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Sobre energía, vale la pena un análisis complejo.
Aunque hay contratos asignados y una inversión significativa (a 2023 calculada por ACP en USD$ 1.050 millones en exploración y USD$ 3.780 millones en producción), los planes se encuentran retrasados en años por un hecho sencillo: no hay “licencia social”. La gente lleva décadas viendo pasar los carrotanques, perforar sus territorios y contaminar sus aguas sin que en su hogar haya acceso a ningún energético de calidad ni en su comunidad nada perdurable en servicios y bienestar. Lo que sí ha ido quedando son los pasivos ambientales. Añádase la trascendente decisión por un juez que entrega derechos al mar 30 kilómetros Caribe adentro, suspende la delimitación del pozo Uchuva 2, y da pie a la consulta previa de comunidades pesqueras seminómadas de Taganga y Tayrona.
No hay gasoductos. Y ese es un requisito central al definir recursos gasíferos efectivamente disponibles, pues encontrar la molécula no es suficiente: a diferencia del petróleo, que puede transportarse en automotores, el gas necesita gasoductos. Una gestión que iniciamos en este gobierno consiste en que los oleoductos sean bimodales y sirvan también para transportar gas, decisión que se alinea con las políticas de la Agencia Internacional de Energía sobre propiciar la transición de las infraestructuras petroleras.
Hay quienes defienden el status quo petrolero y se aferran, enceguecidos, a las economías fósiles del siglo XX. ¡Pero Colombia no es país petrolero! Y pretender lo contrario es caminar hacia el abismo: tener una economía dependiente de los hidrocarburos y del carbón no nos hace petroleros, ¡nos hace vulnerables! Los costos de producción en Colombia son mucho más altos que en otros países de la región (i.e.México, Venezuela y Brasil). Nuestro subsuelo es complejo. El más complejo de las Américas, como bien lo explican los geólogos. Por eso, no solo los costos de exploración son más altos, sino que los riesgos ambientales son mayores. Nuestros crudos son pesados y, como se deduce en las dinámicas del mercado, el apetito suele estar sobre crudos más ligeros con los que mayoritariamente se refina gasolina.
¡Lo urgente es la transición!, que tiene que ser justa y no solo corporativa. En términos de seguridad energética, despreciar el impacto de la crisis climática puede ser el mayor error. Las temperaturas oceánicas y atmosféricas incrementan año a año, lo cual aumenta la incertidumbre (por ejemplo, la predictibilidad de fenómenos Niña-Niño). Sabiendo que vendrán fenómenos climáticos extremos y sosteniendo una matriz eléctrica dependiente de las hidros, hay que advertir que el estrés hídrico será también estrés energético.
Que no se nos olvide, además, que las guerras encarecen la energía. Por eso, el único camino es la diversificación de la matriz y la complementariedad de las fuentes renovables. Por costos y soberanía, es imprescindible reemplazar las tecnologías de respaldo para apagar en un tiempo prudente las térmicas, todas ellas costosas y contaminantes. Debemos acelerar la adopción de renovables, pues no hay nada más soberano que el energético barato que producimos en casa: viento, sol y geotermia (suele olvidársenos que somos un país volcánico y hay un potencial por desarrollar).
Pero la electrificación renovable no puede restringirse a soluciones rentísticas: cinco décadas de extractivismo y 200 años de colonialismo postindependentista nos enseñan que la mayor miseria se crea cuando el desarrollo les da la espalda a la gente y a los ecosistemas. Por eso, avanzar es con licencia social y cuidado de la naturaleza.
La Guajira es la joya de la corona de las FNCER (Fuentes no convencionales de energía renovable) y, aunque nuestro gobierno logra reducir la mortalidad infantil y extrema pobreza, hay una crisis insuperada que nace en la corrupción estructural. Además, las propuestas económicas deben dialogar con las culturas y los planes de vida de las gentes locales. Por eso, Colectora no puede olvidar que avanza en territorio Wayuu, donde el viento y el sol son dioses y los muertos reposan en Jepirachi. En el Caribe, la transición tiene que ir más allá de instalar paneles solares e impulsar proyectos corporativos de renovables. ¡Hay que democratizar! Y eso se logra cuando las comunidades y el Estado participan en la propiedad de la generación eléctrica.
Por más miedo y resistencia que genere el cambio entre quienes concentran el poder de mercado (extractivista, corporativista y petroadicto), mal haríamos en dejar de insistir.
* Doctora en Geografía Política y exministra de Minas y Energía