundado por él y varios juristas más, solo hay tres profesoras mujeres de planta. Mujeres sí hay en nuestro departamento: las asistentes, secretarias, y docentes ocasionales, con gran sobrecarga y alta inestabilidad laboral. Los espacios de la docencia ocasional son escenarios de sobreexplotación de aquellas y aquellos, algunas egresadas y egresados, que presentan propuestas docentes novedosas, y que después de arduos estudios de doctorado sueñan con ingresar algún día a las filas del ansiado cargo de planta que les dignifique y reconozca su trabajo de muchos años. Cargo, este de profesor, al que no se puede entrar sin atravesar la gran muralla de relaciones de poder feudal y patriarcal existente en nuestro departamento.

Lo mismo sucede con los reingresos. Ha existido el caso de profesoras que, siendo de planta y teniendo todos los méritos académicos, piden el reingreso y son desplazadas por los amigos del pacto patriarcal, en condiciones académicas inequitativas. El sistema patriarcal académico es una estructura de poder que reproduce un ámbito de relaciones académicas, simbólicas y económicas que dominan un mercado precarizado en el que el ingreso debe significar la obediencia jerárquica y una sumisión a una cierta forma de “señorío” (Segato, 2018). En otras palabras, las relaciones laborales históricas en nuestro departamento, están determinadas por una jerarquía académica de prestigio que consolida un proyecto histórico de violencia misógina, homofóbica, entrelazada con los fenómenos de mercantilización de la educación y privatización de lo público por parte de un grupo.

El pacto patriarcal se construye a través de un complejo ritual de acceso de quienes logran penetrar el estrecho umbral del campus académico, en su mayoría hombres, que se someten voluntariamente a la estructura jerárquica-académica que decide. Decide los perfiles de los concursos, sus jurados, los cargos directivos, los cargos de asistencia, las coordinaciones académicas y hasta las direcciones de tesis, las becas, la participación en convenios y por ende su remuneración, además de sus relaciones con organizaciones externas que premian con estipendios adicionales su pertenencia al campo burocrático-excluyente. La existencia del reparto social de las tareas académicas depende de la sumisión a esta estructura académica de poder patriarcal. Y este sistema es el que se presenta como el proyecto del cambio para la Universidad Nacional. ¿Cambio? ¿En serio?

Cuando ingresé en 2006 era la única mujer profesora de planta en el departamento, creado entre otros por el candidato a rector, profesor Múnera, ya hace 30 años: la única mujer profesora. En una facultad donde el Consejo Directivo lo conforman solo profesores hombres, excepto la directora de Bienestar, cargo ese sí que se le concede, muy de vez en cuando, como “cuota” de género, a algunas mujeres, desde las excelsas instancias de poder feudal patriarcal de nuestra Facultad de Derecho. Los cargos de vice-decanaturas y direcciones son para los profesores, con muy pocas excepciones, en el caso de obtener el voto perpetuo de obediencia, de alguna profesora. Más del 80 por ciento de asistentes de trabajo con contratos precarios y secretarias, en su mayoría mujeres, que son al mismo tiempo, aquellas que sostienen la administración de nuestro departamento y facultad, en el día a día, ante los ausentes directivos en el poder.

Entré al departamento por una casualidad: un profesor del departamento huyó literalmente ante el acoso laboral de que era objeto por parte de sus colegas. Fui testigo muy rápidamente en el ritual de entrada a las formas de acoso también a profesores que se sublevan: al menos tres profesores de planta pidieron traslado al Departamento de Derecho por el hostigamiento del que estaban siendo objeto, por rebelarse frente al pacto. Otros han sido castigados por no obedecer. Esto es un ejemplo de nuestro feudo medieval.

Decidí declararme en desobediencia civil y enfrentar esta estructura violenta y excluyente de poder patriarcal, durante más de 16 años. No son pocos los que amedrentados me escriben en silencio sus angustias. No ha sido fácil. He reportado muchas veces el hostigamiento y presiones verbales, laborales, de las que comencé a ser objeto durante años, por denunciar permanentemente las inequidades e irregularidades en la designación de docentes ocasionales, a las instancias de consejo de facultad y veeduría disciplinaria, algunos de cuyos casos fueron archivados, gracias a las relaciones de poder que se tienen en esas instancias. He hecho denuncias sobre maltrato a estudiantes, con pruebas y videos, que nunca fueron respondidos. Solo logré que se aceptara una denuncia por corrupción: el concurso de grupos de investigación en 2016, contra uno de mis colegas del pacto.

Mis estudiantes de derecho, egresadas y egresados, me enseñaron a enfrentar varios de nuestros males en esta facultad, y gracias a ellos inicio en 2010 el acompañamiento a estudiantes de Ciencia Política y Derecho en sus denuncias, así como a asistentes administrativas, en casos de acoso sexual por parte de profesores. Más tarde haré lo mismo con estudiantes víctimas de violencias sexuales en otras facultades, como Ciencias.

Mi experiencia me ha llevado a cuestionar el sistema de recompensas a la obediencia del pacto, a renunciar a ellas a través de contratos de extensión (sares) bonificaciones asociadas a cargos directivos o proyectos remunerados, y denunciar falsos reconocimientos, para conservar mi libertad de opinión, como lo hago ahora, en uno de los núcleos duros del sistema de poder en la Universidad Nacional: el Departamento de Ciencia Política, desde donde uno de sus miembros, del clan machista progre, a nombre de la democracia radical, busca la ansiada toma del poder en la universidad.

Por ello, yo ya no creo que los discursos de “neurodiversidad”, democracia universitaria y equidad de género nos vayan a sacar del escenario en el que nos encontramos y alerto a la comunidad universitaria. Mi recorrido, por estos lares, que buscan ahora reproducirse en los órganos directivos de la universidad, me ha llevado a conocer de cerca la realidad de estudiantes, que son quienes enfrentan en silencio estas situaciones, y me preocupan sus casos de ansiedad, depresión y sobre todo aquellos relacionados con el abuso sexual y laboral que enfrentan, en todo nivel, llevando a no pocos casos de problemas de salud mental que los y las están llevando incluso a intentos de suicidio. Por ello mi labor es ahora, en parte, intentar construir con ellas y ellos, sobre todo, proyectos de futuro y de solidaridad con quienes empiezan a enfrentar estos problemas que son estructurales en nuestro claustro. Estudiantes Peama y Páez, que vienen de regiones y territorios por los que ahora los candidatos se preocupan por primera vez en sus discursos. Son padres y madres de hogar, estudiantes que deben cuidar a sus mayores, estudiantes con dificultades económicas, brillantes estudiantes que no solo cargan sus responsabilidades familiares y materiales sino también las académicas en condiciones de maltrato verbal, psicológico, laboral y sexual.

Los y las estudiantes han sido maltratados, hostigados y hasta golpeados en el pasado por atreverse a confrontar estos sistemas, porque esos son sistemas de poder profundamente imbricados en la historia de nuestra universidad y que existen en nuestras sedes y facultades. Esto lo aprendí en el proyecto de investigación de violencias de género. La situación en Palmira y Manizales es muy grave. Es, casi, una cultura UN. Estudiante o profesor que no se alinee es amenazado; ha sucedido en el pasado y está sucediendo. Hay amenazas contra quien no vote por el resultado de la consulta que respalda el pacto patriarcal. El pacto bien organizado, indaga y controla cada opinión y posible votación en la consulta.

Para el futuro de ellas y ellos, profesores, profesoras y estudiantes, por su libertad, desde mi realidad, en un espacio enrarecido y complejo, aquellos cuyas violencias están silenciadas, y que merecen una universidad en paz, y libres para una genuina emancipación, es que escribo esta nota.

* PHD en Ciencia Política, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política, coordinadora del Grupo de Investigación Derecho y Política Ambiental. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo Ecologías Políticas desde el Sur Abya-Yala, (CLACSO).