En la frontera entre Colombia y Ecuador, decenas de mujeres ecuatorianas cruzan hacia el departamento de Nariño cuando no les queda otra alternativa. En su país, la interrupción del embarazo sigue criminalizada y estigmatizada. Aquí encuentran una posibilidad: un servicio legal, seguro y acompañado por organizaciones y redes feministas.
Esa escena cotidiana en la frontera cuenta una historia más grande: la de un país que decidió ampliar derechos y que vivió una de sus transformaciones más profundas el 21 de febrero de 2022, cuando la Corte Constitucional falló el caso litigado por el movimiento Causa Justa y despenalizó el aborto, convirtiéndonos en referente global en derechos reproductivos.
Cuatro años después, un informe del Centro de Derechos Reproductivos elaborado con la Corporación Ecofeminista Comunitar (Cauca), la Fundación Mujer y Futuro (Santander) y la Plataforma Unidas para Avanzar (Nariño), muestra algo fundamental: si el Estado implementa, el derecho se vuelve real.
En el Cauca, la atención de IVE en hospitales públicos aumentó 98,4 % en un año. Esa cifra no es abstracta. Son mujeres que dejaron de arriesgar su vida en la clandestinidad y accedieron, por fin, a atención médica segura. En Nariño se fortalecieron guías de atención en el primer nivel, protocolos postaborto y programas de educación sexual, lo que permitió que los embarazos adolescentes se redujeran significativamente en el último año. Incluso en Santander, donde persisten barreras graves, se han consolidado procesos pedagógicos y mecanismos de monitoreo ciudadano que abren la puerta a mejoras estructurales.
Sin embargo, ese mismo estudio advierte que el acceso sigue dependiendo del lugar donde se vive. Puede hacerse más frágil en zonas rurales y fronterizas, y resultar casi una odisea en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
En Santander, por ejemplo, algunas IPS se declaran sistemáticamente “incompetentes” para eludir su obligación legal de brindar servicios de aborto. En zonas más afectadas por el conflicto armado, como el Catatumbo, actores armados ilegales imponen restricciones de movilidad y ejercen control sobre los cuerpos de las mujeres, imponiendo maternidades forzadas o limitando acceso a anticonceptivos.
A esto se suma la realidad de las mujeres migrantes que enfrentan discriminación por su origen, falta de información y negación del servicio por falta de documentos; pese a que la ley colombiana y la sentencia C-055 que despenalizó el aborto reconocen la IVE como una atención de urgencia que no puede estar condicionada al estatus migratorio.
Todo aquello vulnera la autonomía reproductiva y constituye violencia reproductiva. Por ello, en un año electoral como 2026, conviene recordar algo básico: sin aborto libre, la democracia está incompleta, porque la libertad de decidir es una condición mínima de ciudadanía. Si una mujer necesita permiso para salir de su territorio a recibir atención médica, si su acceso depende del miedo o de la voluntad de un funcionario, el ejercicio de sus derechos se limita y la promesa de igualdad se rompe.
Cuatro años después de Causa Justa, la pregunta no es si el derecho existe. Existe. La pregunta es cómo vamos a garantizarlo en cada hospital, en cada vereda, en cada frontera. Colombia tiene hoy la oportunidad de seguir trabajando para demostrar que decidir sobre la propia vida es la base de cualquier sociedad libre y democrática.
*Catalina Martínez Coral es vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
Por Catalina Martínez Coral*
