Recientemente, Humberto de la Calle me calificó de ejemplo del fascismo que se mimetiza en política, por algo que no hice: promover un boicot de consumidores. Pero incluso si lo hubiera hecho, calificar de fascista la coordinación entre individuos para dejar de comprarle a alguien por razones políticas me parece equivocado. Ahí veo un ejercicio legítimo de las libertades individuales.
Con De la Calle tengo diferencias ideológicas, pero también coincidencias. En 2018 lo invitamos, junto a otros liderazgos con los que impulsamos El País Primero, a una convergencia en favor del Acuerdo de Paz desde la primera vuelta para impedir el triunfo de la extrema derecha.
Como me sorprendió un calificativo tan extremo, decidí leer la columna que referenciaba en su trino y responder con estas líneas para ofrecer una mirada distinta sobre un asunto fundamental.
El columnista define como fascista a cualquier movimiento que promueva el caudillismo y rechace la legalidad, el pluralismo y la división de poderes. La lista de ejemplos es tan amplia que es inevitable pensar que en ella cabe casi cualquiera que le disguste. Salvo, curiosamente, algún liderazgo colombiano de derechas. Luego afirma que el verdadero antagonismo es entre la democracia liberal genuina y los autoritarismos que usan el populismo, sean de izquierda o de derecha.
Frente a esto tengo dos argumentos.
Primero: si aplicamos su definición a nuestra historia graduamos de fascistas a experiencias evidentemente democráticas. ¿Fueron fascistas Alfonso López y Carlos Lleras cuando impulsaron la movilización obrera y la organización campesina para abrirle paso a la modernidad democrática? Seguro en su momento algunos pusieron el grito en el cielo contra el “autoritarismo” y cometieron una injusticia, como la que comete De la Calle hoy contra el presidente Petro. Entonces y ahora se trata de esfuerzos democratizadores que articulan reformas con movilización social desde abajo.
¿Hay riesgos? ¡Claro! Para eso están las instituciones. Pero si no se asumen esas tensiones, vaciamos la democracia de sus posibilidades redistributivas, convirtiéndola en un cascarón lleno de “igualdades ante la ley” en medio de desigualdades abismales e insoportables. Si no hubiera habido presiones “populistas” que desafiaran lo que las élites concebían como democracia genuina, no existirían ni el sufragio universal ni los derechos sociales.
Segundo: hablar de fascismo es útil, pero no para etiquetar de esa manera a cualquier sistema iliberal. Sí lo es para analizar dinámicas comunes entre las derechas radicalizadas de la Europa de entreguerras y las de hoy. Destaco una:
Una defensa absolutista de la propiedad privada y la libertad de empresa, acompañada de una inclinación a la violencia política, que usa el nacionalismo y el racismo para convertir a sectores empobrecidos en chivos expiatorios. Esos sectores se vuelven la válvula de escape de un malestar producido por un capitalismo que se resiste a las regulaciones democráticas.
¿Ven algo de esto en Colombia? Yo sí.
Paloma Valencia propuso en 2025 privar de comida y agua a comunidades indígenas que persistan en sus protestas. Abelardo de la Espriella llamó a “destripar” adversarios y luego a una “contrarrevolución política”, concepto aterradoramente preciso que ha sido usado desde hace más de un siglo para referirse al fascismo. Se trata de declaraciones de un nivel de visceralidad y violencia que no se borran con inclusiones cosméticas carentes de cualquier credibilidad.
Esas son las derechas autoritarias que enfrentamos desde el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida. A ese radicalismo, Iván Cepeda y Aída Quilcué le oponen el llamado a un Acuerdo Nacional con todas las fuerzas vivas de la nación, pero sin repetir las exclusiones e injusticias a las que han sido sometidos los sectores populares de nuestro país.
