La democracia empieza a deteriorarse cuando preguntar se vuelve peligroso, cuando informar genera miedo y cuando quienes ejercen el poder, ya sea político, económico o armado, consideran al periodismo un enemigo y no una garantía democrática.
En las últimas semanas, Colombia ha visto señales preocupantes desde distintos frentes: amenazas de grupos armados ilegales contra medios y organizaciones sociales, el asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda; ataques machistas contra mujeres periodistas por parte de un candidato presidencial; las controversias entre medios de comunicación, con señalamientos cruzados y con un lenguaje estigmatizante, cuestionamientos sobre el equilibrio informativo y tensiones en torno al derecho de réplica y rectificación; los medios públicos son usados para difundir un discurso hostil que afecta a contradictores políticos; en las redes se amplifica el hostigamiento cada vez más agresivo frente a quienes investigan, cuestionan o contradicen narrativas de poder; las mujeres periodistas continúan enfrentando formas específicas de violencia que buscan desacreditarlas o expulsarlas de la conversación pública, lo que profundiza desigualdades históricas.
Esta estigmatización y violencia contra el periodismo fueron recogidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual.
Si bien el origen de estos ataques es diferente, el resultado puede llegar a ser el mismo: se deterioran las condiciones para el ejercicio libre del periodismo y se debilita la posibilidad de sostener un debate público democrático y plural. Estos hechos también pueden derivar en la autocensura cuando se preguntan si vale la pena investigar, denunciar o exponer aquello que incomoda y, cuando el miedo condiciona lo que puede decirse o investigarse, pierde toda la sociedad.
La libertad de prensa no es un privilegio de periodistas o medios de comunicación, sino un derecho de toda la sociedad, porque las democracias se debilitan sin información libre, sin preguntas incómodas y sin garantías para disentir.
Tres reflexiones. Primero, debemos recordar que las palabras tienen consecuencias, particularmente cuando provienen de personas con liderazgo político o amplia capacidad de influencia pública. Quienes conducen el Estado o aspiran a hacerlo tienen la obligación de contribuir a un ambiente democrático basado en el respeto y en la protección de las libertades fundamentales. La crítica hace parte de la democracia; la descalificación violenta y la misoginia no.
Segundo, aunque armas y libertad son antónimos, los grupos armados, que tanto repiten que tienen voluntad de paz, deben cumplir el derecho humanitario y no afectar el ejercicio de la prensa libre, si quieren que sus reclamos de paz sean creíbles.
Tercero, inclusive los mismos medios de comunicación, públicos y privados, tienen un deber de autoregulación, para evitar que las diferencias sobre líneas editoriales se conviertan en punto de partida para acusaciones o difamación; así como abrirse a la rectificación o al matiz de afirmaciones cuando estas puedan resultar controversiales.
El país necesita un compromiso ético y democrático más amplio alrededor del respeto a la prensa y a la libertad de expresión. Ese compromiso involucra a quienes participan en política, a las instituciones, a los liderazgos, a las plataformas digitales y también a la ciudadanía.
* Defensora del Pueblo.
Por Iris Marin Ortiz*
