Reforma a la salud y la amenaza a la ruta de acceso a medicamentos
María Clara Escobar Peláez*
La adquisición de medicamentos y su coordinación para que los colombianos los reciban de manera oportuna no es una tarea para nada fácil. Lamentablemente, los pacientes desconocen el camino que recorren sus medicamentos antes de llegar a ellos y los procesos que adelanta su EPS para garantizar la compra de los insumos necesarios para atender a millones de afiliados más, en las clínicas y hospitales que hacen parte de sus redes de prestación de servicios.
Estas entidades deben comprender a fondo el perfil epidemiológico de cada afiliado y de las regiones en las que operan, al igual que los usos y frecuencias, la prevalencia y la carga de la enfermedad, para poder asignar así los recursos requeridos para la atención de acuerdo a su nivel de complejidad. Todo lo anterior, sin sobrepasar su esquema de costos, el cual está determinado por la UPC, o el recurso que reciben por parte de la ADRES por afiliado y los medicamentos incluidos en el PBS o Plan de Beneficios en Salud, que deben ser garantizados.
Continuando el recorrido “hacia atrás”, se encuentra un actor denominado Gestor Farmacéutico y Logístico (diferente al Gestor de Salud y Vida con el que se pretende reemplazar a las EPS). Este recibe información de las necesidades identificadas por las EPS, coordina los requerimientos con los proveedores de medicamentos, tanto nacionales como extranjeros, atendiendo el control de precios establecido para estas tecnologías para los agentes de la cadena. Una vez recibidos, los distribuyen y dispensan por toda Colombia, en condiciones idóneas de refrigeración y transporte.
En este segmento de la ruta se generan eficiencias y, gracias a la ley de los grandes números, se mitigan los descalces de tiempos entre oferta y demanda, manejo de inventarios disminución de desperdicios y compensación de sobrantes y faltantes en diferentes regiones el país. Gracias al proceso descrito es que las EPS y el sistema como un todo logran “hacer tanto con tan poco”, ya que agregan demanda, de forma tal que se pone en marcha un principio económico básico de la economía de mercado: la generación de economías de escala.
La reforma al sistema de salud que propone el Gobierno fue estructurada bajo una lógica que responde exclusivamente a la voluntad de desaparecer la gestión de recursos financieros por parte de las aseguradoras, desconociendo muchos otros procesos que soportan un sistema a todas luces funcional, con altísimas tasas de cobertura y uno de los gastos de bolsillo en medicamentos más bajos del mundo.
En un ejercicio de lectura entre líneas, dado lo impreciso y ambiguo del texto de la reforma, se puede inferir que hay un altísimo grado de improvisación. Bajo la nueva organización se divide al país en regiones que a su vez constituyen Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIIS) y se crean los Consejos Asesores de planeación y evaluación de dichas redes. Adicionalmente, se crean los Centros de Atención Primaria (CAPS) como el punto de entrada para las personas adscritas y que residen en cada territorio, quienes serán remitidas a centros hospitalarios de mayor complejidad, según sea el caso.
Con esta improvisada estructura no habrá forma de mantener los niveles de acceso oportuno de los pacientes colombianos a los medicamentos que requieren. En este escenario quedan además preguntas sin resolver.
¿Quién realizará las compras de medicamentos? De ser las clínicas y hospitales, ¿lo harán “por evento en el inmediato plazo” y haciendo uso del giro directo por parte de la ADRES? ¿Tendrá cada una de ellas la responsabilidad de adecuar y habilitar farmacias en sus instalaciones? ¿Si se adelantan compras en cada territorio, estará la institucionalidad local en capacidad de anticiparse y hacer proyecciones y cálculos para hacer agregación de demanda?
Es claro que ni el país y ni las regiones cuentan con los sistemas de información requeridos para esta titánica labor, mucho menos cuando hay algunas con muy baja infraestructura médica, que tendrán que remitir pacientes a otros territorios en los que exista oferta hospitalaria más especializada. No parece factible que el problema que representa el movimiento de las personas intrarregionalmente pueda ser subsanado.
Todo lo anterior da la impresión de que la intención de apartar a las EPS del manejo de recursos financieros se hará a costa de todo un sistema y sin tener en cuenta cientos de procesos y mecanismos que hacen que este opere con fluidez y con uno de los gastos de bolsillo más bajos del mundo. Mucha razón les asiste a los gremios de las aseguradoras y a otros tantos actores, que recientemente le solicitaron al gobierno retirar la reforma y formular un nuevo proyecto.
Un sistema atomizado, como el que se lee en el texto de la reforma, no solo generará ineficiencias, sino que pondría en riesgo la sostenibilidad financiera del mismo.
Las 29 compañías afiliadas a Afidro han estado siempre comprometidas con el país, garantizando la disponibilidad de tecnologías farmacéuticas de punta. Nuestros medicamentos innovadores llegan hoy a todos los rincones del país, gracias a un sistema de salud que permite que todo colombiano, sin importar su nivel socioeconómico, acceda a los tratamientos de vanguardia, los mismos que reciben pacientes pertenecientes a países desarrollados.
* Presidenta ejecutiva de Afidro
La adquisición de medicamentos y su coordinación para que los colombianos los reciban de manera oportuna no es una tarea para nada fácil. Lamentablemente, los pacientes desconocen el camino que recorren sus medicamentos antes de llegar a ellos y los procesos que adelanta su EPS para garantizar la compra de los insumos necesarios para atender a millones de afiliados más, en las clínicas y hospitales que hacen parte de sus redes de prestación de servicios.
Estas entidades deben comprender a fondo el perfil epidemiológico de cada afiliado y de las regiones en las que operan, al igual que los usos y frecuencias, la prevalencia y la carga de la enfermedad, para poder asignar así los recursos requeridos para la atención de acuerdo a su nivel de complejidad. Todo lo anterior, sin sobrepasar su esquema de costos, el cual está determinado por la UPC, o el recurso que reciben por parte de la ADRES por afiliado y los medicamentos incluidos en el PBS o Plan de Beneficios en Salud, que deben ser garantizados.
Continuando el recorrido “hacia atrás”, se encuentra un actor denominado Gestor Farmacéutico y Logístico (diferente al Gestor de Salud y Vida con el que se pretende reemplazar a las EPS). Este recibe información de las necesidades identificadas por las EPS, coordina los requerimientos con los proveedores de medicamentos, tanto nacionales como extranjeros, atendiendo el control de precios establecido para estas tecnologías para los agentes de la cadena. Una vez recibidos, los distribuyen y dispensan por toda Colombia, en condiciones idóneas de refrigeración y transporte.
En este segmento de la ruta se generan eficiencias y, gracias a la ley de los grandes números, se mitigan los descalces de tiempos entre oferta y demanda, manejo de inventarios disminución de desperdicios y compensación de sobrantes y faltantes en diferentes regiones el país. Gracias al proceso descrito es que las EPS y el sistema como un todo logran “hacer tanto con tan poco”, ya que agregan demanda, de forma tal que se pone en marcha un principio económico básico de la economía de mercado: la generación de economías de escala.
La reforma al sistema de salud que propone el Gobierno fue estructurada bajo una lógica que responde exclusivamente a la voluntad de desaparecer la gestión de recursos financieros por parte de las aseguradoras, desconociendo muchos otros procesos que soportan un sistema a todas luces funcional, con altísimas tasas de cobertura y uno de los gastos de bolsillo en medicamentos más bajos del mundo.
En un ejercicio de lectura entre líneas, dado lo impreciso y ambiguo del texto de la reforma, se puede inferir que hay un altísimo grado de improvisación. Bajo la nueva organización se divide al país en regiones que a su vez constituyen Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIIS) y se crean los Consejos Asesores de planeación y evaluación de dichas redes. Adicionalmente, se crean los Centros de Atención Primaria (CAPS) como el punto de entrada para las personas adscritas y que residen en cada territorio, quienes serán remitidas a centros hospitalarios de mayor complejidad, según sea el caso.
Con esta improvisada estructura no habrá forma de mantener los niveles de acceso oportuno de los pacientes colombianos a los medicamentos que requieren. En este escenario quedan además preguntas sin resolver.
¿Quién realizará las compras de medicamentos? De ser las clínicas y hospitales, ¿lo harán “por evento en el inmediato plazo” y haciendo uso del giro directo por parte de la ADRES? ¿Tendrá cada una de ellas la responsabilidad de adecuar y habilitar farmacias en sus instalaciones? ¿Si se adelantan compras en cada territorio, estará la institucionalidad local en capacidad de anticiparse y hacer proyecciones y cálculos para hacer agregación de demanda?
Es claro que ni el país y ni las regiones cuentan con los sistemas de información requeridos para esta titánica labor, mucho menos cuando hay algunas con muy baja infraestructura médica, que tendrán que remitir pacientes a otros territorios en los que exista oferta hospitalaria más especializada. No parece factible que el problema que representa el movimiento de las personas intrarregionalmente pueda ser subsanado.
Todo lo anterior da la impresión de que la intención de apartar a las EPS del manejo de recursos financieros se hará a costa de todo un sistema y sin tener en cuenta cientos de procesos y mecanismos que hacen que este opere con fluidez y con uno de los gastos de bolsillo más bajos del mundo. Mucha razón les asiste a los gremios de las aseguradoras y a otros tantos actores, que recientemente le solicitaron al gobierno retirar la reforma y formular un nuevo proyecto.
Un sistema atomizado, como el que se lee en el texto de la reforma, no solo generará ineficiencias, sino que pondría en riesgo la sostenibilidad financiera del mismo.
Las 29 compañías afiliadas a Afidro han estado siempre comprometidas con el país, garantizando la disponibilidad de tecnologías farmacéuticas de punta. Nuestros medicamentos innovadores llegan hoy a todos los rincones del país, gracias a un sistema de salud que permite que todo colombiano, sin importar su nivel socioeconómico, acceda a los tratamientos de vanguardia, los mismos que reciben pacientes pertenecientes a países desarrollados.
* Presidenta ejecutiva de Afidro