Hablar del derecho humano al agua implica hablar de cómo se mantienen en el tiempo los sistemas que hacen esto posible. Hay un consenso global en torno a la importancia del acceso al agua potable como elemento fundamental de la dignidad humana, la salud pública y el desarrollo de un país. Garantizar este derecho implica un desafío permanente que exige instituciones sólidas, reglas claras y sistemas de prestación del servicio capaces de operar de manera eficiente y sostenible en contextos de múltiples crisis ambientales y atendiendo brechas existentes.
La regulación de los servicios públicos domiciliarios cumple un papel esencial en la garantía de los derechos humanos al agua en Colombia, y desde la expedición de la Ley 142 de 1994 el país adoptó un modelo institucional que separa las funciones de regulación, vigilancia y prestación del servicio, el cual ha ayudado a fortalecer la cobertura, mejorar la calidad y consolidar un sistema basado en principios de eficiencia económica, transparencia y protección de los usuarios.
La regulación tarifaria es un instrumento central para alcanzar estos objetivos y es importante entender que su propósito no es fijar las tarifas que pagan los usuarios, sino establecer metodologías que permitan garantizar que lo que pagan los usuarios se refleje en costos eficientes de prestación, incentiven la inversión y promuevan una gestión responsable del recurso hídrico y justa en contextos de vulnerabilidades hídricas y crisis del agua. En otras palabras, la regulación busca asegurar que los servicios de acueducto y alcantarillado puedan mantenerse, modernizarse y ampliarse para responder a las necesidades de la ciudadanía y ante el imperativo de contar con un ordenamiento territorial alrededor del agua.
Garantizar el derecho al agua también implica reconocer que los sistemas de abastecimiento enfrentan hoy en día desafíos complejos derivados de las afectaciones ambientales de las fuentes hídricas, la variabilidad climática, las vulnerabilidades hídricas, el crecimiento de las ciudades y las necesidades de inversión en infraestructura, lo cual exige marcos regulatorios alineados a estos contextos, mediante los cuales se promueva la eficiencia, la reducción de pérdidas de agua y una gestión sostenible de los recursos.
Y es precisamente con este propósito que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- adoptó el Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Grandes Prestadores, expedido mediante Resolución 1032 de 2026. Se trata de una necesaria actualización regulatoria que para su expedición implicó cerca de cinco años de estudios técnicos, análisis sectoriales y procesos de participación pública con más de 1.600 aportes de las empresas prestadoras, expertos, academia y la ciudadanía en general.
El nuevo marco incorpora herramientas para fortalecer la eficiencia operativa, promover inversiones responsables, avanzar hacia servicios de mayor calidad y tarifas justas para más de 30 millones de colombianas y colombianos. La nueva metodología busca equilibrar tres objetivos fundamentales: la sostenibilidad, la transparencia del sistema tarifario y la protección de los usuarios.
Al ser un proceso técnico, la implementación de una metodología tarifaria requiere de un acompañamiento claro a empresas prestadoras para facilitar la implementación de la nueva regulación en los tiempos establecidos. De esta manera, la CRA viene desarrollando en todo el país talleres con distintos segmentos de prestadores, en los que se analizan los componentes de la metodología y se resuelven inquietudes sobre su implementación.
Estos encuentros continuarán realizándose en varias ciudades del país, acercando los espacios de trabajo técnico a los prestadores en sus territorios. El objetivo es garantizar que las empresas cuenten con las herramientas necesarias para aplicar la nueva metodología de manera ordenada y dentro de los tiempos previstos para su entrada en vigencia.
Así las cosas, lo que se observa hoy en el sector es precisamente un proceso de análisis técnico, diálogo institucional y trabajo conjunto entre regulador y prestadores para asegurar una implementación adecuada.
La regulación de los servicios de agua potable y saneamiento básico no puede entenderse únicamente como un conjunto de normas. Es, ante todo, una herramienta para garantizar que millones de ciudadanas y ciudadanos puedan acceder a servicios confiables, continuos y de calidad.
Porque el derecho al agua no se materializa con declaraciones o asustando usuarios por riesgos derivados de ajustes normativos. Se hace realidad cuando existen sistemas de prestación sustentables, inversiones en infraestructura basada en la naturaleza, gestión eficiente del recurso hídrico y reglas claras que permitan que el servicio funcione bien hoy y en el futuro. En esta tarea, la regulación técnica cumple un papel fundamental para el desarrollo del país y para el mejoramiento de la calidad de vida de millones de colombianas y colombianos.
* Directora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Por Gloria Esperanza Narváez Tafur*
